Más transparencia y mejores datos para la transición energética: el caso Bajío

Tras el concepto de transición energética (TE) está la necesidad apremiante de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la actividad económica, principalmente energética y de transporte. Tales emisiones son el factor preponderante del calentamiento global, cuyos efectos podrían llevar, de no hacer nada al respecto, al fin de la vida humana en el planeta.

Es un hecho que el aumento constante de las actividades industriales ha contribuido al incremento de estas emisiones. Por eso, transformar nuestras maneras de producir, consumir y transportarnos, con el fin de quemar cada vez menos fuentes fósiles, es una de las vías para lograr el objetivo de mitigación. Ahora bien, la diversidad de enfoques en cuanto a políticas públicas para atender el problema van de lo muy general, como los acuerdos que se alcanzan en las conferencias internacionales –como la reciente COP28, donde surgió una iniciativa interesantísima para evitar la proliferación de los combustibles fósiles–, hasta lo local, como bien ilustra el estudio comparado, realizado recientemente por la GIZ, que recomendamos leer.

En los últimos años, el enfoque subnacional está cobrando en la esfera mundial una mayor relevancia para la planificación de políticas públicas y para la evaluación de las mismas. Por ello, desde México Evalúa, con el apoyo de Iniciativa Climática México, nos hemos sumergido en un análisis exhaustivo de cuatro procesos de transición energética en los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco, con base en la metodología del Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial (FEM) (adaptada a la realidad mexicana), e inspiradas en una evaluación exhaustiva que realizó un equipo de académicos en 282 ciudades de China.

A partir de nuestro andamiaje de 39 indicadores clave, disponibles en este tablero, buscamos, primeramente, lograr una vista panorámica en dos dimensiones: niveles de desempeño del sistema energético de la entidad, y niveles de preparación –conocido en inglés como readiness– orientada al establecimiento de las condiciones necesarias para atraer inversión y talento, y para lograr mejoras en los niveles de bienestar de la población. Así, se encuentran disponibles en nuestro sitio los detalles de los avances o retrocesos de cada entidad en materia de pobreza energética, crecimiento económico, transporte bajo en emisiones o, incluso, en capacitación para aprovechar las oportunidades de empleo que la TE conlleva.

Ahora bien, hay dos grandes temas que engloban nuestras observaciones generales: la transparencia necesaria para la evaluación de la TE, y la necesidad de integrar la estrategia local de TE en una sola política pública, para poderla evaluar continuamente, de cara a la ciudadanía.

Transparencia: una herramienta indispensable para la TE

Después de recopilar datos correspondientes al periodo 2015-2022 en torno a indicadores relacionados con la producción y consumo de energía, emisiones GEI, inversión, presupuestos y programas orientados a la TE local, procedimos a evaluar el progreso o retroceso en cada entidad durante ese lapso de tiempo. Encontramos avances significativos en todas las entidades, con tasas de mejora superiores al 40 % e inferiores al 60 %. Sin embargo, hay que decir que la precisión de esa evaluación está intrínsecamente ligada a la disponibilidad de información, ya que una mayor cantidad de datos disponibles permitiría identificar con más exactitud los indicadores que impulsan la TE, y facilitaría una comparación del progreso en la TE entre las distintas entidades más justa. En ese sentido, la identificación de vacíos de información que restringen el análisis es fundamental para que los gobiernos locales comprendan la importancia de proporcionar información pública, siguiendo las mejores prácticas internacionales en la medición de la transición energética.

Pongamos un ejemplo. Jalisco se destacó en nuestro análisis como la entidad con la menor disponibilidad de información para medir el proceso de TE, lo que se puede interpretar como un nivel de opacidad del 33 %, según la metodología aplicada. De ahí que si se mide su nivel de avance histórico, dada la poca información publica disponible para completar los indicadores de TE, el porcentaje de desempeño contiene un sesgo importante respecto del desempeño medido para entidades que tienen mayores niveles de transparencia, como en este caso fueron Aguascalientes y Guanajuato. Esto hace imprecisa la comparación entre entidades, además de injusta, pues una entidad que se esfuerza por hacer transparentes todos sus indicadores puede resultar con menores niveles de desempeño que aquélla que no publica adecuada y oportunamente sus datos. Por ello, impulsar una mayor transparencia en todas las entidades permitiría contar con bases de comparación más completas y mediciones más precisas de los procesos subnacionales de TE.

Según el estudio comparado de la GIZ, la autoridad de Puebla ha desarrollado un Sistema de Información Energética (SIEEP) para apoyar sus esfuerzos de transición energética, buena práctica que podría servir de referente a las demás entidades. Asimismo, en el estudio se recomienda que los gobiernos locales publiquen datos e información completos y actualizados sobre la situación energética de la entidad, incluida la información sobre pobreza energética.

Llama la atención que aunque Querétaro y Jalisco cuentan con agencias especializadas en energía, aún tienen áreas de oportunidad para proporcionar datos y estudios que permitan comprender mejor el diagnóstico del desempeño de su sistema energético, y la articulación de sus planes y programas para aumentar su eficiencia y reducir las emisiones GEI.

Esfuerzos locales poco integrados a estrategias de TE

El 23 de enero de 2024 se hizo pública en el Diario Oficial el Acuerdo mediante el cual se aprobó y difundió la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (en adelante, la Estrategia). Se requiere un análisis detallado de los componentes de este extenso documento. Aquí nos centraremos en resaltar las secciones que abordan la TE a nivel subnacional, con el fin de vincular los hallazgos de nuestra investigación con las metas establecidas a nivel federal para las acciones locales.

