Transparencia con términos y condiciones: la nueva realidad del acceso a la información en México

El 21 de marzo de 2024, con la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobierno federal desmanteló más de veinte años de construcción institucional en materia de transparencia. El derecho a saber quedó bajo control directo del Ejecutivo, a través de Transparencia para el Pueblo, dependencia adscrita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El retroceso no fue solo institucional. De un día para otro, se eliminaron los sitios web del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), dejando inaccesibles millones de documentos públicos, lineamientos y proyectos. Entre ellos, el micrositio Memoria y Verdad, clave para la consulta de graves violaciones a derechos humanos como Ayotzinapa, Aguas Blancas o el Halconazo. Tras la presión de más de 100 organizaciones, las páginas fueron restituidas, aunque incompletas.

En este nuevo escenario, la PNT quedó bajo control gubernamental, sin autonomía ni mecanismos efectivos de vigilancia ciudadana.

Un monitoreo desde la sociedad civil

Entre mayo y agosto de 2025, en Mexiro A. C. realizamos el primer monitoreo ciudadano de la PNT. El informe Transparencia con términos y condiciones: Primer informe ciudadano sobre la PNT en tiempos de retroceso democrático, el cual evaluó siete criterios clave: acceso, usabilidad, capacidades institucionales, permanencia de funcionalidades, protección de datos, mecanismos de retroalimentación y experiencia ciudadana.

Los resultados son claros: la PNT funciona en apariencia, pero limita en la práctica.

• Acceso técnico estable, tras denuncias sociales. Aunque en nuestro monitoreo no se registraron caídas, en meses previos la ciudadanía documentó fallas recurrentes. La estabilidad reciente parece responder más a la presión social que a mejoras estructurales.
• Usabilidad deficiente. Consultar información básica —como el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum— arrojó resultados contradictorios y desactualizados. La plataforma es lenta, confusa y frustrante.
• Menos herramientas, más opacidad. Se eliminaron filtros avanzados, rastreabilidad de solicitudes y descargas en formatos abiertos. Esta “simplificación” complica el análisis y desincentiva el monitoreo ciudadano.
• Capacidad institucional debilitada. El presupuesto cayó de 28 millones en 2024 a apenas 3 millones en 2025. Las respuestas a solicitudes de información fueron parciales, revelando opacidad y descoordinación.
• Privacidad en riesgo. No hay control sobre transferencias de datos ni avisos claros de cookies o rastreo digital. La protección de la sociedad frente al uso político de su información es mínima.
• Sin retroalimentación real. No existen canales digitales de denuncia ni encuestas de satisfacción. El contacto se limita a una línea telefónica, sin evidencia de respuesta a quejas.

Más allá de lo técnico: un proyecto político

Estos hallazgos no son fallas aisladas. Responden a un diseño institucional que simula transparencia pero dificulta el acceso efectivo a la información. La extinción del INAI y el control centralizado de la PNT forman parte de una estrategia de concentración de poder, que debilita la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar al gobierno.

El impacto es diferenciado: comunidades indígenas y campesinas, mujeres, personas adultas mayores, periodistas y personas defensoras enfrentan barreras mayores para ejercer su derecho a saber.

Llamado a la acción

La defensa del derecho de acceso a la información no es solo técnica, es política y democrática. Desde Mexiro exigimos:

• Restituir un órgano autónomo con funciones claras y recursos suficientes.
• Recuperar las herramientas de búsqueda y descarga en formatos abiertos.
• Garantizar la protección de datos y la privacidad digital.
• Abrir canales consistentes de retroalimentación ciudadana.

La transparencia no puede estar sujeta a los “términos y condiciones” del poder. Sin información verificable, no hay memoria, no hay rendición de cuentas y no hay democracia.

Consulta el informe completo aquí  Transparencia con términos y condiciones.

* Fernanda Galicia (@mafernn) es directora general de Mexiro A.C. (@yoMexiro). Miranda Cid es especialista en políticas públicas e incidencia legislativa.