Redacción Animal Político · 28 de agosto de 2023
Este Plumaje es la segunda parte de un recuento de las acciones emprendidas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en detrimento de la institucionalidad democrática de México, las cuales consideramos como señales de un proceso más amplio de retroceso democrático.
En su libro Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt identifican las siguientes cuatro señales que indican el carácter autoritario de un personaje político, cualquiera de las cuales debería causar preocupación: i) rechazo a las reglas del juego democrático; ii) deslegitimación de oponentes políticos; iii) tolerancia o apoyo a la violencia, y iv) voluntad para coartar las libertades de oponentes, incluyendo a los medios de comunicación.
Ya sea mediante los ataques constantes al Instituto Nacional Electoral, la estigmatización normalizada de opositores, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o el titubeo al condenar actos violentos contra la figura de la ministra Norma Piña, el presidente ha demostrado su disposición a incurrir en prácticamente todas estas conductas autoritarias. A continuación, analizamos dos aspectos más por los que las acciones de su gobierno ponen en riesgo la democracia constitucional que tanto ha costado a las y los mexicanos.
En México, una de las principales preocupaciones para la democracia es la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas que tradicionalmente han estado reservadas a los civiles. El caso más desastroso es sin duda su participación en tareas de seguridad pública que, lejos de erradicar la violencia, ha facilitado la comisión de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes atroces.
La militarización alcanzó un punto crítico el 9 de septiembre de 2022 cuando, a iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó una serie de reformas para trasladar a la Guardia Nacional –una corporación formalmente civil pero materialmente militar– a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo cual vulnera el supuesto carácter civil de la Guardia Nacional e implica que su control administrativo y operativo esté a cargo de la SEDENA. Lo anterior, vulnera flagrantemente la Constitución y, visto a la luz de las renovadas facultades que estas reformas otorgan a la Guardia Nacional en materia de investigación e inteligencia, es un camino preocupante hacia la arbitrariedad.
Aunado a ello, las reformas perpetúan la naturaleza opaca con la que han operado las Fuerzas Armadas, mediante la sujeción de los elementos militares comisionados a la Guardia Nacional al fuero militar para casos de infracciones castrenses, además de la justificación de acciones de “seguridad nacional” para negar información que debería ser pública. Todo ello, en un contexto en el que las Fuerzas Armadas cuentan con un renovado protagonismo en la vida pública de México, al tiempo que acumulan recursos en la opacidad y tareas que habían sido confiadas a las autoridades civiles.
Otro suceso preocupante en esta materia es la reforma constitucional para extender, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad: el 18 de noviembre de 2022 se publicó una reforma para extender –de 5 a 9 años– el período en que el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ello, supuestamente “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial” y solo de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, atributos que en la práctica no se cumplen. Preocupa que esta reforma no plantea fortalecer a una corporación civil que permita implementar una verdadera política de seguridad ciudadana, ni cuenta con un plan para regresar paulatinamente a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
Es importante indicar que, en abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la norma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la SEDENA; ello representa un triunfo para el ejercicio de controles democráticos en las tareas que de facto realizan los elementos militares que conforman la Guardia Nacional, sin embargo, el presidente ha anunciado que busca promover una reforma constitucional para que dicha transferencia pueda cristalizarse.
Los anteriores episodios de ataques desde el Ejecutivo hacia otras instituciones del Estado mexicano, tienen otro elemento común: la intervención del Poder Judicial Federal, muchas veces a través de la SCJN, que ha frenado decisiones e incluso invalidado leyes por ser abiertamente contrarias a la Constitución. Ante ello, el presidente ha entrado en una confrontación directa con dicho poder. Las expresiones y ataques se han intensificado de manera notoria desde que la ministra Norma Piña tomó cargo como presidenta de la Corte y se han caracterizado por subir el tono, de una crítica al trabajo de jueces y juezas, a una serie de acusaciones por supuestos actos de corrupción, pero sin demostrar pruebas de sus palabras.
Un ejemplo reciente -pero de los cuales hay muchos- es la carta que el presidente leyó en su conferencia matutina del 10 de agosto pasado, dirigida al juez que, en una suspensión de un juicio de amparo, ordenó al titular del Poder Ejecutivo que se abstuviera de hacer comentarios sobre la aspirante presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, por darse expresiones con malicia efectiva. En dicha carta, le acusó de “[…] proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo”. 1
Acusaciones como estas, siempre como respuesta a decisiones judiciales que le son adversas, se han vuelto una constante y han generado que se repliquen desde otros ámbitos, como el del partido Morena en el Poder Legislativo, donde el 20 de julio pasado diputados de dicho partido presentaron una demanda de juicio político en contra de las ministras y ministros de la SCJN. Más allá de la evidente improcedencia de dicha demanda, estas acciones evidencian cómo la SCJN y todo el Poder Judicial de la Federación se han vuelto sumamente incómodos para el Ejecutivo, por detener constantemente los intentos de debilitamiento de otros organismos contramayoritarios orquestados desde la presidencia de la República.
Todas esas acciones generan en gran parte de la sociedad una opinión de animadversión hacia el Poder Judicial así como la falsa creencia de que este se dedica a liberar delincuentes y sirve sólo a cúpulas del poder. Aquí vale la pena recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que “[…] los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”. 2 Con la constante campaña contra el Poder Judicial, por parte del Ejecutivo, la independencia judicial en México se encuentra comprometida.
Las referidas acciones del Poder Ejecutivo evidencian un desgaste democrático en México, en tanto que, ya no de forma velada, sino abiertamente, se busca la sujeción de otros poderes y actores del Estado a la voluntad política del partido en el poder, siempre bajo el argumento de que cuentan con la mayoría de la voluntad ciudadana.
Sin embargo, dicho argumento olvida por completo que, en una democracia constitucional, como lo es México y que así se desprende del texto constitucional, la voluntad de la mayoría no es soberana a tal medida que implique la transgresión de las reglas del juego democrático, la falta de respeto a la independencia judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos, así como, y de manera especial, la violación a los derechos humanos. Justamente, la esencia de una democracia de este tipo -constitucional- conlleva que existan órganos contramayoritarios, que velen por las minorías frente a la voluntad mayoritaria.
Las acciones del presidente de la República y de otros integrantes del partido político al que pertenece, mediante ataques y estigmatizaciones a sus opositores, a defensores de derechos humanos y periodistas, a integrantes del Poder Judicial Federal y de órganos constitucionales autónomos, sólo generan una polarización de la opinión pública y una inhibición de quienes sufren los ataques, para seguir participando de forma activa en la discusión pública -en el caso de particulares- o para ejercer sus facultades legales y constitucionales -cuando hablamos de autoridades-.
Estas acciones, que se sustentan en la idea de una sola opinión correcta, la de la mayoría encarnada en el presidente, no reflejan la democracia, sino que, por el contrario, la pervierten y debilitan, precisamente porque democracia, entre muchas otras cosas, implica el respeto a la diversidad de opiniones y voces dentro de una sociedad plural.
* Carlo Carvajal (@carlocarvajal) es Maestro en derecho internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Actualmente es Oficial de Incidencia en la CMDPDH. Víctor Miguel Dávila Leal (@victormdavleal) es abogado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España; es colaborador en el Área de Defensa Integral de la @CMDPDH.
1 Domínguez Pedro, AMLO presenta carta que envió a juez que ordenó no hablar de Xóchitl Gálvez: “el de la malicia efectiva es usted”, Milenio, 10 de agosto de 2023.
2 CoIDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, párrafo 131.