Daniel Gershenson · 20 de junio de 2011

Junio es el mes del duelo y la propuesta. Hoy lunes 20 de junio se cumplen tres años del operativo en la discoteca News Divine, en el que murieron 12 personas: nueve adolescentes, jóvenes y adultos y tres miembros de corporaciones policiacas. Lo que ocurrió aún reverbera en la conciencia, y constituye una pérdida irreparable en incontables familias y en todo México. Este es otro crimen sin castigo que exhibe los rezagos de un país que se ahoga en el vórtice de corrupción, el amiguismo y la impunidad. News Divine y sus secuelas abren una herida colectiva difícil de cerrar. Todo, diseñado para que la administración de Marcelo Ebrard entregara ‘buenos resultados’ en su lucha contra la delincuencia, y se diluyera el triste papel que había jugado el jefe de Gobierno –entonces Secretario de Seguridad Pública– cuando en noviembre de 2004 ocurrió la muerte por linchamiento de dos policías federales y lesiones de uno más en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. Para eso había que jugar a ser una versión autóctona de Giuliani, y mostrar ‘cero tolerancia’ mediante despliegues vistosos de la fuerza pública. Quizá así el público elector olvidaría el terrible espectáculo, transmitido en vivo, que eventualmente le costó el trabajo a Ebrard.
Eso fue lo que se intentó aquella tarde de viernes en Eduardo Molina y Calle 312, en la Colonia Nueva Atzacoalco. Cientos de uniformados fueron convocados para efectuar una redada que muy pronto se convirtió en tragedia. Después de haber llevado a decenas de jóvenes a la Agencia 50 del Ministerio Público (donde fueron marcados con plumón, fotografiados y en algunos casos hasta desnudados por los médicos legistas), sobrevino el acabóse.
En espera de camiones para los muchachos que aún se encontraban adentro: hacinados, sin aire ni luz y obligados a congregarse frente a la puerta y con acceso muy limitado, a alguien se le ocurrió taponar la única salida con una coraza de uniformados. Así transcurrieron varios minutos, que sirvieron para someter a varios a una muerte por asfixia, o aplastados por sus compañeros. A uno de los fallecidos, Rafael Morales Bravo de dieciocho años, lo vieron siendo revisado por policías afuera del lugar. Poco o nada hicieron paramédicos que llegaron el lugar. El desorden generalizado volvió a ser, como siempre ha sucedido en estos casos, la norma.
La operación de control de daños se echó a andar casi de inmediato. Joel Ortega, quien fungía como titular de Policía se encargó de enviar una versión editada a su conveniencia a la redacción de los principales medios de la capital, y a negar conocimiento del operativo (a pesar de haber presidido una reunión de seguridad precisamente en esa demarcación, once días antes). El entonces delegado en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, contraatacó enviando testimonios gráficos que mostraban claramente que habían sido policías bloqueando el acceso los principales causantes de las muertes y lesiones. Ambos renunciaron a sus cargos, pero no enfrentan actualmente a la justicia. Tampoco, quien fue Procurador local y pieza descartable en el ajedrez personal del jefe de Gobierno, Rodolfo Félix Cárdenas.
La Comisión de Derechos Humanos del DF –cuyo titular era Emilio Álvarez Icaza– emitió en su momento un Informe demoledor, cuyas recomendaciones han sido poco atendidas. El dueño del lugar, Alfredo Maya, es la única persona en la cárcel. Guillermo Zayas, responsable principal –pero no único– del operativo, apenas estuvo en prisión un par de meses. El oficial que coordinó el traslado de los jóvenes al MP se llama Luis Rosales Gamboa. Hoy funge como Subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Manuel Mondragón y Kalb. Miguel Mancera procurador del DF se encargó de finiquitar la faena, ‘no encontrando elementos suficientes para ejercer acción penal’ contra nadie. El juez Rafael Guerra que lleva la causa, peca de tortuguismo porque así percibe su trabajo: defender a piedra y lodo a los intereses enquistados. La misma historia, que se repite una y otra vez: cuando los funcionarios de todos los niveles de la administración pública activan el “sálvese quien pueda”.
Lo que ha cambiado es la percepción de que News Divine es un hecho consumado. Los papás y mamás de las víctimas ya conforman una agrupación, Voces de Justicia y No Más Impunidad que buscan implementar cambios profundos que redunden en beneficio de l@s jóvenes, a quienes la autoridad intenta crimininalizar, como en épocas que se creían superadas.
Siguiendo el ejemplo del Movimiento por la Justica Cinco de Junio, que conforman familiares de víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, exigirán al GDF que se construya un Memorial en la discoteca (que no centro juvenil, propuesta del actual gobierno), para que en el lugar se conozca a fondo lo que sucedió ese día y que nunca se olvide.
Ayer dio inicio una Vigilia, que continuará hoy con una Misa oficiada por el Padre Miguel Concha del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y que ha acompañado a Javier Sicilia en sus empeños por dar voz a las víctimas, tanto en la Marcha Nacional como en la Caravana a Ciudad Juárez.
Mañana martes 21 de junio a las 9 y media, se tiene prevista una conferencia de prensa sobre el particular. La cita será en las instalaciones de la CDHDF, junto al Metro Viveros.
Tod@s estamos vinculados por los cordeles místicos de la memoria, decía Abraham Lincoln. Llegó también la hora de pasar a la acción concertada, y pacífica. Para que que eventos como el News Divine, jamás vuelvan a suceder.
A continuación, algunas fotos tomadas vía celular, ayer.






Las víctimas del News Divine, que no debieron morir hace tres años:
Érika Jannete Rocha Maruri, 13 años
Alejandro Piedras Esquivias, 14 años
Daniel Alan Ascorve Domínguez, 15 años
Isis Gabriela Tapia Barragán, 16 años
Rafael Morales Bravo, 18 años
Mario Quiroz Rodríguez, 18 años
Mario Alberto Ramos Muñoz, 22 años
Leonardo Amador Rivas, 24 años
Heredy Pérez Sánchez, 29 años
Remedios Marín Ruiz (policía preventiva), 20 años
Pablo Galván Gutiérrez (judicial), 55 años
Pedro López García (policía preventivo), 65 años