Un fármaco contra la violencia

Las graves consecuencias de la hegemonía de un modelo punitivo hacia las actividades en torno a ciertas sustancias psicoactivas han propiciado que, en Latinoamérica, surjan iniciativas que proponen derogar la prohibición a favor de distintas opciones para regular los fenómenos asociados a este mercado. Para ello, es necesario redefinir lo que entendemos por drogas y las formas en que nos aproximamos a estas.

Tanto la intensa promoción masiva de las drogas legales (por ejemplo, la diversidad de “marcas” en bebidas alcohólicas que ofrecen el mismo producto en diferentes “presentaciones” buscando incentivar el consumo) como el prohibicionismo de las sustancias ilegales (que obstaculiza el acceso informado y con garantías de calidad a las mismas) han tenido efectos negativos en la salud pública. Sostener criterios morales y jurídicos de control, en perjuicio de la ponderación de otras variables ─como las propiedades terapéutico-farmacológicas de algunas sustancias y el contexto sociocultural del acceso a estas─ ha sido fuente de confusión al estudiar las causas y consecuencias de los problemas asociados al tráfico y abuso de drogas.1 No porque una sustancia sea legal es menos dañina, ni por ilegal es absolutamente nociva; el conocimiento de la diversidad de los efectos psicoactivos en cada droga, sus matices y lo razonable del uso son lo primero que se diluye entre la marea de intereses económicos y políticos. En este sentido, es importante homologar la comprensión que tenemos de las sustancias psicoactivas, llámense drogas o medicamentos. Aunque sean productos legales y de uso relativamente cotidiano ─como el café, el tabaco y el alcohol─, la característica en común es que afectan en cualidad y grado diverso al sistema nervioso central. La valoración de múltiples factores, incluyendo quiénes usan las drogas y en qué contextos, aplica por igual a sustancias lícitas e ilícitas: se deben clasificar y regular con objetividad, según sus propiedades y potenciales aplicaciones y riesgos. Clarificar esto nos permitirá desmontar los presupuestos de la prohibición.

¿Cuál es la lógica de mantener una política beligerante para erradicar el uso de ciertas sustancias psicoactivas —pese a los devastadores “daños colaterales”— mientras otros productos análogos son ofertados con diversos grados de regulación?

Hasta ahora, las políticas prohibicionistas no han logrado reducir los daños asociados al abuso de drogas. Al contrario: han deteriorado las circunstancias de vida y el acceso a servicios de salud de las personas farmacodependientes, al colocarlas en situación de persecución penal. Existe un daño social generalizado ─con amplias repercusiones en los sectores vulnerables─ que afecta tanto a usuarios como a no usuarios de drogas ilícitas. En la dinámica prohibicionista se entrecruzan conflictos de seguridad pública y riesgos sanitarios a causa de las mafias que rentabilizan el tráfico ilícito y por la deficiente intervención estatal que ha incentivado la violencia. El enfoque punitivo se ha concentrado en la criminalización y ha generado un descontrol en la producción, el comercio y la calidad de los fármacos. Tales circunstancias han resultado en la proliferación de sustancias adulteradas, en desinformación y en la multiplicación de problemas sanitarios y sociales que van más allá del abuso en el consumo. Así, el prohibicionismo, en tanto biopolítica, ha convertido en actividades patológicas y mortales el uso y la distribución de drogas en sí mismas, sin necesidad de que previamente hayan mediado daños a terceros o irresponsabilidad en el consumo.

Tanto en México como en otros países donde se radicaliza el modelo de represión prohibicionista ha habido retrocesos en la cultura del respeto a los derechos humanos: “la aplicación de medidas que devienen del régimen de control de estupefacientes amplía el espectro de riesgo de infringir tratos crueles, inhumanos, degradantes o incluso actos de tortura contra las personas que optan por consumirlos”. Los riesgos que implica para la salud el uso de drogas prohibidas transitan del potencial desarrollo de un trastorno por abuso a un problema perenne de criminalización y estigma. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, enfatizó la necesidad de implementar reformas que despenalicen de manera efectiva el uso de drogas durante su discurso inaugural en la 26ª cumbre sobre reducción de daños y descriminalización de consumidores de drogas llevada a cabo en Portugal. En dicho país, durante los últimos 20 años, se han aplicado medidas que han probado ser adecuadas para reducir las farmacodependencias, las muertes por sobredosis, la propagación de enfermedades infecciosas y la violencia relacionada al narcotráfico.

En el caso de drogas legales, las gestiones en la historia reciente de Uruguay para la delimitación de los espacios libres de humo de tabaco, así como la implementación de medidas como el alcoholímetro en México, son ejemplos dignos de considerarse como medidas de reducción de daños que han demostrado que se puede regular con éxito el uso de este tipo de sustancias; es decir, es posible establecer medidas encaminadas hacia un progresivo abandono de la prohibición.

Ninguna droga es inocua: son fármacos, en el sentido griego de la palabra: “sustancia que comprende a la vez el remedio y el veneno; no una cosa u otra sino ambas a la vez. Como dijo Paracelso, «sólo la dosis hace de algo un veneno»”.2 En función de las dosis y los contextos de uso, el aprovechamiento de cualquier fármaco implica de manera simultánea cierto coste psicofísico y cierto beneficio. Un enfoque de salud pública y derechos humanos, en lugar de la penalización estatal, permitiría reducir los daños y riesgos frente al escenario de crimen organizado y de violencia que supera la capacidad de los Estados. Actualmente, a partir del mandato de la SCJ, se discute en el Congreso cómo regular la cannabis en nuestro país. La cuestión bioética a tratar es acerca del margen de libertad de las personas para decidir sobre lo que concierne al propio cuerpo en una sociedad democrática. En este sentido, hay que renovar la ética y la estética3 en el estudio y la interpretación de la historia y de los efectos de las sustancias psicoactivas en la especie humana, para crear una pedagogía de las drogas que supere el sometimiento de la guerra y las adicciones en favor de la salud y la autonomía de las personas; subvertir la política ─hasta hoy prohibicionista─ para hacerla eficaz como parte de las acciones contra la injusticia que han generado la persecución y la violencia.

 

* Ricardo Vinicio García Lazo es pasante en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los temas que estudia son Historia y Fenomenología de las drogas y las repercusiones sociales de las políticas de prohibición. Es activista por la reforma en política de drogas en la coalición #RegulaciónPorlaPaz. Realizó el Servicio Social en el Programa Universitario de Bioética (PUB). Angel Alonso Salas es secretario académico del @bioeticaunam y profesor Titular “B” de Tiempo Completo en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

 

Referencias

1 Escohotado, A., Historia general de las drogas (7ª ed.), Alianza, Madrid, 1998.

2 Escohotado, A., Aprendiendo de las drogas: Usos y abusos, prejuicios y desafíos (13ª ed.), Anagrama, Barcelona, 2006.

3 El filósofo Antonio Escohotado recupera y desarrolla, a partir de Platón y Filón de Alejandría, la noción de sobria ebrietas, una actitud de responsabilidad en el uso de drogas como objetos e instrumentos de conocimiento, basados en la mesura y el amor propio, con la conciencia de redescubrir sustancias que se han usado de manera diversa en otras culturas y con la dignidad que implica el continuo aprendizaje. Fericgla, J. M., & Hofmann, A., Los enteógenos y la ciencia: Nuevas aportaciones científicas al estudio de las drogas, Los Libros de la Liebre de Marzo, Barcelona, 1999.