Visiones para una transición energética justa

Por Beatriz Acevedo*

Un ejercicio sin precedentes

Al unísono de 22 voces expertas e involucradas en el reto de llevar a México hacia una transición energética justa, la Coalición México Resiliente (CMR) logró reunir por vez primera, y en un mismo espacio, a la academia, representantes legislativos, especialistas ambientales, en energía, en finanzas climáticas, en regímenes fiscales y a lxs vocerxs de las comunidades, que coinciden todxs en la demanda de una transición limpia e incluyente.

Pertinente es recoger las visiones conjuntas resultado de este primer ejercicio de diálogo, al tiempo de agradecer a quienes nos acompañaron, aportando su experiencia y compromiso, que oportunamente ratificó la postura de las más de 40 OSC que integramos la CMR, por una transición energética justa que no deje a nadie fuera, expectantes y atentxs a la política energética que emane desde el gobierno federal.

La CMR permanece a la espera del primer informe de gestión del comité interdisciplinario de evaluación de la viabilidad de la extracción no convencional o fracking, que cumple ya dos meses de labores, reafirmando nuestra apuesta por las energías limpias, como la única vía para alcanzar la transición energética justa que México necesita y merece, aquella que respete, ante todo, el derecho a un medio ambiente limpio y sano de las comunidades que se oponen al fracking, a quienes abiertamente respaldamos.

Un resultado conjunto luego de los diálogos para la transición energética justa

La transición energética representa una oportunidad histórica para transformar la forma en que México produce, distribuye y consume energía. Sin embargo, esta transformación no será justa ni sostenible si únicamente sustituye tecnologías sin modificar las desigualdades, exclusiones y daños que han caracterizado al modelo energético actual.

Las reflexiones derivadas de los Diálogos por la Transición Energética Justa en México convergen en una visión común: la transición debe construirse desde los territorios, con participación social efectiva, justicia fiscal, equidad de género, respeto a los derechos humanos y una distribución más democrática de los beneficios de la energía.

Los 10 aprendizajes que arrojaron las conversaciones del pasado 28 de mayo:

1. La transición energética debe transformar el modelo de desarrollo, no solo la matriz energética

La transición energética justa no puede reducirse a sustituir combustibles fósiles por energías renovables. Implica revisar los patrones de producción y consumo, las estructuras económicas que generan desigualdad y los mecanismos mediante los cuales se distribuyen los beneficios y costos del desarrollo. Avanzar hacia una transición justa requiere repensar la relación entre energía, bienestar, territorio y sostenibilidad.

2. Los recursos públicos deben dejar de fortalecer la dependencia fósil

El gobierno mexicano continúa destinando una proporción significativa de recursos públicos a actividades vinculadas con los combustibles fósiles, mientras el financiamiento para la acción climática sigue siendo insuficiente. Reorientar subsidios e incentivos hacia la eficiencia energética, las energías renovables y la resiliencia climática constituye una condición fundamental para acelerar la transición y fortalecer la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

3. La justicia fiscal es indispensable para financiar la transición

La transición energética requiere mecanismos de financiamiento que distribuyan de manera más equitativa las responsabilidades y beneficios. Quienes tienen mayores ingresos concentran más riqueza y generan mayores impactos ambientales, por lo tanto, deben contribuir proporcionalmente más al financiamiento de la transformación energética. Una transición justa también implica una política fiscal justa.

4. El fracking no representa una solución compatible con una transición energética justa

Las evidencias presentadas durante el diálogo coinciden en señalar que el fracking genera importantes impactos ambientales, climáticos, hídricos, territoriales y de salud pública. Además de profundizar la dependencia de los combustibles fósiles, sus beneficios económicos se concentran en pocos actores, mientras que sus costos recaen principalmente sobre comunidades y ecosistemas.

5. La gestión de la demanda y la eficiencia energética deben convertirse en el centro de la transición energética

La reducción de consumos innecesarios debe ser una prioridad estratégica de la política energética nacional. Incrementar la eficiencia energética en hogares, industrias, edificios y sistemas públicos permite reducir costos, disminuir emisiones y aliviar la presión sobre la infraestructura energética.

