Transición energética en México: entre compromisos climáticos y más combustibles fósiles

En las últimas semanas han acontecido diversos eventos que muestran, con mucha claridad, cuánto cuesta seguir dependiendo de los combustibles fósiles: la guerra en Irán sacudió los mercados del petróleo como en ningún momento desde los años setenta; la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta, Colombia, puso de relieve el impacto que la industria fósil tiene en territorios sagrados como la Amazonía, y la incapacidad de avanzar hacia un desarrollo más justo si se sigue apostando a este modelo extractivista; y científicos climáticos han alertado que el mundo avanza de manera peligrosa a un aumento de la temperatura planetaria que pone en peligro a poblaciones y ecosistemas enteros, a causa de las emisiones de la misma industria.

Pese a esta urgencia de abandonar los combustibles fósiles, causantes de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminación de suelo, agua y aire, y de aumentar la deforestación, así como otros efectos irreversibles, el gobierno mexicano ha anunciado diversas propuestas y políticas que incrementan la dependencia a estos recursos, ya no solo a través de métodos tradicionales para extraer el petróleo, el gas y el carbón, sino también mediante técnicas que incrementan todos los impactos anteriores, como la técnica de fractura hidráulica, o fracking.

Esta era de neoextractivismo obstaculiza el cumplimiento de metas para estabilizar las emisiones y la temperatura global, pero, aún más alarmante, intensifica los impactos derivados de esta crisis climática, cuyo efecto más directo recae en quienes menos contribuyen al problema.

El impacto económico y climático de la guerra en Irán

Los ataques militares de Estados Unidos e Israel interrumpieron las exportaciones iraníes y forzaron el bloqueo del estrecho de Ormuz —por donde circula una quinta parte del petróleo mundial—, causando que los precios escalaran de 70 dólares por barril en febrero a casi 120 dólares en cuestión de días. Esto tuvo un impacto severo, sobre todo en aquellos países que son importadores netos de petróleo. En América Latina, países como Chile, Perú y las naciones centroamericanas no pudieron absorber el costo, trasladándose a los consumidores, que en pocos días incrementaron su gasto en transporte.

En México, por su lado, se tuvo una desestabilización en los precios, aunque el impacto fue menos directo (Banamex, 2026). Lo cierto es que es un país que, lejos de prepararse para el problema de desabasto diversificando sus opciones energéticas, está intensificándolas, a través del fortalecimiento de empresas como Pemex, considerada una pieza central de las finanzas públicas, creando una mayor dependencia a las finanzas fósiles.

Esta caída de reservas tanto de petróleo como de gas ha llevado a México a importar cerca del 70 % de su gas natural vía gasoducto desde Estados Unidos, lo que ha sido usado como argumento por la presidenta Claudia Sheinbaum para lanzar su estrategia de gas y de fractura hidráulica, con el objetivo de reducir dicha dependencia. Sin embargo, esta estrategia solo profundiza la dependencia a recursos limitados y no renovables, que ya han demostrado su volatilidad. Sin dejar de mencionar la creciente huella de carbono que la industria fósil trae consigo.

México en Santa Marta, presente en la sala pero ausente del debate

Mientras México reforzaba su apuesta fósil, Santa Marta abría una conversación inédita: cómo dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón. Del 24 al 29 de abril de 2026, la conferencia coorganizada por Colombia y Países Bajos reunió a más de 2,800 personas, entre representantes gubernamentales de más de 50 países, academia, parlamentos, pueblos indígenas y sociedad civil, para discutir la salida del modelo fósil, no solo la reducción de sus emisiones.

La conferencia estableció tres ejes: la transformación de la dependencia económica fósil; la sustitución de la oferta y demanda de energía mediante energías renovables; y el fortalecimiento de la cooperación internacional con mecanismos financieros concretos. Uno de sus resultados más significativos fue la creación del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), concebido para proporcionar análisis rigurosos y recomendaciones basadas en evidencia que ayuden a los gobiernos a tomar decisiones informadas.

La conferencia de Santa Marta cargó con ausencias como Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita —que concentran más de la mitad de la producción mundial de petróleo y gas—. Mientras tanto, México estuvo ausente del primer plano de ese debate. El país, que navega entre su ambición petrolera y su supuesto interés en la agenda climática, no figuró entre los líderes de la transición, pese a que organizaciones de la sociedad civil mexicana participaron activamente en las asambleas multiactor.

