Un nuevo acuerdo militarista

El pasado lunes 7 de agosto, el presidente López Obrador anunció la emisión de un acuerdo presidencial por el cual ordenaría que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la estructura de la SEDENA. Este cambio implicaría la militarización absoluta de un cuerpo de seguridad que constitucionalmente debería ser civil. Así, con este anuncio el presidente parece empeñarse (una vez más) en hacer crujir los goznes de nuestra endeble institucionalidad democrática. Esta medida es una amenaza en muchos sentidos, en esta colaboración mencionaremos sólo tres.

En primer lugar, militarizar a la GN pone en riesgo, por no decir vulnera, nuestro Estado constitucional de derecho. La tarea de garantizar la seguridad ciudadana debe recaer en cuerpos de seguridad civiles y que respondan a mandos y mecanismos de rendición de cuentas civiles. Asimismo, nuestra Constitución claramente establece que la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser una medida extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada a mandos civiles. En este sentido, no hay forma de conciliar el Acuerdo anunciado por el presidente con los principios constitucionales que rigen la seguridad pública y la participación de las fuerzas armadas en esta tarea. Ubicar a la GN dentro de la SEDENA es normalizar lo que debería ser excepcional

En segundo lugar, completar el proceso de militarización de la GN pone en riesgo los derechos y la integridad de las personas. Desde Fundar y muchas otras organizaciones de la sociedad civil hemos documentado y denunciado desde hace más de una década los efectos devastadores de una política de seguridad basada en el paradigma militar. Por 20 años hemos hecho propuestas para enfrentar la crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos desde un paradigma de seguridad ciudadana, colocando al centro de la política el ejercicio de los derechos de las personas, no obstante, dicha propuestas no han sido escuchadas hasta ahora.

En doce años, la política de seguridad basada en la militarización ha acumulado cientos de miles de personas ejecutadas, más de 100 mil personas desaparecidas, y más de 300 mil desplazadas. Estas no son sólo cifras, cada una de ellas representa una historia de dolor para las víctimas en lo individual y para la sociedad en su conjunto. Los avances que esta administración pudo haber tenido en materia de derechos humanos, se ponen en riesgo con la adopción de una medida que arraiga un modelo de seguridad incompatible con una democracia, ya que según nos dice la historia y la evidencia, generará daños imposibles de reparar en la vida de las personas.

Y finalmente, la militarización de la GN amenaza con profundizar la crisis de violencia. Contrario a lo que dice el presidente, la historia y la evidencia también indican que las fuerzas armadas no son inmunes a la captura de las redes macrocriminales. Casos como el de Ayotzinapa, Coahuila o Tamaulipas demuestran que, aun recibiendo órdenes de no reprimir, el Ejército y la Marina son susceptibles de apartarse de la legalidad e integrarse a las dinámicas regionales del poder criminal, político y económico.

Tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, o se han involucrado en la dinámica de la violencia y se han vuelto parte o causa de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la crisis mexicana es una crisis principalmente de impunidad. Así, consideramos que se necesita un modelo de seguridad que incluya una política criminal de acción contundente de cara a los delitos que han deteriorado profundamente la confianza del pueblo en las instituciones: las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los feminicidios.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos de @FundarMexico.