6. Las comunidades deben participar de manera activa y efectiva en las decisiones energéticas

La participación social no puede limitarse a procesos informativos o consultivos. Una transición energética justa requiere mecanismos vinculantes que permitan a las comunidades influir en las decisiones que afectan sus territorios, así como fortalecer los procesos de gobernanza local, transparencia y rendición de cuentas en el desarrollo de proyectos energéticos. Además de que está comprobado que las comunidades pueden ser desarrolladoras efectivas de proyectos en campo, lo que ayudaría a reducir la pobreza energética del país, y alcanzar con ello una verdadera soberanía energética.

7. La justicia energética implica reconocer y atender las desigualdades sociales y de género

Las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades rurales y otros grupos históricamente excluidos enfrentan de manera desproporcionada los costos del modelo energético actual. El modelo extractivista y patriarcal debe transitar hacia uno inclusivo, descentralizado que no incrementa las desigualdades. Incorporar perspectivas de género, derechos humanos e inclusión social es indispensable para garantizar que la transición reduzca desigualdades en lugar de profundizarlas.

8. La generación distribuida y las energías comunitarias deben ser pilares de la transición

La democratización de la energía requiere ampliar el acceso a modelos de generación distribuida, descentralizada, colectiva y comunitaria. Estos esquemas fortalecen la autonomía energética, mantienen beneficios económicos en los territorios, promueven la apropiación social de la tecnología y contribuyen a construir sistemas energéticos más resilientes y equitativos. Los proyectos energéticos deben contribuir al desarrollo local, generar empleo digno, fortalecer capacidades comunitarias y respetar las prioridades de cada territorio. La transición energética será más legítima y sostenible cuando las comunidades participen no solo en las decisiones, sino también en la propiedad y distribución de los beneficios derivados de la energía.

9. La transición a un modelo renovable, justo e inclusivo, implica reasignar conocimientos de la industria fósil

La transición energética será justa si logra aprovechar el potencial y conocimiento de industrias convencionales para generar formas renovables e inclusivas de generar y aprovechar la energía. La industria fósil puede tener una salida digna, y ser reasignada en espacios que permitan la eficiencia, la generación, y la gestión de la energía de manera sostenible.

10. La transición energética justa debe incorporar la reparación de daños históricos

Las comunidades afectadas por actividades extractivas y grandes proyectos energéticos han asumido durante décadas costos ambientales, sociales y económicos que permanecen sin atender. Construir una transición justa requiere reconocer estos impactos, fortalecer mecanismos de reparación y avanzar hacia una nueva arquitectura institucional que garantice justicia, redistribución y restauración territorial.

En síntesis, qué rescatamos ¿qué expresaron lxs panelistas de los diálogos por la transición energética justa?

El debate sobre la transición energética en México lleva años instalado en el terreno de la urgencia. Lo que los Diálogos por la Transición Energética Justa del pasado 28 de mayo pusieron en evidencia es que la urgencia ya no alcanza como argumento: lo que falta es claridad sobre las condiciones estructurales, fiscales, políticas y territoriales, que determinan si esa transición será justa o simplemente será.

Habiendo reunido a científicos, legisladores, representantes comunitarios, especialistas fiscales y organizaciones de la sociedad civil en tres paneles y una sesión de cierre que dejaron un diagnóstico sin ambigüedades: el problema de México no es la falta de conocimiento ni la ausencia de alternativas. Es la persistencia de un modelo que sigue siendo protegido por las decisiones presupuestarias, regulatorias y políticas del Estado.

El dinero no miente: a dónde van los recursos públicos

Sandra Guzmán, Directora General de GFLAC, situó la discusión desde el primer panel en el terreno de los números. Entre 2012 y 2024, México destinó cerca de 255,000 millones de dólares a subsidios a los combustibles fósiles. Con esa misma cantidad se habría podido financiar 363 veces el programa nacional de investigación en cambio climático. Mientras los países de América Latina invierten en promedio cinco veces más en fósiles que en acción climática, en México esa proporción es de 15 a 1.

