Tres tiempos del Estado

Por Edna Jaime*

¿Por qué necesitamos al Estado? La pregunta puede parecer elemental, pero contiene buena parte de los dilemas que enfrentan hoy nuestras sociedades.

La existencia del Estado encierra una de las grandes promesas de la experiencia civilizatoria: que la vida en común no esté organizada por la fuerza ni por la capacidad de cada individuo para imponerse sobre los demás, sino por reglas que nos obliguen a todos y por una autoridad pública encargada de hacerlas valer. Construir Estado significa, en ese sentido, construir un espacio común en el que los conflictos puedan resolverse sin violencia, la ley esté por encima de la voluntad del más poderoso y ciertos derechos puedan exigirse con independencia de nuestro origen, nuestros ingresos o nuestra cercanía con el poder.

Me gusta pensar la discusión sobre la construcción del Estado en tres tiempos: la promesa, la fractura y la posibilidad.

Primer tiempo: la promesa

La promesa del Estado es enormemente ambiciosa. Supone que frente al poder de la fuerza existe el poder de la ley; que frente a las diferencias de origen existe una condición común de ciudadanía; y que frente a la incertidumbre de depender de la voluntad de otros existen instituciones, procedimientos y derechos que podemos invocar.

Significa también que bienes fundamentales como la seguridad, la justicia o el acceso a ciertos servicios públicos dejen de ser privilegios que cada persona tiene que procurarse por sí misma y se conviertan en responsabilidades compartidas de la comunidad política.

Por eso construir Estado nunca ha sido solamente un problema administrativo. Es una pieza central de la manera en que las sociedades hacen posible la convivencia entre personas distintas y convierten una suma de individuos en una comunidad política.

Pero esa promesa sólo adquiere sentido cuando las instituciones tienen capacidad para cumplirla.

Durante mucho tiempo pensamos la construcción estatal principalmente desde el diseño: qué institución hacía falta, qué ley debía reformarse, cómo distribuir facultades o qué burocracia era necesario crear. Todo ello sigue siendo indispensable. La pregunta que hoy debemos agregar es bastante más exigente: ¿qué pueden hacer realmente esas instituciones?

La diferencia entre tener instituciones y tener instituciones capaces de producir resultados es, en buena medida, la distancia entre la promesa del Estado y su realización.

Esa discusión está en el centro de los trabajos que se presentarán esta semana en la Cuarta edición del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Gobierno de La Tríada que se celebrará en el Tec Campus Ciudad de México. Más de la mitad de los trabajos que se discutirán se concentra en capacidad estatal, seguridad, justicia y participación ciudadana. Las investigaciones no preguntan solamente qué instituciones existen, sino qué puede hacer efectivamente el Estado, dónde puede hacerlo y bajo qué condiciones.

Segundo tiempo: la fractura

Porque entre esa promesa y la experiencia que millones de personas tienen del Estado existe, en demasiados lugares de América Latina, una distancia.

Es la distancia entre un derecho escrito y un derecho que puede ejercerse; entre una política anunciada y una política que llega; entre una autoridad formal y una autoridad de facto; entre el Estado que describen nuestras constituciones y el Estado que encuentra una persona cuando necesita protección, justicia o un servicio público.

Quizá la seguridad muestra esa fractura con particular crudeza. Capacidad estatal, seguridad y justicia reúnen 87 trabajos, 42 por ciento del programa de nuestro congreso. En ellos aparecen crimen organizado, violencia, control territorial, policías, cárceles, desapariciones, desplazamiento e impunidad.

Pero detrás de muchas de estas investigaciones aparece una pregunta más profunda que la incidencia delictiva: ¿quién ejerce realmente la autoridad?

Cuando otros actores pueden imponer reglas, regular actividades económicas, ejercer violencia, mediar conflictos o sustituir algunas funciones públicas, ya no estamos únicamente frente a un problema de seguridad. Estamos frente a una disputa sobre quién gobierna y bajo qué reglas se organiza la vida colectiva.

Esta discusión nos lleva inevitablemente a la democracia. Necesitamos Estados capaces de resolver problemas, pero capacidad no puede convertirse en sinónimo de concentración del poder. Necesitamos autoridades que puedan actuar y que, al mismo tiempo, estén sometidas a reglas; instituciones eficaces pero sujetas a contrapesos; gobiernos capaces de producir resultados sin sacrificar derechos ni legitimidad democrática. De ahí que el programa vincule capacidad estatal con justicia, independencia judicial, elecciones, confianza institucional y participación política.

Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo consiste precisamente en construir la capacidad que necesitamos sin erosionar las libertades que queremos preservar.

Y la fractura tiene también geografía. Hablamos del Estado mexicano, colombiano o chileno como si cada uno fuera una realidad homogénea, cuando sabemos que la capacidad para prestar servicios, garantizar seguridad o impartir justicia puede cambiar profundamente entre una gran ciudad, una frontera, una periferia urbana o una comunidad rural.

Cuando un derecho depende demasiado del lugar donde una persona nació, de sus ingresos o del poder que tiene para exigirlo, la promesa del Estado permanece incompleta.

Tercer tiempo: la posibilidad

Pero sería un error quedarnos únicamente con el diagnóstico.

América Latina no es sólo una suma de instituciones débiles, violencia, desigualdad o democracias tensionadas. Es también una región de sociedades extraordinariamente vivas, de comunidades que se organizan, de instituciones que han sabido transformarse, de investigadores que producen conocimiento de enorme calidad y de nuevas generaciones que siguen buscando mejores respuestas. El propio planteamiento del Congreso parte de esa doble realidad: enormes desafíos, pero también sociedades vibrantes y un potencial que sigue ahí.

Por eso los 207 trabajos que se discutirán estos días significan algo más que la numeralia de un encuentro académico. Son evidencia de una comunidad que no considera inevitables los problemas de América Latina.

Hay investigadores tratando de entender por qué unas instituciones funcionan y otras no, cómo se construye autoridad legítima, cómo fortalecer la democracia, cómo recuperar confianza, cómo gobernar las nuevas tecnologías y cómo conseguir que el lugar donde una persona nace no determine el alcance efectivo de sus derechos.

Ahí está una de las responsabilidades más importantes de las universidades. No nos corresponde sustituir a quienes toman decisiones públicas ni pretender que poseemos respuestas definitivas. Sí nos corresponde producir conocimiento, confrontar explicaciones con evidencia, comparar experiencias, cuestionar certezas y formar personas mejor preparadas para participar en la vida pública.

La Tríada —la alianza entre la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes y el Tecnológico de Monterrey— parte precisamente de esa convicción: que América Latina necesita también pensarse desde América Latina, y que la colaboración entre universidades puede mejorar tanto nuestras preguntas como nuestras respuestas.

Hay una expresión que me gusta para describir esa tarea: esperanza informada. No la esperanza ingenua que desconoce la magnitud de nuestros problemas, sino la que nace de entenderlos mejor, escuchar otras perspectivas y construir caminos para transformarlos.

Pensar el Estado en estos tres tiempos ayuda a ordenar el desafío. Hay una promesa que explica por qué lo necesitamos; una fractura que muestra la distancia entre nuestras instituciones y la realidad; y una posibilidad que recuerda que esa distancia no tiene por qué ser permanente.

Construir Estado significa, finalmente, acercar lo que prometemos como sociedad a aquello que somos capaces de garantizar.

Ésa es la conversación que queremos abrir desde La Tríada. Y pocas me parecen hoy más importantes para América Latina.

*Decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey