Balance de avances, retrocesos y pendientes del combate a la corrupción en 2020

El 2020 fue un año sumamente complicado por todo lo que la pandemia de COVID-19 implicó en términos de salud, económicos y sociales. Pero otro tema en el que también hubo altibajos fue el del combate a la corrupción. A continuación, algunos de los principales avances, los más preocupantes retrocesos y las tareas que todavía quedan pendientes al finalizar este turbulento año.

Avances

El año comenzó con uno de los más importantes avances en enero, con la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) por parte del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta Política busca ser un plan estratégico de largo plazo y a escala nacional para la prevención y sanción de la corrupción.

Con respecto a la imposición de sanciones, los avances vinieron en el plano de la justicia administrativa. A nivel federal, en el mes de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó la inhabilitación por 10 años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) había impuesto a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. De igual manera, en octubre, el Tribunal validó la multa consistente en 15 años de inhabilitación y multa resarcitoria por 620 millones de pesos al exdirector general de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, por las irregularidades en la compra del Grupo Fertinal.

Otro de los avances más importantes fue la inclusión del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) en el presupuesto de egresos 2021, herramienta impulsada por sociedad civil desde 2016 para monitorear el gasto que se destina al combate a la corrupción a nivel federal.

Retrocesos

En lo que respecta al SNA y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) hubo múltiples retrocesos debido al desinterés sostenido de los gobiernos federal y locales por conformar sus estructuras. Comisiones de Selección (CS) y Comités de Participación Ciudadana (CPC) siguen incompletos y con perfiles no idóneos en todo el país. Por citar un par de ejemplos, en el estado de Nuevo León, la Coalición Anticorrupción ha evidenciado cómo el Poder Legislativo local ha capturado y estancado al sistema al no convocar a los procesos de selección del CS por casi 3 años y postulando candidatos ligados a sus partidos para ocupar las instancias ciudadanas. En el caso de la Ciudad de México, es la única entidad federativa que sigue sin contar con CS, CPC, CC, Secretaría Ejecutiva, ni Fiscal Anticorrupción.

El orden federal no es el mejor ejemplo a seguir, pues el Senado ha detenido el proceso de renovación del CPC, el cual actualmente cuenta solo con 2 de los 5 miembros que debería tener, por lo que corre el riesgo de quedar en la inoperancia por falta de quórum en febrero 2021, cuando su actual presidenta deje el cargo. En lo que respecta a las instituciones que imparten justicia, el Ejecutivo y el Senado siguen sin designar a los magistrados del TFJA. 

Las investigaciones penales federales son otra área donde no ha habido avances sustantivos en los grandes casos de corrupción, como el mundialmente sancionado caso Odebrecht. La captura y extradición de Emilio Lozoya, en el mes de julio, vislumbraba una esperanza de justicia, pero los diversos privilegios que le otorgó la Fiscalía, su acceso al criterio de oportunidad y su arraigo domiciliario, así como la falta de transparencia y publicidad del caso nos dejan más un sabor de preocupante impunidad. Ni que decir del caso del general Salvador Cienfuegos, quien entre tensiones diplomáticas y argumentos de soberanía nacional, regresó a México sin acusaciones. Restan en el tintero los de Rosario Robles, en prisión, pero buscando aferrarse al criterio de oportunidad y colaborar con la Fiscalía; de García Luna y de César Duarte, ambos en espera de su extradición.

Por otro lado, el gobierno ha tomado de pretexto a la pandemia para aumentar el número de adjudicaciones directas y no transparentar el uso de los recursos para atender la emergencia sanitaria. Sin mencionar los insumos médicos y hospitalarios que no están llegando a los enfermos y hospitalizados y que mueren cada día a causa de la corrupción.

Pendientes

Sobre el Sistema Anticorrupción, es tarea pendiente de las entidades federativas crear sus Políticas Estatales Anticorrupción. Actualmente existen 7 entidades que ya cuentan con ellas, 21 están en proceso y 7 no han iniciado su proceso de elaboración todavía.

Por otro lado, es necesario que los estados aceleren su conexión a la Plataforma Digital Nacional a más tardar en mayo de 2021. Dicha Plataforma cuenta actualmente con datos reales de los sistemas de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés; Servidores Públicos que Intervienen en procedimientos de Contratación; Servidores Públicos y Particulares Sancionados; e Información Pública en Contrataciones.

A punto de entrar en los meses más críticos de la pandemia, con la curva de muertos y enfermos en aumento, es fundamental corregir el rumbo y dejar de tomar la pandemia como un pretexto para la opacidad y la discrecionalidad y enfrentarla a la par que se previene y se combate la corrupción.

Finalmente, podemos decir que la principal tarea pendiente es eficientar las investigaciones en contra de los involucrados en los grandes escándalos de corrupción, tanto de sexenios pasados como de la actual administración, así como conformar, de una vez por todas y bajo criterios de idoneidad, las instancias que conforman el SNA. Solo con la imposición de sanciones ejemplares y la correcta estructuración de un Sistema Anticorrupción sólido podremos hablar de un verdadero combate a la corrupción.

* Emiliano Montes de Oca es especialista anticorrupción en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).