blogeditor · 10 de junio de 2022
Casi ocho años desde que partí de México en busca de nuevos retos y oportunidades, pero siempre atento a lo que sucede en el país. En el sector energético ha sido difícil ver el rumbo que este gobierno ha tomado. Antes del 2018, México se posicionaba como uno de los lugares más atractivos y con mayor potencial en energías renovables. Ese potencial lleva cuatro años anestesiado. Como ya expliqué en otra entrada, volver a un modelo dominado por el Estado es volver a un modelo del siglo XX encontrándonos cerca del primer cuarto del siglo XXI. En el caso de México, resulta difícil explicar cómo, con el potencial en energías limpias que tenemos, se le da prioridad a construir una refinería y a mantener las plantas eléctricas contaminantes de la CFE. 1 En la lucha global contra el cambio climático, ese tipo de inversiones quedan ancladas y tienen repercusiones a largo plazo, no solo en México, sino en todo el mundo. Atrasar, y peor aún, frenar la transición energética es erróneo en todos los sentidos. Indudablemente, estaríamos mejor en lo económico y en lo social acelerándola.
Sobra decir que la liberación del sector iniciada por el gobierno anterior tiene muchísimas áreas de oportunidad. Pero retroceder a un sistema de control del Estado no es la solución. En primer lugar, los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la energía renovable de privados siendo más cara que la de CFE son completamente falsos. Y deberían ser fácilmente desmentidos con información del operador del sistema (en teoría independiente) CENACE. En segundo lugar, establecer porcentajes fijos de producción, en este caso, para proteger a las empresas del Estado, causa más problemas que beneficios en la mayoría de los casos, como toda persona que se sentó en un curso de Economía 1 entenderá. En todo caso, la energía renovable, sea privada o pública, es más barata que la proveniente de fósiles en cada vez más partes del mundo. Y México, con los recursos renovables que tiene, no es ni debe ser la excepción.
Así, a mayor penetración de renovables (de nuevo, ya sea pública o privada), los precios de electricidad deberían bajar y podrían tener un impacto significativo y positivo en los bolsillos de ciudadanos. Dicho eso, la electricidad está fuertemente subsidiada en México y los consumidores están poco expuestos a los precios reales. Es importante resaltar que aproximadamente 0.5% del producto interno bruto (PIB) se destina a subsidios eléctricos. Estos subsidios son regresivos –ya en otra entrada había comentado que no hay razón para que mi consumo esté subsidiado- y esos recursos podrían destinarse a programas sociales con mayor impacto. En resumen, si utilizáramos más fuentes renovables, los precios de electricidad bajarían y el espacio fiscal para programas sociales crecería.
Más allá de los precios, la transición energética tiene otros impactos socio-económicos importantes. En mi paso por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA por sus siglas en inglés), constantemente demostramos cómo países en vías de desarrollo y dependientes de energías fósiles estarían mejor acelerando transiciones energéticas. Las mejoras son significativas en términos de PIB, empleos y bienestar social.
En términos de PIB, las transiciones energéticas requieren fuertes inversiones (públicas y privadas) para instalar nuevas plantas de energía limpia, así como para actualizar las redes e infraestructura. Asimismo, accediendo a fuentes renovables locales, la necesidad de importar combustibles disminuye, lo cual mejora no solo la seguridad energética, sino también la balanza comercial. Con la implementación de un impuesto de carbono agresivo, el ingreso del gobierno aumentaría y con ello su capacidad de gasto. Si los impuestos se reciclaran en pagos a ciudadanos de bajos ingresos, estos podrán aumentar su capacidad de consumo. En México, la administración ha disfrazado el rezago en crecimiento en PIB (y el Banco Mundial acaba de recortar su pronóstico de crecimiento para el país). La transición energética brinda una oportunidad de fortalecer el crecimiento económico, misma que el gobierno actual ha desaprovechado.
La creación de empleos es otro indicador sustancial para cualquier gobierno. Inevitablemente, aquellos empleados en sectores fósiles perderán su empleo con la transición energética. Pero la buena notica es que los empleos que se crearán sobre-compensarán estas pérdidas. A fin de no dejar a nadie atrás, es importante diseñar políticas laborales y educativas que faciliten y promuevan el entrenamiento y la transferencia de habilidades. Por ejemplo, muchas de las habilidades en pozos petroleros podrían transferirse relativamente fácil a proyectos eólicos marítimos. El sector de gas tiene muchas sinergias con el de hidrógeno. Para aquellos que no puedan ser re-entrenados, será importante brindarles acceso al sistema de seguridad social y apoyos adicionales rápidamente.
