blogeditor · 10 de agosto de 2016
Por más de dos décadas he puesto atención permanente al decir y el quehacer de las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia. Por igual fijo la mirada en su discurso público y lejos de las cámaras y los micrófonos. Recojo los mensajes y las conductas de los responsables políticos de esas instituciones y de sus operadores. Jamás como ahora había acumulado tantos relatos desde ahí que a la vez reconocen la expansión del crimen organizado y, al menos bajo las actuales circunstancias, confiesan la impotencia siquiera para contenerlo. Dos realidades: la oficial y la no oficial. Una donde están los discursos político y normativo diseñados para enseñar que el Estado mexicano tiene con qué y de hecho logra contener al crimen organizado, y otra donde sus operadores enfrentan y reconocen los límites ante el poder de las organizaciones delictivas. El resultado es que nuestro país no cuenta con una historia oficial pública siquiera aproximada sobre las dimensiones del fenómeno.
Más allá de versiones oficiales, el crimen organizado se ha colocado en la narrativa nacional como parte de lo que es el país. Desde múltiples fuentes independientes (académicos, periodistas, líderes sociales y víctimas) fluye información que día a día crea y recrea un imaginario colectivo que produce dos lecturas: una experta circunscrita a un reducido foro, y otra desinformada y masiva que a veces mira el fenómeno en abstracto (“los malos”) y a veces le pone cara (piense en el líder criminal que quiera). Al final del día la narrativa hegemónica reduce el tema a una versión lejana a su verdadera dimensión y complejidad. No es el puñado de malos del que hablaba por ejemplo el secretario de seguridad pública federal del gobierno de Felipe Calderón y tampoco se trata del listado de líderes criminales a los que se debe apresar del que habla la administración del presidente Peña. Esas versiones más bien nublan la vista y son funcionales a estrategias políticas determinadas. Como lo es la asociación artificial y reduccionista del fenómeno al ámbito del narcotráfico.
Cambiemos el lente. Pongamos los discursos político y jurídico a un lado y mejor partamos por entender que el crimen organizado, es decir, la reunión permanente de personas que viven de cometer delitos es, antes que nada, precisamente, una forma de vida.
Nada nuevo, dirán algunos. Tal vez, pero si el Estado mexicano se aproximara al fenómeno auténticamente comenzando por entenderlo como una opción de vida, entonces debería abordarlo desde su complejidad, incluyendo todos los factores que convergen en la decisión que personas y grupos adoptan para engrosar las filas del trabajo delictivo. Esto implicaría trascender las narrativas que colocan al crimen organizado en una suerte de comportamiento enfermo a cargo de inadaptados que viven al margen de las institucionales y de la sociedad.
Desmontar la narrativa dominante del crimen organizado, por cierto reproducida desde todos los colores políticos en los gobiernos, permitiría aproximarnos a un hecho a mi parecer incontrovertible: por más que nos cueste entenderlo y aceptarlo, las organizaciones delictivas hoy se entreveran en los tejidos institucionales y sociales de todo tipo y en ellas emergen planos valorativos no convencionales, donde el beneficio aportado por el quehacer delictivo justifica cualquier medio, incluyendo la violencia. La reproducción depredadora del crimen organizado enseña en sí misma la inútil dicotomía maniquea de un mundo dividido entre “el bien y el mal”.
Si se quiere, véase así: el país no es un paciente con un tumor que se debe extirpar; es más bien un enfermo con metástasis incontrolables e inabarcables. No por otra cosa, muchos de los operadores institucionales con los que hablo confiesan su absoluta impotencia, similar a la que repiten las víctimas que una y mil veces se quedan en el desamparo, justamente ante instituciones que no pueden protegerse ni ellas mismas. La noticia es, si se puede, mucho peor, porque esa metástasis en ocasiones carga violencia de extremos antes no conocidos, según me confirman ambas partes, autoridades y víctimas.
No parece difícil entender que ningún proyecto democrático de gobierno actual o futuro puede evadir la reconstrucción en la aproximación del Estado hacia al fenómeno del crimen organizado. Ninguna retórica de la modernidad y de los derechos humanos se anclará en la convivencia en este país mientras el crimen organizado continúe su propagación como una forma de vida. ¿O alguien cree lo contrario?