blogeditor · 26 de mayo de 2020
La pandemia que vivimos ha impactado en la vigencia de los derechos humanos, y de una manera mucho más acusada en las personas que ya antes se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, como mujeres, indígenas y, especialmente, migrantes y personas privadas de la libertad.
Ante esta inesperada nueva realidad y tal como ha sucedido en otras crisis, colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil hemos emprendido diversas iniciativas para tratar de contrarrestar los impactos de la pandemia.
Compartimos aquí tres procesos que acompañamos, no para glosar los estándares internacionales de derechos humanos ni para comentar los aspectos legales en juego, sino para mostrar algunos de los impactos poco visibilizados de la pandemia en estas poblaciones. Lo hacemos con la convicción, además, de que poner rostro concreto a estas consecuencias apela a la empatía y la solidaridad que todas y todos tenemos.
Para no exponer a represalias a las personas cuyos casos presentaremos, les daremos un nombre ficticio.
Uno. Olga es una mujer latinoamericana privada de la libertad en una de las cárceles de la Ciudad de México. Cuando Olga se asentó en nuestro país, se vio envuelta involuntariamente en una situación que desembocó en graves violaciones a sus derechos humanos: una detención arbitraria, tortura sexual y un proceso penal viciado en su contra acusada de un delito que no cometió.
Hoy, Olga suma más de seis años en prisión, lidiando con las consecuencias de la tortura y peleando por su libertad; se encuentra en vías de presentar el último recurso legal que le queda para revertir la injusticia en su contra, con representación del Centro Prodh. Pero además, Olga se encuentra en las últimas semanas de un embarazo de riesgo. Su cesárea fue programada para el mes de mayo, justo en medio de la pandemia.
Buscando que la llegada de su bebé sea en las condiciones menos riesgosas posibles, pedimos directamente a las autoridades penitenciaras programar la cesárea de Olga y desarrollar un plan de atención a su salud que -considerando la gravedad de la pandemia- incluyera una permiso extraordinario de salida y su traslado a un hospital adecuado, además de un plan de monitoreo durante el puerperio y su resguardo en un lugar con mejores condiciones higiénicas hasta que fueran levantadas las medidas de confinamiento.
Aunque no ha recibido respuesta puntual a las peticiones relativas al cambio de lugar de privación de la libertad, las autoridades le han garantizado a Olga que parirá en condiciones seguras y ya ha sido valorada en un hospital materno a salvo del COVID-19. Olga no deja de sentir miedo ante la posibilidad de un contagio en esa situación tan delicada; sin embargo, la fuerza y dignidad que ha demostrado los últimos seis años la mantienen de pie, con la esperanza de que recibirá una atención digna para su bebé.
Dos. Alfonso se encuentra privado de la libertad desde hace más de diez años. Debido a la aplicación en su caso de criterios judiciales violatorios de los derechos humanos que actualmente ya no están vigentes y debido también a la falta de una defensa adecuada, Alfonso fue sentenciado por un delito que no cometió.
Ya dentro del reclusorio, Alfonso desarrolló una enfermedad crónico degenerativa; su salud se ha deteriorado progresivamente. Sabedor de que esta enfermedad le hace especialmente vulnerable ante el COVID-19, como lo confirman las estadísticas sobre fallecimientos de personas con esta condición y como lo aceptan las propias autoridades sanitarias, Alfonso enfrentó con suma preocupación el inicio de la pandemia.
Buscando alternativas para garantizar la salud de Alfonso, el Centro Prodh interpuso un juicio de amparo indirecto para exigir que las autoridades adoptaran medidas específicas para él, acorde con lo dictado por las autoridades de salud para la gravedad de su caso, y que se permitiera una alternativa a la prisión para la ejecución de la pena.
Hasta ahora, la Justicia Federal ha ordenado que se garantice la salud de Alfonso más allá de las medidas generales que las autoridades penitenciarias dicen haber implementado para toda la población, entendiendo que éstas no son suficientes para su caso. El juicio sigue su proceso.
Alfonso espera que las acciones legales emprendidas ayuden a que él y otras personas privadas de la libertad que padecen enfermedades crónicas puedan acceder a los servicios básicos de prevención y de salud para cuidar su vida. Y, en el caso específico de Alfonso, también para seguir luchando por la justicia como lo ha hecho durante la última década.
TRES. Henry y Rosa son personas originarias de Centroamérica que migraron forzadas por la violencia que cunde en su país natal. Lograron ingresar a México en una de las caravanas que atravesaron el país en 2019 y actualmente se encuentran en un albergue que brinda ayuda humanitaria a personas en su condición.
Después de las caravanas y en buena medida gracias a éstas, ambos lograron un permiso humanitario de estancia en México, que les dejaba sobrevivir en el país con cierta tranquilidad aunque con muchas carencias materiales. Sin embargo, la tranquilidad terminó: en días pasados recibieron la notificación de que su permiso ya no era vigente y que serían expulsados de México.
Para Henry y Rosa, como para miles de migrantes en su situación, la deportación a sus países en en este contexto no sólo les expondría nuevamente a la violencia que les obligó a huir y atravesar miles de kilómetros, sino también al contagio del COVID-19.
En razón de ello y buscando una pronta protección ante la amenaza de expulsión, junto con Espacio Migrante, el Centro Prodh interpuso un amparo indirecto para buscar la posibilidad de que Henry y Rosa no sean devueltos a sus países en este contexto y que tampoco sean privados de la libertad.
Afortunadamente, la orden de expulsión fue declarada sin efecto y Henry y Rosa podrán permanecer en México con un estatus migratorio provisional mientras se resuelve el amparo.
Henry y Rosa saben que, en cuanto a su futuro, la moneda está en el aire. Continúan con incertidumbre por el desenlace que pueda tener su amparo y viven con dolor que, en este momento tan duro, las autoridades mexicanas decidan no protegerles.
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Estas tres breves estampas retratan la zozobra que la pandemia ha generado entre las personas más vulnerables y cómo ésta refleja la desigualdad.
Estas tres historias también muestran cómo la adversidad es enfrentada por quienes menos tienen con resiliencia y dignidad. Son además tres muestras de cómo las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos intentamos responder a las exigencias del presente.
El propio Secretario General de la ONU y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han pedido construir sobre la base de los derechos humanos la respuesta social y gubernamental a la pandemia. Las personas y sus derechos, han dicho, deben estar en el centro. Personas como Olga, Alfonso, Henry y Rosa, y tantos otros y otras, que ante el COVID-19 luchan por que los derechos humanos sean una realidad.
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