Transparencia: la obligación incómoda

Por: Carlos De la Rosa (@delarosacarlos)

En CIDAC estamos interesados en conocer el grado y la calidad del avance en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país. Consideramos fundamental que desde la sociedad civil se genere información confiable que puede ser utilizada para confrontar la precisión y veracidad de los dichos de la autoridad para así contribuir a consolidar una cultura de supervisión ciudadana sobre las acciones gubernamentales. Con este fin, hace un año decidimos dar inicio a una búsqueda de información en relación con el progreso de la reforma de justicia penal. Decidimos que, además de acudir a los portales de información pública, sería una gran oportunidad para poner a prueba los mecanismos de transparencia disponibles. En ese momento realizar solicitudes de información parecía –al menos en el papel- el canal idóneo para conseguir la información que buscábamos. ¿Qué podría salir mal? ¿Acaso no es suficiente contar con el derecho de acceder a la información pública y la obligación constitucional de las autoridades para proporcionarla?

[contextly_sidebar id=”ddddc052a5c5bd76ad473948b181bb41″]En este tenor realizamos 1,486 solicitudes –por medio de los portales de transparencia y acceso a la información- a las distintas instituciones involucradas en el proceso de reforma al sistema de justicia penal (Procuradurías/Fiscalías, Poderes Judiciales, Secretarías/Comisiones de Seguridad Pública, Defensorías Públicas y Órganos Implementadores de la Reforma Penal) en las 32 entidades federativas y en la Federación. El primer obstáculo que encontramos fue la heterogeneidad entre los portales de transparencia en las entidades, si bien la mayoría ha sido desarrollada bajo la lógica de INFOMEX, varían considerablemente tanto en el proceso de elaboración y envío de las solicitudes como en los alcances de las mismas. Mientras en ciertos casos el proceso es ágil y amigable con el usuario, en otros enviar una solicitud resulta tortuoso y desgastante (ej. limitar toda solicitud a un máximo de 300 caracteres al estilo de Twitter); mientras en algunos casos se pueden realizar desde el mismo portal solicitudes a todos los órganos del gobierno, en otros los alcances se encuentran limitados a ciertas oficinas del Poder Ejecutivo. Lo anterior sin tomar en cuenta casos como los de Colima y Nayarit en los cuales los portales de INFOMEX nunca funcionaron.

Del total de las solicitudes realizadas el 40% fueron rechazadas (bajo todo un abanico de justificaciones inverosímiles) y dependencias de al menos 10 entidades simplemente nunca respondieron. Al final del ejercicio sólo el 10% del total de las solicitudes obtuvo una respuesta que resultara útil para los propósitos de la investigación. Sobraron las respuestas incompletas y deficientes, las declaraciones de incompetencia, los envíos de discos compactos sin contenido alguno e inclusive documentos sin ningún tipo de sello o firma oficial. Si algo transparentó nuestro ejercicio fue que la transparencia no es una prioridad. Durante el proceso que se prolongó varios meses identificamos una serie de malas prácticas que ahora consideramos pertinentes difundir. A continuación señalamos algunas que llaman especialmente la atención[1]:

