La nueva cara de la guerra contra las drogas y el poder sin límites

Por Isaías Pablo Tolentino

Estados Unidos está profundizando una forma de entender los fenómenos delictivos transnacionales desde una lógica que legitima el uso de la fuerza frente a quienes son identificados como enemigos. Al mismo tiempo está procurando que no existan mecanismos que les puedan poner límites o cuestionar sus acciones.

Esta forma de construir enemigos ya la conocemos. A lo largo de muchas décadas, las drogas han funcionado como el pretexto perfecto para establecer, desde la moralidad, la política y el derecho, etiquetas sobre aquello que es deseable y aquello que no lo es. Hoy, las nuevas estrategias y el creciente tono belicista del discurso no suponen el abandono del sistema de prohibición, sino su fortalecimiento mediante nuevas formas de justificar, ampliar y ejercer sus mecanismos de control.

Y mientras esas lógicas continúan produciendo consecuencias negativas sobre las personas, los mecanismos internacionales de protección de derechos que durante décadas se han construido para contener el ejercicio arbitrario del poder están perdiendo fuerza, son ignorados o son directamente asediados por narrativas que justifican la violencia de Estado mediante la simplificación de fenómenos delictivos complejos. Y una vez que alguien ha sido colocado del lado de “los malos”, pareciera que ya no es necesario preguntarse quién es, qué hizo realmente, cuáles fueron sus condiciones, contextos o qué límites deben imponerse al poder del Estado. Y sin embargo responder estas preguntas es precisamente lo que permite reconstruir la verdad sobre lo ocurrido y construir garantías de no repetición.

Es en esta lógica donde quiero detenerme a reflexionar qué más hay y qué implica la búsqueda de Estados Unidos por deshabilitar a la Corte Penal Internacional. Sin duda hay muchas críticas que hacer a la CPI, a sus límites, a su alcance y a la forma en que ha ejercido su jurisdicción. Pero, con todo ello, la CPI forma parte de un proyecto internacional que, después de décadas de guerras, dictaduras y graves violaciones a los derechos humanos, buscó colocar a las personas en el centro de la protección y establecer que incluso el poder estatal debe encontrar límites.¹

Lo preocupante es el mensaje que se envía y legitima

Por eso ese intento de deshabilitar a la Corte tanto en su existencia como en su capacidad para juzgar crímenes de lesa humanidad importa mucho más allá de la institución. Es sabido que Estados Unidos puede cuestionar e incluso ignorar estos mecanismos, y particularmente Estados Unidos, que históricamente ha rechazado formar parte de buena parte de la arquitectura internacional de protección de los derechos humanos. En esto no hay nada de nuevo. Lo preocupante es el mensaje que se está enviando y legitimando particularmente para países de nuestra región.

Lo primero es que Estados Unidos ha dejado claro que protegerá a sus militares, sus decisiones y las ejecuciones extrajudiciales que están llevando a cabo.² Los asesinatos de las personas relacionadas con drogas, presumiblemente relacionadas o incluso sin relación alguna, pueden quedar al total arbitrio de quien asume la capacidad de nombrarles como el enemigo. Lo que parece importar es el carácter espectacular de los bombardeos y la exhibición de la fuerza, no la existencia de indicadores claros, justificaciones suficientes o explicaciones sobre las vidas que quedan del otro lado. Desde esta mirada, las víctimas no son tales porque primero pasaron bajo la lente del poder que las deshumanizó para hacer aceptable su eliminación. Quién sabe hasta dónde puede escalar esta narrativa y cuántas personas más serán asesinadas en nombre de una nueva versión, todavía más belicista, del sistema de prohibición de drogas.

La otra preocupación es el mensaje para los nuevos aliados leales y complacientes de Trump. Que ignorar la responsabilidad internacional y los mecanismos de protección de derechos puede hacerse sin asumir prácticamente ningún costo siempre que se esté del lado del que tiene el poder. La construcción del llamado Escudo de las Américas, que por momentos se veía con gracia y hasta como el club de Toby de Trump, ha adquirido una relevancia que tendría que analizarse con mayor cautela. No solo por lo que Estados Unidos pretende hacer, sino por las presiones que puede ejercer sobre los países de la región y por la disposición que algunos gobiernos pueden mostrar para replicar sus narrativas y estrategias. La mano dura contra el tráfico de drogas puede volver a ser la puerta de entrada para estrategias de mayor violencia, operaciones letales e incluso bombardeos dentro de nuestros territorios.³

Las consecuencias en nuestra región

Nuestra región tiene una historia marcada por ejecuciones, desapariciones, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad. Precisamente por eso, América Latina ha sido parte fundamental de la construcción de una estructura universal de protección de los derechos humanos. Que hoy existan ataques a la CPI es apenas un pretexto para seguir cuestionando y reflexionando desde nuestra región qué queda cuando quienes tienen mayor capacidad para ejercer violencia también buscan deshacerse de los mecanismos que pueden cuestionarlos.

Ya estamos viendo las consecuencias de esta narrativa en nuestra región. Si este embate continúa y los mecanismos de rendición de cuentas siguen siendo debilitados o abandonados, también se reducirá la posibilidad de que existan consecuencias frente a los crímenes de Estado que puedan cometer quienes se han mostrado dispuestos a replicar estas prácticas. Bajo una nueva versión de la guerra contra las drogas, las consecuencias las pagarán las personas a quienes primero se les quitó la presunción de inocencia y finalmente, la humanidad.

*Isaias Pablo Tolentino es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en Elementa DDHH México.

Referencias:

¹La CPI actualmente lleva un proceso penal en contra del expresidente filipino Rodrigo Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de su “guerra contra las drogas”.

²Al menos 230 personas han sido asesinadas por bombardeos del ejército estadounidense a embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

³Al momento de escribir esta columna ya se habían confirmado tres bombardeos por parte de la nueva presidencia de De La Espriella en Colombia, dejando al menos 26 personas muertas incluidos cuatro adolescentes.

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