En cuanto a bienestar social, estaremos mucho mejor en distintas dimensiones si embarcáramos en la transición energética. En un México con menos emisiones, estaríamos contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y sus efectos devastadores. Con un aire más limpio que respirar, nuestra salud y calidad de vida mejorarían significativamente. De reciclar los impuestos de carbono en pagos a hogares de bajos ingresos, se estaría ayudando a reducir las fuertes desigualdades e inequidades del país. Un despliegue de renovables ayudaría a cerrar la brecha de acceso a energía, sobre todo en comunidades indígenas. No solo tendrían acceso a electricidad y fuentes limpias para cocinar; sus servicios serían más confiables, duraderos y asequibles. Esto mejoraría su calidad de vida y capacidad productiva.
Con esto, sobran razones para promover la transición a energías limpias y resulta incomprensible que la administración la frene. Si su preocupación es la participación de empresas extranjeras, una solución sería implementar requerimientos de contenido local. Estos, dicho sea de paso, no están libres de controversias y han tenido resultados mixtos alrededor del mundo. En Brasil, por ejemplo, he analizado cómo con el apoyo del banco de desarrollo BNDES, la industria eólica local se fortaleció. Pero la política no tuvo el mismo resultado en la industria solar. En Indonesia, donde se instauraron sin la capacidad industrial adecuada, estos requerimientos han parado en la Suprema Corte y han incluso cancelado subastas eléctricas.
En México, me atrevo a decir justificadamente que la capacidad de este gobierno para diseñar el tipo política industrial necesaria y políticas complementarias para fortalecer al sector energético es inexistente. No olvidemos que este gobierno promovió a un candidato a comisionado de la Comisión Reguladora de Energía que no sabía qué era un CEL (certificado de energía limpia) y bromeó con que es un teléfono celular. En el Poder Judicial (en teoría independiente), una ministra de la Suprema Corte defensora de la Reforma Eléctrica del presidente confundió megabytes con megawatts. Preocupante e increíblemente, estas personas, tomadoras de decisiones o con el potencial de serlo, se prepararon para una audiencia menos de lo que yo para ese examen de biología que reprobé terriblemente en la prepa. A nivel local se les acaba de caer un puente colgante en su inauguración. El sector energético se encuentra colgando de una última cuerda. Evitemos que caiga, como los habitantes de Cuernavaca que fueron a inaugurar el puente.
Arriesgando la decepción del lector, no cuento de momento con una lista de políticas industriales a implementar, ya que el diseño, análisis e implementación efectiva de estas van más allá de una entrada de blog y son dignas de estudios y reportes extensos, mismos que deben considerar las peculiaridades, limitaciones y ventajas del contexto de nuestro país. Un aspecto primordial, por ejemplo, será atender las preocupaciones, así como maximizar los beneficios y oportunidades de empleo en comunidades indígenas, en cuyas tierras se planea desarrollar muchos de los proyectos de energía limpia. Como whitexican con nulo conocimiento de los usos y costumbres de estas comunidades, cuento con poca autoridad moral para dictar soluciones a este complejísimo problema.
Lo que sí puedo afirmar, porque lo he analizado alrededor del mundo una y otra vez, es que acelerando la transición energética tendremos, en general, un mayor PIB, más empleos y mayor bienestar social. El reto en México consistirá entonces en encontrar la manera de distribuir estos beneficios equitativamente. Pero en primer lugar, la transición implica reducir progresivamente la producción y consumo de energías fósiles, además de desplegar las renovables rápidamente. Cuatro años ha tenido el gobierno para hacer lo segundo y no solo no lo ha hecho; peor aún, ha frenado el desarrollo del sector privado. En lugar de reducir la producción de energías fósiles, ha apostado por incrementarla.
La transición a energías limpias en México requiere una limpia en gobierno. Yo, y seguramente otros niños fifís con vocación hacia el servicio público, seguiré atento a lo que suceda en el país; seguiré preparándome, de lejitos, cruzando los dedos y esperando una oportunidad después de 2024. Lamentablemente, parece que tendremos más de lo mismo. Doce años de anestesia en un sector (y país) con tanto potencial serían una tragedia.
* Carlos Guadarrama (@ca_guadarrama) es especialista en política energética, transiciones justas e incluyentes, y co-beneficios de energías renovables. Ha trabajado estos temas alrededor del mundo en el Banco Mundial e IRENA. También ha trabajado con la OCDE en temas de mejora regulatoria en México. Es egresado del ITAM y de la Escuela de Gobierno de Harvard, donde obtuvo su maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional.
1 Las hidroeléctricas no caen en este rubro.