1. Contradicciones: Solicitamos el Plan Integral de Implementación de la Reforma Penal por separado al Tribunal Superior de Justicia, la Defensoría Pública y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Zacatecas. Las respuestas que recibimos fueron distintas y discordantes. Por su parte el Tribunal y la Defensoría afirmaron que nunca se elaboró un Plan Integral, sin embargo la Procuraduría los contradijo y sostuvo su participación en el proceso de elaboración de la Planeación Integral. Independientemente de si hubo o no plan, queda claro que no existe comunicación y coordinación entre las instituciones, o lo que es peor, pusieron a contestar a alguien que no tenía idea.
2. Información reservada: El estado de Querétaro reservó toda la información relativa a su Programa de Implementación de la Reforma, así como cualquier proyecto o acción derivado. Argumentaron que la difusión pondría en “riesgo” la seguridad del estado. De acuerdo con Querétaro se aludió al hecho de que la reforma es un proceso coordinado por la Secretaría Técnica (SETEC) y al ser ésta un órgano desconcentrado de Secretaría de Gobernación adquiere el carácter de seguridad nacional. Por su parte la PGJ de Guanajuato hizo lo mismo bajo la justificación de que se conocerían las estrategias y acciones dirigidas a la prevención, investigación y persecución del delito. Las respuestas son cuestionables si consideramos que las mismas preguntas fueron realizadas a otras entidades del país y en dichos casos sí fueron respondidas. ¿Por qué la información de Querétaro tiene carácter de seguridad nacional y la de Puebla no? Si bien los supuestos de reserva en las Leyes de Transparencia en ambos estados son ambiguos, en los dos se establece la necesidad de fundamentar y explicar el motivo de la reserva a partir de elementos objetivos y verificables. En ningún caso se explicó de forma detallada cuál es la relación entre la información y el “riesgo” que implicaría su entrega.
3. Discriminación: En el ámbito federal realizamos solicitudes al Consejo de la Judicatura Federal para conocer los avances del proceso en el Poder Judicial. Por un error en la captura, las solicitudes se realizaron a nombre de “CR De la Rosa”. El Consejo respondió que, de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General 84/2008, toda solicitud debe incluir el nombre del solicitante para ser respondida y, en este caso, no existía un nombre “cierto” por lo que descartó dar respuesta al fondo. ¿Por qué “CR De la Rosa” no puede ser un nombre? Imagino las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos con apellidos eslavos como “Srna” al solicitar información al Consejo.
4. Te investigan: Igual de alarmante fue la respuesta que recibimos tras la solicitud de información realizada a la Defensoría Pública del estado de Morelos. La solicitud se realizó a nombre de “Carlos De la Rosa”, investigador de CIDAC, y curiosamente las respuestas se dirigieron al “C. Lic. Carlos De la Rosa Segura, Diputado Local por el Segundo Distrito Oriente de Cuernavaca Morelos”, seguidas de un párrafo con un cordial saludo. La respuesta evidenció el hecho de que la institución realizó una investigación (bastante deficiente por cierto) sobre el origen de la solicitud y confundieron a homónimos. Sobra decir que la institución no debe tener el más mínimo interés en quién solicita la información y mucho menos modificar el tipo de respuesta que se da en función del solicitante.

Ahora estamos seguros: no es suficiente que la Constitución establezca nuestro derecho a acceder a información y la obligación de las instituciones de proveerla. Si bien algunas de las prácticas identificadas podrían presentarse como anécdotas graciosas, en realidad son motivo de alarma ya que evidencian la reticencia que existe desde la autoridad para proporcionar información a la ciudadanía, así como su voluntad para acudir a cualquier pretexto para negarla. No se puede omitir que buena parte de la ausencia de transparencia en México es atribuible a deficiencias en los mecanismos o en las capacidades técnicas de los operadores. Sin embargo –y derivado de nuestra experiencia-, podemos afirmar que el mayor obstáculo es la desconfianza que existe desde las instituciones hacia los ciudadanos: ¿para qué quieres la información? ¿Quién la está solicitando? ¿Tiene esto un trasfondo político? La transparencia les incomoda.

Limitar de forma discrecional el acceso a la información compromete la capacidad de la sociedad civil para vigilar el desempeño de las instituciones de gobierno y reduce las posibilidades de una auténtica rendición de cuentas. Los resultados de este ejercicio demostraron que, a pesar de los avances, aún nos falta un largo trecho por recorrer. Este año, en CIDAC estamos repitiendo el ejercicio de búsqueda de información, por lo que veremos si el resultado es distinto. Además, atendiendo al mismo objetivo, elaboramos una propuesta que pretende contribuir a la consolidación de un sistema de transparencia y acceso a la información efectivo.

[1] Cabe señalar que no pretendemos ser exhaustivos en los ejemplos. Destacamos sólo las prácticas que nos parecieron icónicas aunque otras entidades y dependencias hayan incurrido en casos similares.