Un memorial para las personas desaparecidas en Salvatierra

La maestra Lupita Barajas desapareció en Salvatierra el 29 de febrero de 2020, cuando realizaba compras en el centro del municipio. Su desaparición conmocionó y movilizó a Guanajuato entero, especialmente durante los primeros meses.

Tal como la Comisión Nacional de Búsqueda informó a finales de enero de 2021, en Salvatierra se encontraron cerca de 80 osamentas durante la búsqueda generalizada realizada en noviembre de 2020. Lamentablemente, el pasado 19 de febrero, a casi un año de la desaparición de Lupita, sus familiares fueron notificados que fue identificada dentro de estos hallazgos.

Conocí de la desaparición de la maestra Lupita un día después de que ésta sucedió, realicé gestiones con la Secretaría de Gobierno para que diera seguimiento al caso frente a la Fiscalía General de Justicia el Estado (FGJEG). Hay que recordar que todavía no existía la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, ya que ésta fue aprobada hasta mayo de 2020. Es más, todavía la Fiscalía General de Justicia no reclasificaba los cientos de carpetas de investigación iniciados bajo la categoría de persona no localizada, concepto que fue eliminado de dicha legislación, por lo que la Fiscalía está ahora obligada a iniciar las búsquedas de manera inmediata.

Durante la marcha del #8M, mantas con la imagen de Lupita estuvieron presentes en varias ciudades de Guanajuato, así como en la Ciudad de México, donde familiares fueron invitadas al templete para ser oradoras durante el mitin posterior a la marcha. Ese mes, feministas y el gremio docente hicieron pronunciamientos por separado exigiendo justicia. La búsqueda de Lupita fue intermovimiento.

En Salvatierra hace falta un memorial que sea un reconocimiento de la responsabilidad estatal por la desaparición de personas y por la existencia de las fosas clandestinas.

Han pasado varios meses desde que se realizaron los hallazgos, las identificaciones han avanzado a cuentagotas y la sociedad sigue impactada por las macabras implicaciones del asunto. ¿Cómo estas comunidades volverán a confiar en las autoridades?

Mientras las familias de las personas desaparecidas y la sociedad local luchan por la paz y la justicia, columnistas se encargan de reproducir el discurso criminalizante sobre los hallazgos en Salvatierra tanto en medios nacionales como locales, que siendo funcionales al discurso de la guerra contra el narco alimentan una narrativa que estigmatiza a las personas desaparecidas y a sus familias.

Ahora más que nunca, en este contexto de desapariciones generalizadas, es necesario comenzar la discusión sobre el concepto de desaparición forzada de personas, para actualizarlo a la realidad de violencia que estamos viviendo en el país. Además, hay que recordar que en la legislación sobre víctimas se establece la satisfacción como una de las dimensiones de la reparación del daño, lo que en la práctica se ha traducido en algunos casos, como el establecimiento de Memoriales o Monumentos que constituyen un reconocimiento de la responsabilidad estatal en las violaciones a derechos humanos, y un espacio para la memoria colectiva en el que se busca que en casos como los de Salvatierra, estos lamentables hechos no vuelvan a suceder.

Por supuesto que la reparación no puede llegar sin la justicia y sin el derecho a la verdad.

Por eso es importante que se avance en la identificación forense y que se judicialicen las carpetas de investigación de los casos de desaparición. Es inconcebible que el Fiscal siga presumiendo que un porcentaje alto de las personas son localizadas, intentado mantener su juego de palabras que intenta dar la impresión de que resuelve las desapariciones. El desglose de los Registros estatales debería señalar si se refiere a las personas no localizadas (categoría diferente de persona desaparecida) que regresa por su propia cuenta.

La desaparición de la maestra Lupita nos duele a todas y a todos en Guanajuato.

Ya ha sido un caso que ha movilizado a maestras, maestros, feministas y a Colectivos. Ojalá su identificación en una fosa clandestina sirva para movilizar a Guanajuato y que se reconozca la responsabilidad estatal no sólo en la falta de prevención de la desaparición, su posterior falta de plan de búsqueda y de investigación penal, así como las omisiones de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG) que no investiga la falta de diligencia de la Fiscalía.

#justiciaparalamaestralupita

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.