La paradoja es evidente. Mientras México asiste a espacios internacionales que buscan acelerar la transición energética justa, sus decisiones internas continúan apostando por un modelo que prolonga la dependencia fósil. Este caso ilustra con claridad que la transición energética no se define en los compromisos, sino en las decisiones políticas y fiscales que los respaldan.

Aun así, el encuentro marcó un hito: por primera vez, un espacio multilateral de este peso se dedicó exclusivamente a discutir la salida del modelo fósil, no solo su regulación.

COP4 del Acuerdo de Escazú: sin información, no hay transición

Una semana antes, la COP4 del Acuerdo de Escazú se celebró en Nassau, Bahamas. Sus resultados reafirmaron el valor del multilateralismo y de la cooperación regional como vías indispensables para enfrentar las múltiples crisis sociales, ambientales y climáticas que atraviesan América Latina y el Caribe.

En este espacio, en un tono más bien optimista, se aprobaron decisiones que pueden fortalecer la implementación del Acuerdo, como la metodología para elaborar o actualizar los Planes y Hojas de Ruta nacionales y la transversalización de la perspectiva de género. Asimismo, se tomaron medidas orientadas a impulsar el acceso a la información y a la justicia de forma regional con la creación de grupos de trabajo sobre Registro de Emisiones de Contaminantes y Acceso a la Justicia Ambiental.

Los retos persisten, pero también quienes los enfrentamos: organizaciones, pueblos indígenas y personas defensoras que siguen exigiendo un reconocimiento institucional expreso. Aunque los avances puedan parecer limitados frente a la urgencia de acciones, sostener un proceso regional sigue siendo un logro que nos impulsa a continuar trabajando por la participación, información y justicia ambiental.

La garantía del ejercicio pleno de los derechos consagrados en el Acuerdo de Escazú es una condición habilitante del desarrollo sostenible y, como tal, un requisito fundamental para una transición energética justa. La lenta implementación del Acuerdo en nuestro país se traduce hoy en proyectos energéticos —fósiles o renovables— que avanzan en un clima caracterizado por información fragmentada, tardía o inaccesible.

La falta de información clara, temprana y suficiente afecta la implementación de las consultas y el funcionamiento de la gobernanza ambiental y climática. Sin datos claros sobre planeación energética, impactos acumulativos o mitigación socioambiental, no hay posibilidad de una participación pública genuina ni de toma de decisiones realmente informadas que acompañen la transición.

Para que la salida de los combustibles fósiles se dé de una manera apegada a los principios de la justicia ambiental y climática, se necesitan mecanismos e insumos que permitan a las comunidades participar desde la definición de políticas en estas materias, no solo en la gestión de conflictos. El Acuerdo de Escazú exige participación temprana, inclusiva y con capacidad real de incidir. Sin derechos de acceso garantizados, la transición solo traerá consigo nuevos desequilibrios y potenciará las desigualdades que ya nos acompañan.

En conclusión…

Tanto la Conferencia de Santa Marta como la COP4 del Acuerdo de Escazú reafirman que la cooperación regional es un pilar para sostener derechos y abrir puentes hacia la justicia ambiental y climática. Los logros muestran que el proceso regional mantiene vigencia y capacidad de generar herramientas concretas para la participación, la información y el acceso a la justicia, elementos centrales para garantizar que la transición energética y climática se cumplan reduciendo el riesgo de reproducir desigualdades y profundizar conflictos.

En México es fundamental exigir que los compromisos asumidos en Escazú se traduzcan en políticas nacionales claras —como la hoja de ruta o el plan de implementación—, con información accesible y participación activa, libre y significativa desde las etapas tempranas de la toma de decisiones. Gobierno, instituciones y sociedad civil deben redoblar esfuerzos para garantizar que la transición energética sea justa, inclusiva y transparente. La tarea es clara y su implementación es colectiva: impulsar la salida de los combustibles fósiles en un marco de justicia social y ambiental.

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Sandra Guzmán, Directora General, GFLAC
Lorena Caballero, Directora Técnica, GFLAC
Daniel Antonio Martín Villar | Wildlands Network | Oficial Senior de Política Pública y coordinador de NOSSA
Carlos Ham Ramírez | Centro de Colaboración Cívica | Director de Programa