Un 10 de mayo sin abrazos

A todas las madres de personas desaparecidas: las abrazo con mi alma hoy, más que nunca.

 

Este 10 de mayo, debido a una pandemia que ha paralizado cada rincón del mundo, muchas madres e hijos no podrán celebrar el día de las madres y, posiblemente, palparán la frustración y la tristeza de no poder estar cerca de sus seres queridos en una fecha tan especial. Tal vez lograrán empatizar con el dolor de miles de madres de desaparecidos que tampoco pueden abrazar a sus hijas e hijos el día de hoy y ningún otro, desde hace meses o incluso años.

Hace justo un año me encontraba bajo el sol ardiente y el calor agobiante del Puerto de Veracruz, acompañando a decenas de madres de personas desaparecidas del Colectivo Solecito de Veracruz, que marcharon para recordar que ellas no tienen nada que celebrar. En las calles, llenas de observadores compasivos, indiferentes y a veces desaprobadores, resonaba el canto de las madres: “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”; “¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están?”, “De Norte a Sur, de Este a Oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”. Al llegar al Monumento a Venustiano Carranza, hicieron un circulo, colocaron velas y fotos en el suelo y nombraron a sus hijos que no están. Escenas similares ocurrían en otras ciudades del país carcomidas por las desapariciones, la Ciudad de México no es la excepción; en el Ángel de la Independencia, madres de todo el país se reunieron para abrazarse y gritar al unísono su intolerable dolor e indignación ante las reiteradas omisiones del Estado.

Con esta herida abierta, las madres se organizan en colectivos, investigan, impulsan leyes y políticas publicas, visitan cárceles, buscan a sus hijos en fosas clandestinas, marchan en fechas simbólicas, entre otras acciones. La angustia y frustración de no saber sobre la suerte y paradero de sus hijos son algunos de los sentimientos que las van consumiendo poco a poco. A lo anterior, se añade la precariedad laboral y económica, intensificada hoy por la cuarentena, pues la mayoría de ellas han perdido su trabajo o lo han tenido que dejar para involucrarse de tiempo completo en su interminable búsqueda. Arrastradas en una carrera frenética, saben que el tiempo es contado. Dormir, descansar, o incluso alimentarse, se convierte en un lujo que ya no se pueden dar. “Estamos muertas en vida” repiten, sin embargo, se mantienen suficientemente vivas para seguir de pie y exigir verdad y justicia.

El Estado Mexicano, en los últimos tres gobiernos, no solamente ha fallado en parar el brote de violencia que ha afectado a todo el país, sino también en atender a sus numerosas víctimas, incluyendo a las familias de las 61,637 personas oficialmente reportadas como desaparecidas. Sus derechos, reconocidos en la Ley General de Víctimas desde el 2013, siguen siendo una quimera. No se esclarecen los hechos y se castiga a los responsables, tampoco se garantizan los derechos más básicos de las víctimas, como lo es el derecho a la salud.

Quienes acompañamos a familiares de personas desaparecidas, vemos aumentar con preocupación el número de madres y padres que, a raíz de la desaparición de sus hijos, desarrollan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o cáncer. Sin recursos para atenderse, inician un interminable y desgastante recorrido por el laberinto burocrático, diseñado por las comisiones de atención a víctimas: elefantes blancos con limitado presupuesto y poca capacidad de coordinación con las instituciones del sector salud. Nuevamente defraudadas por el Estado y cansadas de esperar, estas víctimas terminan recolectando dinero con personas solidarias o adquiriendo deudas para cubrir sus gastos médicos. Otras simplemente no se atienden y siguen buscando a su familiar mientras los efectos de la enfermedad menguan sus últimas fuerzas.

Rosa María Méndez Carillo, María Hernández García, Elena Ángel Lugus, Martha Flores, Evangelina Arreola, María de Enrique Martínez Gamboa, Ana María de Guzmán, Justina Morales, María Norma Muñoz Flores, María Estefanía Ríos Feliciano, Yolanda Rivera Treviño…. Cada año, se extiende la lista de madres que, tras una larga agonía de no saber sobre el paradero o suerte de sus hijos y abandonadas por el Estado, dan su último suspiro. La muerte prematura de estas madres asediadas por el dolor es para mí la cima de la atrocidad que representa la impunidad. Con enfermedades crónicas o no, urge atender a todas estas madres.

Pese a que el número de víctimas de la incidencia delictiva en México es mucho mayor que al de las del coronavirus, el nivel de reacción del Estado mexicano para proteger a las víctimas y potenciales víctimas de ambas crisis es simplemente abismal.

La actuación del gobierno federal ante la pandemia de la COVID-19, aunque perfectible, no tiene precedentes e incluso resulta alentadora al imaginar lo qué podría suceder si quienes conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas tuvieran un desempeño similar. En efecto, podemos observar el liderazgo de un funcionario público altamente conocedor del tema, así como un sorprendente esfuerzo de coordinación de las instituciones públicas a nivel federal y estatal, quienes impulsan políticas públicas basadas en la evidencia, con un enfoque de derechos humanos y aplicando principios de igualdad y no discriminación, universalidad, transparencia, transversalidad, e intersectorialidad. La movilización de medios tecnológicos, el ejercicio continuo de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones del sector salud, así como el esfuerzo pedagógico con la población son algunos de los elementos que considero destacables.

La voluntad política, aunada al esfuerzo de ciudadanos informados, parecen ser ingredientes clave de la vacuna contra esta crisis sanitaria y, sin duda, de muchas otras. Si algo debemos aprender de esta pandemia es que la polarización política no contribuye a superar las crisis, muchos menos las crisis humanitarias.

¿Regresaremos a nuestra tan añorada normalidad viciada por la injusticia, la desigualdad y la apatía social o despertaremos del letargo en el que nos encontramos muchas y muchos ciudadanos? Personalmente, creo que es tiempo de exigir al gobierno que prometió una transformación atender con el mismo vigor y liderazgo a las víctimas de una verdadera epidemia que debilita a nuestro país: la violencia. Y, como en el caso de cualquier epidemia, se requiere atender primero a quienes la padecen, por ejemplo las madres de personas desaparecidas. El tiempo apremia.

* Jérémy Renaux (@jeremy_renaux) es defensor de derechos humanos y subdirector de IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C (@idheasdh), que lanza este domingo la campaña #DeVíctimasaDefensoras como reconocimiento a la valiosa labor realizada por las mujeres familiares de personas desaparecidas.