Tribunal Electoral incompleto: gane ahora y pierda después
Redacción Animal Político · 24 de abril de 2024
La falta de integración plena de la Sala Superior del Tribunal Electoral es un golpe directo a la integridad democrática de México. Más allá de los nombramientos pendientes, esta carencia resuena en la legitimidad de los resultados electorales de 2024 y trasciende en su impacto. Podría incluso socavar la legitimidad democrática de aquellos que se alcen como ganadores.
La Sala Superior del Tribunal Electoral se compone de siete Magistraturas Electorales, cuyos titulares son seleccionados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, de entre las ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ausencia de dos designaciones podría conllevar varios efectos tanto en el funcionamiento de dicho Tribunal como en su capacidad para cumplir con sus deberes constitucionales y legales. Mencionaré cuatro de ellos:
Retrasos en la toma de decisiones. La Sala Superior podría enfrentar dificultades para reunir el quórum necesario para deliberar y decidir. La ausencia de dos magistraturas, junto a cualquier eventualidad adicional (enfermedad, conflicto de interés u otra razón), podría frustrar la conformación del quórum y, por ende, impedir sesionar y emitir resoluciones. Esto cobra especial relevancia dado que el Tribunal Electoral debe resolver con prontitud las impugnaciones y recursos que surjan, especialmente en periodos electorales. Por ejemplo: para la declaración de validez de la elección presidencial, o para declarar la nulidad de la elección, la Sala Superior debe sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.
Afectación en la operatividad. La falta de nombramientos de magistrados repercute en la distribución de la carga de trabajo y podría mermar la eficiencia en la resolución de casos. Esto podría derivar en dilaciones en decisiones jurídicas cruciales, afectando potencialmente la certeza y legalidad de los procesos electorales. Además, quienes ocupan los cargos podrían enfrentarse a una presión añadida y una carga laboral incrementada debido a la ausencia de colegas. Esto no solo ralentiza la gestión de casos, sino que también compromete la calidad de las deliberaciones y decisiones, dado que cada magistrado dispone de menos tiempo para analizar exhaustivamente cada caso.
Impacto en la legitimidad. La falta de una composición completa en la Sala Superior podría suscitar dudas sobre la legitimidad de sus fallos, en especial si se percibe que la carencia de designaciones responde a intereses políticos. Esto podría minar la confianza pública en la institución. Si el Senado no procede con los nombramientos, podría generarse la percepción de injerencias políticas en la integración del Tribunal. Esta situación podría arrojar incertidumbre sobre la imparcialidad de sus decisiones, especialmente si las cuestiones pendientes tienen implicaciones políticas sustanciales. Esta demora en las designaciones podría interpretarse como un intento de manipular los resultados judiciales, especialmente en un contexto políticamente sensible y polarizado, como el actual proceso electivo.
Presiones políticas y legales. La ausencia de magistrados podría generar presiones de índole política y legal para resolver la situación, incluso derivar en la intervención de otros órganos estatales. Con un número reducido de magistraturas, cada voto adquiere una relevancia mayor, incrementando el riesgo de que las decisiones judiciales sean percibidas como parciales o influenciadas por minorías que controlan el proceso de designación. Imaginemos el alcance amplificado de estas presiones en un contexto de elecciones con resultados ajustados.
Atribuciones clave de la Sala Superior
La Sala Superior desempeña un papel crucial en la validación de los resultados electorales en México. Este proceso incluye la recepción de los resultados electorales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), seguido de un período en el que los partidos políticos pueden impugnar si consideran que hubo irregularidades. La Sala Superior revisa estas impugnaciones y resuelve juicios de inconformidad para garantizar la legalidad del proceso electoral y, si concluye que la elección fue válida, emite una declaración de presidencia electa que se debe notificar a la Camara de Diputados para la emisión del Bando Solemne.
¿Realizará la Sala Superior todo esto sin una integración completa y con incertidumbre sobre quienes ocuparán las magistraturas en esta importante responsabilidad?
Dada la importancia central de las elecciones como mecanismo de distribución del poder político, se considera que para que exista legitimidad democrática es indispensable la celebración de elecciones libres y auténticas, en las cuales los ciudadanos elijan a sus representantes y gobernantes. No obstante, la legitimidad democrática conlleva el respeto al Estado de Derecho y al adecuado funcionamiento de las instituciones que garantizan el ejercicio de los derechos. Por tanto, la integración completa y conforme a la Constitución de la Sala Superior del Tribunal Electoral constituye una cuestión de legitimidad democrática, ya que asegura la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El Senado de la República está en falta y todos deberíamos exigir la garantía del buen funcionamiento de nuestras instituciones. La integración de la Sala Superior no debe ser botín de ninguna fuerza política.
A escasas seis semanas del día de la elección, el Tribunal Electoral sigue incompleto. Las elecciones auténticas y libres dependen de la integración plena de los órganos electorales, y a su vez, la legitimidad de los gobiernos democráticos solo puede derivar de elecciones libres y auténticas.