Una ley que no debe ni dictaminarse: la de Salud Mental

A todos nos agarró desprevenidos: el 20 de julio, sin decir agua va, sin tener parlamento abierto, sin consulta a organizaciones especializadas en discapacidad, apareció en la Gaceta Parlamentaria del Senado que en este periodo extraordinario del próximo 29 de julio votarían una Ley General de Salud Mental.

Usted podría decir, querido lector, lectora: pues qué bueno porque se necesita atender la salud mental, es prioritaria, y mucho más por el COVID-19. Es verdad. Se sabe -ya lo ha alertado la misma Organización Mundial de la Salud- que ante tantas pérdidas y duelos que trajo y sigue trayendo esta pandemia vendrá una “cuarta ola” donde habrá repunte de temas de salud mental. Qué bueno porque sin duda que se necesitan cambios en el sector psiquiátrico en el país donde se documentan abusos y violaciones graves a derechos humanos de manera cotidiana en hospitales psiquiátricos (que además son un hoyo negro de información). Qué bueno porque el mayor número de personas con discapacidad en el mundo son las personas que viven con depresión.

Pero no. Es una pésima noticia.

El problema es la iniciativa que presentó en noviembre pasado la senadora zacatecana del PT, Geovanna Bañuelos. Tras leerla me parece inaudito que alguien que, como ella, quien se dice preocupada por el tema (y le creo) haya presentado un documento tan… ay, cómo lo digo sin ser ofensiva porque no es mi intención… pues tan chafa y mal documentado, la verdad.

¿Qué propone esta iniciativa que debe preocuparnos a todos?

Doy sólo cuatro argumentos, porque si no se me va la columna sólo en nombrar los errores de una iniciativa que no debería ni dictaminarse, sino mandarse de inmediato a la congeladora que, de existir físicamente, sería del tamaño de la Antártica sin cambio climático:

1. Desconoce a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con derecho a tomar decisiones. Autoriza al personal médico a imponer tratamientos, incluso el internamiento involuntario.
2. No prevé lo que debería y es el enfoque que se está dando en el mundo (y al que nos obliga nuestro marco legal): apoyo comunitario desde un enfoque de empatía y respeto. Tampoco mecanismos que empoderen a las personas con discapacidad psicosocial para que recuperen su sentimiento de valía personal.
3. ¡Justifica la institucionalización de niñas, niños y adolescentes lo cual los pone en un grave riesgo! (Además hasta dice “menores”, lo cual es un concepto anterior a la Convención sobre los derechos de la Infancia que ya tiene, ‘sólo’ dos décadas y media de ratificada).
4. Fue hecha sin consulta a personas con discapacidad y sus organizaciones. Por esto ya se han declarado inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación varias leyes, como la de personas con síndrome de Down en la Ciudad de México. También por no tener el enfoque adecuado, basado en derechos humanos, que marca claramente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (instrumento que, de nuevo, ya tiene 12 años de que la ratificó el Senado pero que no era ni citada en el primer borrador).

Me sorprende que una iniciativa así, que resultaría perjudicial para uno de los grupos más vulnerables y estigmatizados como son las personas con discapacidad psicosocial, se esté pretendiendo legislar de manera poco responsable, al vapor, en fast track.

Si es que hay una genuina preocupación por las personas que tienen una condición de salud mental no pueden hacer esta ley sin escucharlas a ellas y a sus organizaciones.

También me preocupa que haya sido una senadora del PT quien la haya presentado. ¡Ellos, que tanto han apoyado iniciativas a favor de las personas con discapacidad desde hace tiempo y que incluso tienen Centros de Desarrollo infantil inclusivos! ¿Lo sabrá Alberto Anaya; qué pensará de ello?

La única manera responsable de salir de este embrollo, sugiero respetuosamente, es retirar esta iniciativa y hacer otra. Es una muy mala idea hacer una ley “especial” por discapacidad. Lo que sí debería ser es un capítulo actualizado dentro de la Ley General de Salud. Eso sí es muy necesario y urge.

Si esta ley pasa, en breve, lo que harán -sin querer queriendo- es promover que se violen derechos humanos y desconociendo Convenciones (que forman parte del Artículo 1o. de nuestra Constitución). Abriendo la puerta, también, a una posible acción de inconstitucionalidad.

A raíz de la alerta, diversas organizaciones que trabajan el tema de discapacidad psicosocial -tanto de la parte académica como personas que viven con esta discapacidad- se han reunido desde el viernes y el sábado con senadores, senadoras -y sus grupos de asesores- de distintos partidos (PAN, PRI, PT, MC), lo cual se agradece. Para este lunes 27 de julio se anunció una reunión con Miguel Ángel Mancera, del PRD. Emilio Álvarez Icaza ha sido una pieza importante para hacer entender a sus pares la gravedad de esta iniciativa.

El mismo Ricardo Monreal prometió, el viernes, escuchar a la sociedad civi sin simulación y nombró a Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la comisión de Salud (y que quiere ser gobernador de Nayarit) como interlocutor por parte de Morena (aunque también Malú Micher, por ejemplo, se unió a una conversación y fue empática).

La que no ha dado la cara -más que un video de su cuenta de Twitter- es, extrañamente, la misma senadora promovente: Geovanna Bañuelos. Ella, de quien todo mundo habla bien, sólo manda a sus asesores a explicar lo que quiso decir en un documento que ella firmó y a escuchar.

Ojalá los senadores rectifiquen y retiren de plano esta iniciativa.

Pero también que, ya aprovechando el interés, sí se haga un nuevo capítulo sobre Salud Mental dentro de la Ley General de Salud. Se necesita una reforma estructural al modelo de salud mental en México, con el consenso de todas las partes y sin intentar parchar un documento que convence a pocas personas.

@kdartigues