Transporte público a la canasta básica

Como sociedad solemos olvidar la importancia que tiene el transporte público en nuestro bienestar; en lo familiar es uno de los principales instrumentos para la satisfacción de necesidades; en lo colectivo es uno de los espacios de convivencia más importantes. Por ello, darle al transporte una nueva concepción desde la política social que ayude al fortalecimiento del tejido social y a la dignidad urbana, es fundamental.

De acuerdo con la Primera Encuesta de Percepción Ciudadana del programa ¿Cómo vamos, Ciudad de México?, al capitalino le cuesta en promedio 73% de un salario mínimo el traslado de su casa al trabajo. Este impacto afecta en mayor medida a millones de ciudadanos a los que se les ha negado un transporte público bien integrado, digno y seguro; aquéllos que ven día con día cómo las autoridades instrumentan políticas públicas que privilegian el uso del coche particular.

Garantizar el bienestar de un amplio segmento poblacional, en términos de movilidad y su impacto en el ingreso, debe tener respuestas técnicas viables. Por eso, en el marco de la discusión pública sobre los salarios mínimos impulsada por Acción Nacional a través de la consulta popular y también por el Gobierno del Distrito Federal, resulta pertinente además la valoración de alternativas que aminoren los costos asociados al transporte público en las familias más pobres, no sólo en la capital del país, sino en los distintos municipios del país.

Hasta ahora la experiencia internacional ha dado buenos botones de muestra, pues distintas economías del mundo han realizado no sólo un esfuerzo por contar con sistemas integrados de transporte eficientes que desincentivan el uso del vehículo, sino también consideraciones tarifarias para grupos específicos.

En Estados Unidos, las ciudades atienden cada contexto de productividad en particular ofreciendo descuentos a los segmentos poblacionales con menores ingresos y transportación gratuita a los infantes. Es obligación por mandato legal federal ofrecer tarifas especiales a ciudadanos en edad avanzada y a personas con discapacidad.

El caso de Singapur es interesante porque además del nivel de percepción salarial como en el caso anterior, incorporan la tenencia de bienes inmuebles en su consideración tarifaria. Esto es, si los integrantes de un matrimonio no son propietarios de una casa o departamento, o si rentan un hogar hasta cierto nivel, son sujetos de disfrutar reducciones en los costos de transportarse. Asimismo, estudiantes de carreras técnicas pueden disfrutar de los mismos beneficios.

Por su parte, los habitantes de Londres en el Reino Unido obtienen beneficios tarifarios de transporte público si perdieron su empleo y están en búsqueda laboral. Además de que los costos de transporte se encuentran segmentados conforme a nivel de ingreso y edad.

Si la autoridad acata el mandato de la nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal, los capitalinos podrán observar la transformación de su entorno urbano hacia uno que respete sus derechos. Esta ley obliga al diseño de un sistema de transporte público de calidad que deberá contar con la planificación y los recursos económicos suficientes para mejorar la infraestructura, la calidad del servicio y los tiempos de traslado de millones de ciudadanos.

Ofrecer alternativas viables de solución impacta de manera positiva no sólo al bienestar de las familias, sino a la productividad de nuestra sociedad. Contamos con un marco normativo de avanzada en la capital del país y con mejores prácticas en lo internacional para definir una nueva ruta que tanto fortalezca el tejido social, como la seguridad de nuestras familias. El reto es construir en lo colectivo lo que nos han enseñado a hacer en lo personal.

* Laura Ballesteros (@LBallesterosM) es integrante de la Comisión de Movilidad y Vicecoordinadora de la bancada del PartidoAcciónNacional en la AsambleaLegislativa del Distrito Federal. Al interior del PAN esConsejeraNacional y Regional, asícomotambiénmiembro del Comité de Propuesta y Mensaje.