Transición energética democrática

La Agencia Internacional de Energía estima que en 2020 las energías renovables serán las menos afectadas por la contracción de la demanda mundial energética más drástica que se ha registrado en 70 años. En el último trimestre, las renovables han registrando incluso un aumento en la demanda, pues se les ha dado prioridad en su despacho debido a sus bajos costos y para aprovechar el crecimiento en su capacidad instalada. Mientras esto sucede en el mundo, en México, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha optado por el camino opuesto, poniendo fin a las pruebas operativas para nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y dándole prioridad en el despacho a la electricidad generada por la CFE con combustóleo, que es más cara y muy contaminante.

En medio de una de las peores crisis económicas y de salud, el acuerdo del CENACE, además de incumplir la ley y provocar más emisiones contaminantes, afecta inversiones por casi 6,500 millones de dólares en 44 plantas de energía eólica y solar, poniendo en riesgo casi 30,000 empleos. Más aún, al generar electricidad más cara y no poder aumentar las tarifas eléctricas, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador incumpliría su promesa electoral de mantener la energía barata, la CFE tendrá que asumir tal costo como pérdida. Si a ésta sumamos las de Pemex, a razón de 34 mil millones de dólares en 2019 y peores en 2020, como contribuyentes tenemos derecho a saber ¿a qué interés público sirve el gobierno con estas inversiones de los recursos públicos?

Sería mejor que el presidente siguiera los consejos del titular de la SEMARNAT, Victor Toledo, quien propuso, en un artículo de La Jornada, que el “gobierno anti-neoliberal” fundamente la recuperación económica y social en la transición ecológica. Preocupado por la “obnubilación con el petróleo, aun cuando éste se agotará en seis años”, sugiere la obligada transformación de Pemex en Solmex y la democratización de la electricidad, pasando de un modelo dirigido por empresas estatales y corporaciones privadas a uno descentralizado, controlado por la sociedad y basado en las renovables. Aunque estaría por discutirse el papel de las grandes centrales eléctricas en este modelo energético democrático, el secretario Toledo tiene claro que de darse la transición energética como uno de los ejes de la recuperación, México podría posicionarse como líder del siglo XXI.

Cierto que la agenda anti-neoliberal del presidente López Obrador va muy a tono con los cuestionamientos a nivel global, que ya se hacían aún antes de la pandemia por los excesos del modelo capitalista, de un mercado globalizado y desregulado, no incluyente y con impactos brutales sobre la desigualdad y el capital natural. Contar con un Estado fuerte es sin duda un elemento crucial para atravesar por la que probablemente sea la mayor crisis económica del último siglo. Pero un Estado fuerte no es sinónimo de uno autoritario, como parece entenderlo el presidente. Por el contrario, es uno que respeta la ley y la hace respetar, rinde cuentas sobre el uso responsable de los recursos públicos, regula -no destruye- al mercado, y lidera la construcción de economías inclusivas y resilientes, blindadas contra futuros eventos disruptivos como el del COVID 19.

* Isabel Studer es directora fundadora de Sostenibilidad Global A. C., ONG recientemente creada para impulsar la acción climática desde la sociedad y el sector empresarial. Ha sido Directora de Alianzas Estratégicas para América Latina de The Nature Conservancy y responsable de la estrategia de Soluciones Climáticas basadas en la Naturaleza para la región. Es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, y Maestra y Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins-SAIS.