Esta brecha no es accidental. Como señaló Guzmán, refleja decisiones concretas de asignación presupuestaria que el Estado sigue tomando año con año. El problema, como plantea el Índice de Finanzas Sostenibles 2025 de GFLAC, no es la falta de recursos, sino las prioridades que revelan las finanzas públicas. Dicho de otro modo: el dinero para la transición existe; lo que falta es la voluntad política de redirigirlo.

El fracking como síntoma de un problema más profundo

Uno de los consensos más sólidos del evento fue el rechazo al fracking como vía de transición. Pero más relevante que el rechazo en sí fue el argumento detrás de él. Luca Ferrari, del Centro de Geociencias de la UNAM, señaló que México lleva 22 años de producción petrolera en declive por razones geológicas y que insistir en el fracking no responde a una lógica técnica sino a la incapacidad de aceptar que el país ya no es una economía petrolera. “México ya no es un país petrolero y hay que aceptarlo”, afirmó.

Manuel Llano, de CartoCrítica, aportó la dimensión territorial que suele quedar fuera del debate legislativo: cada pozo de fracking requiere entre 8 millones y 80 millones de litros de agua, genera aguas residuales con metales pesados y materiales radioactivos, y sus efectos sobre la salud se documentan en un radio de hasta 15 kilómetros, con impactos desproporcionados en niñas, niños y mujeres embarazadas. 

Más allá de los impactos puntuales, Llano señaló que el problema estructural de México no es la ausencia de fracking, sino haber construido deliberadamente un sistema eléctrico donde el 60 % de la generación depende del gas, más del 70 % importado de Estados Unidos. Esa es la dependencia que urge resolver.

Diego Merla, de Oxfam México, trasladó la discusión al terreno político: la persistencia del modelo fósil no se explica solo por su peso económico, sino por las relaciones de poder que lo sostienen. “Mientras más concentrada está la riqueza y el poder, mayor es el riesgo para la democracia”, señaló, apuntando a que la concentración extrema de riqueza permite a unos pocos influir en decisiones que afectan a millones.

Laura Ballesteros, legisladora de Movimiento Ciudadano, vinculó esta discusión con la necesidad de traducir los consensos sociales en cambios normativos concretos. Recordó que los costos ambientales y sociales del modelo energético actual recaen de manera desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables, citando casos como los derrames petroleros en el Golfo de México, los impactos asociados al Tren Maya y las actividades de fracking en entidades como San Luis Potosí y Tamaulipas. 

En este contexto, llamó a construir acuerdos legislativos amplios para prohibir el fracking, una demanda respaldada por más de 150 asambleas comunitarias y más de 150,000 firmas entregadas a la Cámara de Diputados.

Beatriz Olivera, de Engenera, reforzó esta perspectiva al señalar que incluso los proyectos experimentales de fracking ya han generado impactos documentados en los territorios donde se han implementado. Desde su perspectiva, ampliar esta práctica implicaría profundizar desigualdades preexistentes dentro de un sistema energético que continúa reproduciendo patrones de exclusión. 

Asimismo, advirtió que una discusión seria sobre una transición energética justa no puede limitarse a los combustibles fósiles, sino que debe incorporar también el debate sobre la regulación de actividades extractivas vinculadas a la transición, como la minería de litio y tierras raras.

La transición tiene género y tiene territorio

Uno de los aportes más significativos de los Diálogos fue la incorporación explícita de las dimensiones de género y territorio como condiciones estructurales de la transición, no como adendas. Jacqueline Valenzuela, de CERCA, documentó que cuando el suministro eléctrico es precario o inexistente, son las mujeres quienes absorben ese costo en sus labores cotidianas de cuidado, cocción y alimentación. Y cuando se convocan asambleas comunitarias sobre energía, son las primeras en llegar, porque son quienes viven más directamente la precarización energética.

Alejandra Jiménez, de CORASON, cuestionó el uso del concepto “energía limpia”, que ha permitido incluir al gas fósil bajo una apariencia de sostenibilidad, y amplió la definición de energía desde la perspectiva comunitaria: para las comunidades campesinas e indígenas, la energía no se limita a electricidad o combustibles. Es el agua, la tierra, la milpa, las condiciones que sostienen la vida colectiva. Esta distinción no es semántica: define qué se protege y qué se sacrifica cuando se diseña una política energética.

