Una efeméride peculiar. Nos sumamos a la campaña #SeguimosHablando

El 2 de noviembre se celebrará el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Quizá ninguna efeméride, como ésta, me había causado tanta curiosidad antes. Y no es el día, per se, sino la mera razón de su existencia.

Hace siete años, la Organización de las Naciones Unidas publicó una resolución mediante la cual creaban el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Si bien es cierto que la censura a la prensa no era un fenómeno nuevo en 2013, sí es verdad que se cumplían dos décadas de llevar un registro organizado de los homicidios de reporteros a nivel mundial por organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), fundada en 1981 ante las agresiones que sufrían los corresponsales estadounidenses en el resto del mundo.

Desde 1992, el número de periodistas asesinados alrededor del mundo empezó a crecer de la mano de la cantidad de naciones que transitaba de autocracias a regímenes democráticos. Éstos nuevos gobiernos, elegidos por sus habitantes, respaldaban –por diseño– la labor periodística como una columna toral de la transparencia y rendición de cuentas para sus representantes. México no fue la excepción. Con el año 2000 llegó el último paso para consolidar la transición de un gobierno de partido hegemónico a nuestra actual democracia. Y, como en el resto del mundo, tanto el registro de los periodistas asesinados como los propios homicidios empezaron a aumentar.

El 25 de abril de 2012, la periodista y corresponsal en Veracruz Regina Martínez Pérez, publicó una nota en el semanario Proceso sobre la detención de una juez en el municipio de Huatusco. La nota explicaba que la juez había robado 200 mil pesos. Un día después, la periodista publicó la captura de una líder de sicarios después de que ella y su banda intentaran secuestrar a un comandante policiaco. El 27 de abril, Martínez Pérez escribió sobre el homicidio de un líder perredista en la región y al día siguiente, alguien entró a la casa de la periodista. Después de golpearla fuertemente, la mató.

Ese mismo día, 28 de abril, Víctor Manuel Báez Chino, otro reportero de Veracruz, publicó en su página de Facebook que la procuraduría del estado había iniciado “una investigación ministerial para esclarecer la muerte de la periodista”. Además de esas publicaciones en redes sociales, se pueden encontrar pocos trabajos escritos por Báez Chino. Los pocos que quedan están resguardados aquí. Dos meses después del asesinato de Regina, mataron a Víctor también. La mayoría de sus reportajes se esfumaron cuando su página de Reporteros Policiacos desapareció de internet.

Para septiembre de ese mismo año, las Naciones Unidas publicó una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Era relativa a la seguridad de los periodistas, que peligraba alrededor del mundo. Los homicidios de Regina y Víctor no eran casos aislados.

Desde 1992 hasta 2012, en el mundo habían asesinado 1,432 periodistas, según datos del CPJ. Al día de hoy, esa cifra alcanza los 2,053 reporteros asesinados.

Por si no fueran suficientemente graves los asesinatos de Regina y Víctor, había otro factor que empeoraba los casos de sus homicidios: a la fecha, ninguno de los dos se ha resuelto. En México no tenemos un registro centralizado de la cantidad de casos de periodistas asesinados y su último estatus ante la justicia, pero de los intentos que se han hecho por medir la impunidad, hay solamente alrededor de tres casos con asesinos materiales sentenciados frente a más de 100 sin resolver. En este mar de impunidad, los reporteros veracruzanos tampoco estaban solos. De todos los homicidios de periodistas en el mundo, se reporta que únicamente 131 casos se han resuelto desde 2006, lo que hace que la tasa de impunidad para estos crímenes sea del 88%.

Quizá por eso, en su sexagésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución el 18 de diciembre de 2013; un año después de los homicidios de Regina y Víctor y el mismo año que matarían a los reporteros Alberto López Bello (de Oaxaca), Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa (de Coahuila) y Jaime Guadalupe González Domínguez (de Chihuahua). Ese día, la Asamblea General decidió “proclamar el 2 de noviembre Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas”. La fecha serviría, a su vez, para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali.

No sé si una efeméride así puede ser celebrada. Quizá valga más la pena conmemorarla u observarla. Lo indispensable es que no pase desapercibida. Por eso, durante una semana, organizaciones, activistas, investigadores y periodistas nos sumamos a la campaña #SeguimosHablando.

Entre las exigencias presentadas por Propuesta Cívica en el marco de esta campaña hay dos que queremos retomar: i) reconocer el papel que desempeñan los periodistas para la sociedad, y ii) desarrollar planes de investigación con perspectiva en libertad de expresión.

Para conocer estos reportajes, así como para conocer datos del contexto donde trabajaron los periodistas, ponemos a la disposición de organizaciones de la sociedad civil, investigadores independientes y público en general el archivo de Defensores de la Democracia que conserva y resguarda el legado de los periodistas asesinados en México.

Desde Defensores de la Democracia seguiremos hablando al descubrir, compartir y reconocer el trabajo que nos dejaron los periodistas asesinados, como herramienta para conocernos como sociedad. Seguiremos hablando al tratar de entender y explicar las particularidades de los contextos locales donde trabajaron. Seguiremos hablando al problematizar la realidad social a la que cada uno de ellos se enfrentó. Pero sobre todo, seguiremos hablando al difundir y replicar sus propios textos, sus palabras, sus voces, sus trabajos. Seguiremos hablando al asegurarnos de que sea el legado de ellas y ellos el que no se pierda, no se ignore y no se olvide.

@DDLD_MX