blogeditor · 17 de mayo de 2020
El ascenso en las preferencias electorales del virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, y la profunda crisis económica que ya se comienza a sentir tras el paso del Covid19 en este país, pueden traducirse en noticias relevantes para la justicia en México.
Mientras buena parte de las actividades económicas tuvieron parones históricos, en el Departamento de Justicia siguieron engrosando expedientes incluso en estas horas fatales. A nivel federal el mensaje es que el habitante de la Casa Blanca se halla urgido de triunfos qué presumir al indeciso sector del electorado que en noviembre decidirá si lo reelige o finaliza su mandato.
Una de esas arenas que ni la pandemia pudo detener son las cortes como aquella donde se juzgó y sentenció a ese que la justicia norteamericana infló hasta convertir en “enemigo público número 1” y “criminal más buscado del mundo”: el sinaloense Joaquín Archibaldo Guzmán Loera.
Ese mediático juicio del Chapo que atrajo la atención del mundo entero y que, tanto el 12 de febrero del 2019, día que fue hallado culpable, como el 17 de julio del mismo año cuando se le condenó a cadena perpetua, fueron vistos como un triunfo de la justicia norteamericana. Al menos así lo presumió el presidente Donald Trump, quien celebró que “los fiscales del distrito este hicieron un trabajo increíble, mucha gente hizo un gran trabajo con eso”, minutos después de que al elusivo Chapo se le cerraran los caminos.
Al beneplácito manifestado por Trump en febrero se sumó el del Departamento de Justicia que en noviembre pasado otorgó al equipo dirigido por el fiscal Richard Donahue, y la también fiscal de origen argentino Andrea Goldbarg, el más alto honor en los reconocimientos que esa institución entrega cada año y todo por su papel al juzgar al Chapo. De ese tamaño se valoró en Estados Unidos al llamado “Juicio del Siglo” que en México tuvo igualmente altas repercusiones. Así que mientras con sus abogados Trump atiende algunas de las muchas denuncias en su contra, en otra sala revisa los casos en los que se ven involucrados “bad hombres”, sobre todo esos que introducen cada año toneladas de cocaína y otras sustancias a los Estados Unidos. Y ordena ir a fondo en donde se pueda.
Con esa motivación, la misma camarilla premiada usó los testimonios y otras pruebas ya usadas para abrir una investigación que llevara a la captura de Genaro García Luna, el súper policía mexicano que las mismas agencias de seguridad estadounidense habían entrenado. No está claro si a la investigación contra García Luna la detonó el testimonio de Jesús “El Rey” Zambada, quien el 20 de noviembre del 2018 al inicio del Juicio del Siglo y a pregunta expresa del abogado del Chapo, William Purpura, profirió con muchos trabajos aquello de que le había dado primero 3 y luego 5 millones de dólares a García Luna en sendas maletas durante una reunión en un restaurante de lujo. Y no está claro si ahí inició todo, ya que las agencias de seguridad norteamericanas sabían desde antes sobre los presuntos sobornos que miembros del crimen organizado dieron a García Luna.
Uno puede inferir lo anterior al saber que, tras de ser extraditado a Estados Unidos en febrero del 2012, Jesús “El Rey” Zambada se reunió al menos cincuenta veces con agentes de la DEA y del FBI, la última de ellas en febrero del 2016. En ese medio centenar de citas el hermano del Mayo Zambada les contó vida y obra que quedó plasmada en las transcripciones que revisaron los abogados de Guzmán Loera para, ya en el juicio, intentar desestabilizar a ese testigo protegido que había soltado la sopa a los agentes. Así que al menos desde el 2014 la justicia norteamericana ya sabía de “las andanzas” de García Luna (dice la exembajadora Roberta Jacobson que desde mucho antes), pero no fue hasta el 2019 que decidieron actuar.
Como testigo de ese tan célebre juicio, me quedé con la impresión que, desde antes de arrancar, el Chapo Guzmán ya se sabía perdido. Por lo que su plan se centraría en apuñalar a unos cuantos funcionarios que se vieron favorecidos con sus sobornos pero que, desde su óptica, además lo habían traicionado. Temeraria acción parecida al morir-matando de los toreros bravos que dejar ir la espada hasta el fondo sabiendo que la punta de un cuerno les puede destrozar las entrañas. Esa herencia que, acepto, no deja de ser simple sospecha mía, tomó forma luego que la opinión pública conocimos una lista de funcionarios, policías y militares que a punta de billetazos allanaron el camino del Chapo al pico de la pirámide criminal.
Si Guzmán Loera lo calculó así, pues ya se puede sentir satisfecho con el proceso que el mismo equipo que lo juzgó le abrió a García Luna, cuyo caso se complica cada vez más. Y aquí se abre otra duda de las decenas que alimentan esta historia: ¿El Chapo fue uno de los que señaló a García Luna? ¿Lo invitarán como testigo en un eventual juicio contra el exfuncionario?
Por cierto, a esos que en México suponen que la acusación contra el exfuncionario se halla sustentada “sólo” en testimonios de testigos protegidos como el “Rey” Zambada, la fiscalía les respondió el pasado 16 de febrero en la audiencia donde enviaron al abogado de García Luna, Cesar De Castro, un paquete con la “descripción de evidencia como documentos, videos y fotografías relacionados con incautaciones de drogas, armas y dinero”, así como “comunicaciones interceptadas y grabadas” e “información descargada de los dispositivos electrónicos” del acusado. De Castro recibió también pruebas financieras por las que se sospecha que el exsecretario de Seguridad Pública manejaba más recursos de lo que le permitía su condición de funcionario público en México, y registros de inmigración en los que se fundamenta el cargo 4 en su acusación, el de mentir a una autoridad migratoria.
A esas pruebas financieras se suman las recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mexicana, a cargo de Santiago Nieto, quien esta semana envió un nuevo paquete a los fiscales de la Corte Federal del distrito este de Nueva York. Dicha colaboración, por cierto, tritura el argumento de quienes acusan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido poco que ver con el proceso a García Luna, y lamentan que solamente se haya beneficiado para fortalecer su proyecto de la 4T.
Los fiscales esperan echarle más rocas al saco de acusaciones contra García Luna con lo que pueda aportar Iván Reyes Arzate, aquel colaborador suyo en la Secretaria de Seguridad Pública y que a unas horas de ser liberado luego de purgar una pena de tres años por haber protegido a la organización El Seguimiento 39, asociada a los Beltrán Leyva, fue detenido con nuevos cargos. Pues resulta que los fiscales de pronto le vieron cara de soplón: “Confiamos en que Reyes Arzate nos proporcione información de los supuestos sobornos que los hermanos Beltrán Leyva dieron a García Luna”, dijo el fiscal Ryan Harris en una audiencia el 24 de enero.
Con Trump urgido de golpes mediáticos, más un presidente mexicano y un fiscal hacendario colaborando con todo con la justicia norteamericana, no sería raro que muy pronto otros personajes, como Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y brazo derecho de García Luna, acompañen a éste en su aventura penitenciaria. Por lo pronto el mismo Santiago Nieto dijo que ya habían denunciado ante la FGR a Cárdenas Palomino, sobre el que seguro ya tiene información los de la fiscalía acá en Brookyln, Nueva York.
¿Tendrán que ver los deseos de Trump en que se haya reavivado el caso de la FIFA y emitido nuevas acusaciones contra exfuncionarios corruptos de esa organización futbolístico-criminal? ¿O el proceso —bajo el entendido de comandar una organización narcoterrorista—, que le abrieron al presidente venezolano Nicolas Maduro?
De un Donald Trump herido podemos esperar cualquier cosa.