Luisa Sierra, de IDEA, complementó esta reflexión señalando que muchos proyectos renovables de gran escala reproducen dinámicas similares a las del modelo energético convencional: la energía se produce en los territorios, pero los beneficios económicos se concentran fuera de ellos. Desde esta perspectiva, una transición verdaderamente justa requiere democratizar la propiedad de los sistemas energéticos para que las comunidades participen no solo como receptoras de infraestructura, sino también como propietarias y beneficiarias de los proyectos. 

Para ello identificó dos desafíos centrales: un marco regulatorio que continúe facilitando el crecimiento de iniciativas distribuidas y comunitarias, y mecanismos financieros capaces de responder a los perfiles de riesgo particulares de estos proyectos.

Karla Cedano, del IER-UNAM, propuso repensar la medición de la pobreza energética desde la misma lógica: la pregunta relevante no es cuántos watts se consumen, sino si las personas tienen suficiente energía para participar plenamente en sociedad. Sobre esta base, planteó la promotoría energética comunitaria —personas en las propias comunidades que acompañan a sus vecinos— y la necesidad de gravar sobreconsumos para redirigir esos recursos hacia la generación distribuida comunitaria.

Lo que ya funciona y nadie escala

Frente al diagnóstico de lo que no funciona, los paneles también documentaron lo que sí lo hace. Odón de Buen, de la Red por la Eficiencia Energética, señaló que la tecnología ya disponible podría generar ahorros de hasta el 30 % del consumo energético nacional. El obstáculo no es técnico: son los 60,000 millones de pesos anuales en subsidios mal focalizados que podrían redirigirse hacia eficiencias reales a nivel local.

Gilberto Sánchez, de ANES, aportó que México ya supera los 600,000 usuarios de generación distribuida, el 85 % hogares, sin acceso a incentivos fiscales específicos. La generación solar en techos ya es una realidad masiva. Lo que falta es un marco regulatorio y financiero que la extienda hacia comunidades rurales e indígenas con perspectiva de género.

La Fundación Tosepan en Puebla demostró que ese modelo es posible. Yesenia Ramiro compartió cómo comunidades indígenas implementan y mantienen sus propios sistemas fotovoltaicos, transfieren conocimientos técnicos a jóvenes y construyen autonomía energética desde sus propias cosmovisiones. La experiencia existe. Lo que falta es voluntad política para replicarla.

La discusión también incorporó la experiencia de los gobiernos subnacionales. Nelsy Santiago Pérez, de la Agencia Estatal de Energía de Querétaro, destacó que los estados pueden desempeñar un papel estratégico como articuladores entre comunidades, empresas, instituciones financieras y gobiernos. 

En su opinión, la eficiencia energética debe constituir la base de cualquier estrategia territorial de transición, complementada posteriormente por energías renovables. Asimismo, subrayó que la certeza regulatoria y los procesos multiactorales impulsados desde los estados son elementos clave para atraer inversión y reducir barreras de financiamiento.

Desde una perspectiva de transformación económica, Marbellys Chacón Socorro, consultora en la industria petrolera, sostuvo que la transición no implica abandonar el sector energético tradicional, sino reconvertir sus capacidades. Señaló que las empresas de hidrocarburos enfrentan riesgos crecientes asociados al acceso a financiamiento, criterios ESG, reputación corporativa y futuros mecanismos de ajuste de carbono en el comercio internacional. 

También planteó orientar incentivos económicos hacia estados históricamente petroleros como Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, con el fin de facilitar una transición laboral justa para las comunidades que hoy dependen de esta actividad.

La deuda que la transición no puede eludir

La sesión de cierre fue quizás la más directa en nombrar lo que suele quedar fuera del debate técnico. Katya Puga, de México Sostenible, planteó que no existe futuro energético sin reconocer los daños del pasado y construir mecanismos concretos de reparación. Una transición justa, argumentó, implica no solo repartir beneficios y costos futuros, sino reconfigurar las estructuras de poder que han determinado quién carga con los costos históricamente.