El Gobierno federal destaca varias observaciones sobre las barreras y oportunidades identificadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). Entre éstas se encuentran la falta de financiamiento, la discontinuidad de los programas de desarrollo municipal y la alta rotación de personal en organismos públicos, lo que afecta la capacidad técnica. Asimismo, se señala la obsolescencia de marcos jurídicos locales y la falta de armonización entre instrumentos de distintos niveles de gobierno, así como la carencia de censos, mediciones y datos actualizados sobre sistemas consumidores de energía, indispensables para la toma de decisiones. Sin embargo, también se resaltan iniciativas positivas, como los esfuerzos de numerosas ciudades para modernizar sus sistemas de alumbrado público, el interés de los gobiernos locales en promover sistemas de transporte público más eficientes y no motorizados, y el establecimiento de instituciones o departamentos dedicados a la promoción y aplicación de medidas de eficiencia energética.

En este sentido, celebramos la publicación de la estrategia actualizada, ya que nos ayuda a confirmar nuestras observaciones realizadas, principalmente en 2023, respecto de una falta de integración de las políticas locales en vista de una estrategia de TE nacional que pueda ser medida, documentada y monitoreada en su desempeño a través del tiempo. Además, hemos identificado fallas relevantes en la información relacionada con la cuantificación oportuna de las emisiones de GEI en los estados. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes los datos son tan desactualizados y muestran cambios tan drásticos que resultan poco confiables, y por ello decidimos considerarlos como prácticamente inexistentes. De manera similar, en Guanajuato observamos un aumento en las emisiones de GEI; sin embargo, el inventario de emisiones está tan desactualizado que pierde calidad y confiabilidad como dato para el análisis. En Jalisco también hemos encontrado datos desactualizados, pero, además, identificamos tendencias contradictorias entre los datos publicados por la autoridad ambiental local y los de la autoridad federal. Finalmente, en el caso de Querétaro, los datos federales muestran una importante disminución de las emisiones de GEI entre 2015 y 2018. Sin embargo, dichos datos también están obsoletos y se observan discrepancias significativas entre 2016 y 2017, lo que pone en duda la precisión de la metodología utilizada para reportar las emisiones.

Por tanto, la confirmación oficial sobre la disponibilidad de los datos más recientes de la Estrategia Nacional actualizados a 2019 habla muy mal del desempeño de las entidades gubernamentales para cumplir con su obligación de cuantificar las emisiones GEI. Actualmente, según las autoridades responsables, las emisiones de GEI en el país ascendieron a 759.5 millones de toneladas de CO2 equivalente (Mt de CO2e) en 2019, lo cual fue 1.8 % mayor respecto a 2015, y las emisiones de GEI ocasionadas por las actividades de producción de electricidad y calor llegaron a representar entre 19.6 % y 23.3 % del total nacional. Asimismo, el documento señala como observaciones de parte de la Comisión Reguladora de Energía la falta de disponibilidad de herramientas de planeación, como el Inventario Nacional de Energías Limpias y el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias. Es decir, a nivel federal existe el reconocimiento de la falta de información sobre la cuantificación real o, al menos, de la más actual de emisiones GEI. Por cierto, que la Estrategia queda a deber una explicación sobre esta falta grave de información. Asimismo, es omisa respecto de los obstáculos que han impedido la actualización de los inventarios de emisiones GEI, un insumo informativo esencial para poder medir el impacto en emisiones de las políticas públicas locales.

Por otro lado, es interesante la información que describe la Estrategia sobre el desarrollo del proyecto del Instituto Mexicano del Petróleo, denominado N.62021 o Hub de Conocimiento para la Transición Energética, que incluye el objetivo de crear un espacio virtual de colaboración para promover e implementar iniciativas en el sector energético, entre las que destacan esfuerzos de vinculación del Gobierno federal con funcionarios y empresarios de varios estados, y firmas de convenios de colaboración con agencias estatales de energía, como las de Jalisco y Puebla. También reconoce la recepción de cartas de interés de entidades estatales de Veracruz, Chihuahua y Durango, así como de parte de la iniciativa privada, representada por la Coparmex de Querétaro. Estos esfuerzos son muy positivos y consideramos que deberían extenderse a todas las entidades federativas en sus tres niveles de gobierno, para levantar la información necesaria para medir continuamente las emisiones GEI.

Las ciudades, municipios y entidades federativas son las principales emisoras GEI a nivel mundial y, por tanto, deben ser el epicentro de la lucha por alcanzar un balance neto de emisiones; es decir, que las emisiones antropogénicas de GEI se equilibren con las remociones de estos gases durante un período específico. Según el Banco Mundial, actualmente, cerca del 56 % de la población mundial vive en áreas urbanas, y se prevé que este porcentaje aumente al 70 % para 2050. Por lo tanto, la gestión adecuada de la urbanización mediante políticas y estrategias que aprovechen los recursos locales y promuevan el acceso a la tecnología puede beneficiar considerablemente a la población.

Estos temas y muchos más serán discutidos el próximo 27 de febrero a las 11 a.m. en el canal de YouTube de México Evalúa. ¡Te esperamos!

* Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa.