Transparencia y rendición de cuentas: la minuta SEP-SEE-CNTE

Por Horacio Erik Avilés Martínez*

La transparencia obliga a toda institución que ejerce recursos públicos a poner a disposición de la ciudadanía la información generada en el ejercicio de sus funciones, de forma proactiva y reactiva, conforme a la Ley General de Transparencia. Tras la extinción del INAI en 2025, esa función recayó en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de Transparencia para el Pueblo.

La rendición de cuentas es un concepto más amplio: retomando el modelo clásico de Andreas Schedler, exige no solo informar, sino justificar el sentido de cada decisión y sancionar cuando esta se aparta de la legalidad o del interés público.

Ninguna autoridad rinde cuentas plenamente si solo informa sin quedar sujeta a consecuencias; toda rendición de cuentas requiere transparencia, mientras que la transparencia por sí sola no la garantiza.

La minuta de trabajo suscrita el 24 de junio de 2026 en el Salón Benito Juárez entre Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP; Gabriela Molina Aguilar, entonces secretaria de educación en Michoacán, y la Sección XVIII de la CNTE ofrece un caso de estudio inmejorable para esta distinción. Se conocen los montos: un presupuesto educativo 2026 de $107,884 millones 611,261 (+ 9 % nominal, Gaceta Parlamentaria 087 C), un Convenio U080 con aportación federal gestionada de $4,580 millones (35 % del costo de la nómina, frente al 65 % que absorbe el Estado) y 22 bonos extrasalariales por $1,437 millones, más del 57 % del incremento presupuestal asignado a la Secretaría de Educación. 

Se conocen las cifras, pero no el proceso

Lo que no se conoce es el proceso: ni el texto íntegro de la minuta firmada oficialmente, ni los criterios que regirán las mesas técnicas del 30 de julio para resolver Formatos Únicos de Personal, adscripciones de carácter ilimitado, recategorizaciones de clave y plazas estatales del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), ni el fundamento caso por caso de la regularización de personal directivo sin clave presupuestal ordenada en el punto 12 del propio documento.

Por si fuera poco: lo que se sabe al respecto es porque lo publicó la facción azul de la Sección XVIII de la CNTE, movimiento de bases encunado en el SNTE, la cual difundió un comunicado en su página de Facebook.

La situación que prevalece, basándonos en los conceptos de Schedler, se ilustra en la siguiente tabla:

En suma, se informa parcialmente, se justifica débilmente y no se sanciona: el punto exacto donde la transparencia se agota y la rendición de cuentas fracasa. Una minuta que resuelve plazas, adscripciones y compensaciones sin criterios públicos no informa: administra en la sombra.

¿Resucitan las prácticas de aviadores y plazas fantasma?

Si este proceso permanece opaco, las consecuencias son concretas. La discrecionalidad en las mesas técnicas del 30 de julio puede traducirse en plazas, adscripciones y recategorizaciones otorgadas por cercanía sindical y no por mérito, resucitando las prácticas de aviadores y plazas fantasma que USICAMM fue creado para erradicar.

El Estado podría comprometerse con obligaciones estructurales de largo plazo —vía la eventual abrogación de la Ley del ISSSTE o de la Ley General del SICAMM— sin que la ciudadanía conozca su costo, presionando un presupuesto donde el 90.46 % de los ingresos ya depende de participaciones federales y donde los servicios personales del sector educativo consumen cerca del 36 % del gasto total estatal.

El Convenio U080, por no estar presupuestado de origen, seguirá dependiendo de negociaciones anuales opacas, sin garantía verificable de que el tránsito al esquema 50/50 realmente avance.

La desconfianza entre familias, magisterio de base y autoridad se retroalimenta cuando las decisiones no se explican, prolongando el ciclo de paros que año con año interrumpe el calendario escolar.

Y cada peso absorbido por bonos o regularizaciones sin criterio público es un peso que no llega al aula: el propio reporte reconoce que más de 57 centavos de cada peso del incremento a la SEE se destinaron a absorber compensaciones históricas, no a mejorar la oferta educativa.

Frente a este panorama, Mexicanos Primero Michoacán llama a:

1. Publicar el texto íntegro de la minuta del 24 de junio debidamente firmado y, en su momento, las actas de las mesas técnicas del 30 de julio, con los criterios técnicos aplicados a cada FUP, adscripción y recategorización.
2. Someter el proceso de regularización de directivos sin clave presupuestal a una auditoría externa de la Auditoría Superior de Michoacán, con dictamen público.
3. Exigir a la Secretaría de Finanzas un informe trimestral al Congreso del estado sobre el avance real, no solo declarado, hacia el esquema 50/50 del Convenio U080.
4. Costear públicamente, antes de su aprobación, cualquier compromiso con impacto fiscal futuro derivado de las demandas sobre ISSSTE y SICAMM.
5. Impulsar un observatorio ciudadano, con datos abiertos, que verifique que cada plaza, bono y recategorización responde a criterios objetivos y no a negociación política discrecional.
6. Sin estos pasos, Michoacán seguirá acumulando datos sueltos que se confunden con transparencia, mientras la rendición de cuentas —la que explica, justifica y sanciona— sigue pendiente. ♦

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*Horacio Erik Avilés Martínez es director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán. Redes: @Erik_Aviles