Una fiscalía a modo

Por: Ricardo Peralta

En días pasados en el agraviado estado de Veracruz, la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso solicitó al pleno de diputados el retiro del punto VI de la orden del día, el cual contenía el dictamen para el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla como titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Personaje quien hasta la semana pasada fungía como secretario general del mismo Congreso de Veracruz y anterior secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, vinculado con gente muy cercana al cuestionadísimo e impresentable todavía gobernador Javier Duarte.

En materia federal, la historia va así: el 22 de noviembre del 2014, por convocatoria del Senado de la República se inscribieron 33 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, mismos que comparecieron ante comisiones. Se detuvo la designación porque más de la mitad eran funcionarios y ex funcionarios de la PGR, otros abogados litigantes sin ninguna experiencia en el servicio público y se consideró que en general tenían “bajo perfil”. No hubo acuerdo politico.

Hoy existe en la Ley Orgánica de la PGR, aún sin promulgarse la reforma, las facultades ampliadas y el procedimiento mediante el cual debe ser nombrado por el Senado el fiscal anticorrupción; sin embargo, está supeditada la emisión de la convocatoria a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del conjunto de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre ellas la Ley 3 de 3, recién observada y aprobada en sus términos por el Senado y ya ratificada por los diputados en sesión extraordinaria, motivada por el veto que realizó el ejecutivo federal semanas atrás a varias de ellas.

Proponen dos caminos: uno esperar al nombramiento del Fiscal General de la Nación para que éste sea quien nombre al fiscal anticorrupción… o reponer el procedimiento para que sea el Senado quien emita la convocatoria y sea designado por ese órgano legislativo, que es lo legal, deseable y urgente.

Ya se leen en medios de comunicación nombres de los candidatos que podrían ser ungidos por tan relevante nombramiento, sin embargo el proceso debe apegarse a la enorme importancia del tema: la corrupción y la impunidad.

Es un apéndice pendiente para recuperar, por lo menos en esta materia, la confianza de que la voluntad política no quede sólo en leyes, sino en que los operadores del sistema sean a modo de la causa ciudadana, a modo de los que claman justicia contra los impunes, a modo de la moral y la honestidad, a modo de los que no tienen conflicto de intereses, a modo de los que están en contra de que el país siga un camino contrario al del estado de derecho. Se requiere un fiscal a modo del México correcto y no corrupto que anhelamos. No hay más tiempo que perder.

* Ricardo Peralta es catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho UNAM, experto en temas de anticorrupción, lavado de dinero, procuración de justicia y legislativos; filántropo, activista social y promotor de cultura con experiencia laboral en el servicio público y privado.