Un poco más libres: un año de la despenalización del aborto en Guerrero

El 17 de mayo de 2022 el Congreso del Estado de Guerrero despenalizó el aborto, con lo que eliminó por completo el delito de aborto voluntario para las mujeres y personas gestantes, convirtiéndose en una de las legislaciones más garantes en el país. A partir de eso, las mujeres en Guerrero somos un poco más libres. Este logro representa un paso significativo hacia la justicia social y la autonomía corporal de quienes decidan abortar; no obstante, aún nos encontramos lejos de garantizar plenamente el ejercicio de este derecho reproductivo debido a la complejidad de los contextos en nuestra entidad, lo que limita que el acceso al aborto sea una realidad.

Guerrero es un estado compuesto por ocho regiones, reconocido por su diversidad cultural. Lamentablemente esta diversidad se convierte para muchos en una fuente de conflicto, exclusión y violaciones de derechos. En este contexto, las desigualdades sistémicas juegan un papel determinante en el acceso a los derechos: afectan especialmente a las mujeres racializadas o con ascendencia indígena que viven en zonas rurales o alejadas de las ciudades, ya que se ven privadas de los derechos fundamentales y su dignidad como personas. Además de la discriminación, este entorno está estrechamente vinculado a otras violencias como las uniones forzadas y el abuso sexual, lo que resulta en embarazos no deseados, especialmente en adolescentes e incluso en niñas, y provoca un aumento en el riesgo de muertes maternas, un problema grave en Guerrero que lo coloca en el sexto lugar a nivel nacional en esta lamentable estadística.

Adicionalmente, existe una notable falta de difusión sobre el hecho de que el aborto ya no constituye un delito en el estado. Esta carencia de promoción del aborto como un derecho reproductivo, junto con la escasa información disponible acerca de los hospitales y centros de salud que ofrecen este servicio, conlleva a una situación de incertidumbre y falta de conocimiento entre las mujeres que desean interrumpir su embarazo; crea un panorama confuso y desorientador. Esto implica la negación del ejercicio pleno de su autonomía y las expone a riesgos innecesarios para su salud y su vida, ya que puede orillarlas a la búsqueda de alternativas inseguras.

A aquellas mujeres que tienen conocimiento de la reforma y optan por interrumpir su embarazo, muchas veces les espera un calvario. Se encuentran con actitudes estigmatizantes, discriminatorias y violentas por parte del personal de salud quienes, motivados por prejuicios, infligen daño a sus cuerpos mediante la aplicación de métodos invasivos y procedimientos incorrectos. Les son administradas dosis inadecuadas que resultan ineficaces o se emplean legrados, los cuales han sido considerados obsoletos por la Organización Mundial de la Salud. En última instancia, el proceso de toma de decisiones se convierte en una experiencia de tortura física y psicológica para estas mujeres, sumiendo sus vidas en un estado de angustia y sufrimiento innecesario.

Las mujeres no sólo tienen que lidiar con el temor de enfrentar violencia institucional, sino también con la carga emocional y social de los estigmas. Los prejuicios arraigados en la sociedad hacen que las mujeres sientan la necesidad de ocultar su decisión a sus familiares y seres queridos. El miedo a ser marginadas, juzgadas e incluso expulsadas de sus comunidades es una realidad que muchas mujeres deben enfrentar. Esta penalización social impone un peso adicional sobre ellas, ya que se ven obligadas a guardar silencio y ocultar su situación por temor a ser excluidas o rechazadas por sus propias redes de apoyo.

Con todo lo expuesto, es motivo de preocupación que, hasta la fecha, no exista en Guerrero un protocolo estatal ni una campaña de difusión efectiva sobre el aborto, especialmente considerando que no es un asunto nuevo en la región. En 2020, con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, se establecieron medidas relacionadas con la promoción del servicio de aborto y la creación de un protocolo. En este tenor, es crucial que el Estado asuma plenamente su responsabilidad y tenga un papel activo. Aunque las colectivas y organizaciones sociales hemos desempeñado un papel catalizador en la defensa de los derechos y la promoción de políticas públicas, y nos hemos encargado de acompañar a las mujeres en sus procesos de aborto, esta carga no debería recaer exclusivamente sobre nosotras.

Es imperativo que el Estado tome la iniciativa y se comprometa activamente en la promoción y protección de los derechos reproductivos de las mujeres, asumiendo su papel de liderazgo en este ámbito. Que se implemente la difusión de información sobre las opciones y la atención en servicios de aborto seguro pertinentes para asegurar una comprensión adecuada, en castellano y lenguas originarias (me’phaa, tu’unsavi, náhuatl, ñomndá), que no se limite únicamente a medios digitales o escritos, pues muchas mujeres no hablan español o carecen de habilidades de lectura, y que se promueva una cultura de respeto y empatía, brindando educación y apoyo para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva sin temor a la discriminación.

Asimismo, avanzar hacia la desmedicalización de los procedimientos relacionados con el aborto garantizaría un acceso más amplio y oportuno, con una capacitación adecuada se puede lograr la ampliación de los proveedores de atención, como personas del área de trabajo social, lo que facilitaría la descentralización de los servicios.

Lo anterior debe reflejarse en los protocolos que actualmente se encuentran pendientes y que deben ir más allá de la provisión de servicios, y abordar de manera integral las problemáticas relacionadas con el aborto. Específicamente, es necesario incluir la identificación y atención de casos de uniones forzadas infantiles, abuso sexual y la prevención de muerte materna en menores. Estos aspectos son vitales para asegurar la protección y el bienestar de las mujeres y niñas en situaciones vulnerables.

Para finalizar, es importante reconocer el esfuerzo de todas las mujeres que brindamos acompañamiento y trabajamos incansablemente para lograr este avance. En este primer aniversario decimos: no estás solx, nosotras seguimos acompañando. Y garantizarlo depende del Estado. En Guerrero hay chilate, pozole, mezcal y aborto legal.

* Janiseli Renata González (@janisglz_) Moreno es integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (@redmujeresgro).