El legislador Joaquín Zebadúa documentó la paradoja de Chicoasén, Chiapas: un municipio ubicado junto al río Grijalva que alimenta una de las grandes hidroeléctricas del país y que enfrenta, al mismo tiempo, problemas crónicos de acceso al agua y la electricidad. Esa imagen, más que cualquier dato, resume lo que significa la injusticia energética en México.

Gemma H. Santana Medina, de Sélvame MX, amplió la discusión hacia la relación entre transición energética y conservación ambiental. Alertó sobre la fragilidad del sistema energético mexicano y cuestionó la insuficiencia de nuevas inversiones capaces de transformar estructuralmente el sector. Al mismo tiempo, recordó que la degradación de los ecosistemas implica costos crecientes para la sociedad y que la conservación suele resultar más eficiente y menos costosa que los procesos de restauración posteriores. Desde esta perspectiva, planteó que la ciencia, la protección de la biodiversidad y modelos como el turismo de conservación deben ser considerados componentes estratégicos de una agenda integral de sostenibilidad.

Una agenda sin atajos

Las voces de los Diálogos convergieron en un punto: la transición energética en México no está limitada por la falta de conocimiento ni por la ausencia de recursos. Está condicionada por la persistencia de estructuras económicas, fiscales y políticas que siguen favoreciendo el modelo que se dice querer abandonar.

Avanzar implica reorientar subsidios, prohibir el fracking, garantizar participación comunitaria vinculante, incorporar la perspectiva de género desde el diseño de las políticas y construir mecanismos reales de reparación para los territorios que han sostenido durante décadas el modelo energético del país.

Varias intervenciones coincidieron en que el desafío no puede resolverse únicamente mediante nuevas leyes o tecnologías. Isabel Studer, de Sostenibilidad Global, subrayó que las políticas públicas son una condición necesaria, pero insuficiente, para transformar el sistema energético. La transición requiere construir alianzas entre gobiernos, comunidades, academia, sector privado y sociedad civil, además de fortalecer capacidades locales y adaptar las soluciones a las realidades culturales y territoriales de cada región. En otras palabras, la transición energética no depende solamente de cambiar infraestructuras, sino de transformar las formas de colaboración y gobernanza que las sostienen.

En este mismo sentido, la legisladora Laura Ballesteros propuso fortalecer mecanismos permanentes de vigilancia y participación ciudadana, como un Observatorio de Presupuesto Climático, que permita dar seguimiento al uso de los recursos públicos y asegurar que las decisiones presupuestarias sean coherentes con los compromisos climáticos y energéticos del país.

No hay transición justa sin transformar, al mismo tiempo, las relaciones de poder que definen quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos. Tampoco será posible sin democratizar el acceso, la propiedad y la gobernanza de la energía, fortalecer las capacidades locales y garantizar que los recursos públicos acompañen los objetivos que el país dice perseguir. Esa es la conversación que México ya no puede seguir postergando.

Una clara conclusión final

Una transición energética justa no consiste únicamente en cambiar las fuentes de energía. Implica transformar las relaciones de poder que han definido históricamente quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos del desarrollo energético.

El futuro energético de México dependerá de la capacidad de construir un sistema más democrático, incluyente y sostenible, donde las comunidades, las personas y los territorios ocupen un lugar central en la toma de decisiones. Porque una transición verdaderamente justa no solo cambia la forma en que producimos energía: transforma la manera en que distribuimos oportunidades, bienestar y poder.

La transición energética justa para México nos convoca como sociedad civil a involucrarnos activamente y permanecer informadxs adecuadamente es responsabilidad de todxs, por ello queda abierta la invitación a seguir atentamente cada una de las acciones que impulsamos desde la Coalición México Resiliente, empezando por revivir este maravilloso ejercicio. ♦

*Beatriz Acevedo es especialista ambiental y coordinadora de prensa / RRPP de la Coalición México Resiliente. Redes: @mexico.resiliente