¿Tradición de asilo para quién?

El problema del anuncio de Biden de hace unos días en materia migratoria, la extensión de un programa de permiso humanitario para 30,000 individuos provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, parece ser su ineficacia para tratar la situación de los migrantes. A primera vista, agrava su situación ya de por sí precaria, pues la ampliación del Título 42 sigue vigente para todos los que intenten cruzar la frontera por tierra. Creada en tiempos de la pandemia para contener la propagación del contagio, esta política fronteriza se ha utilizado después como instrumento para contener los flujos migratorios de la frontera de los Estados Unidos. No importa de qué país se acuda, aún sea en busca de asilo, si no se respetan los requisitos—tener una patrocinador en los EE.UU, aprobar una verificación de antecedentes, de seguridad y de condiciones sanitarias—la entrada no está permitida. Además de que los requisitos sólo aplican a los integrantes de los cuatro países, parece que se han olvidado ciertas cuestiones, como que algunos de estos individuos son perseguidos por grupos criminales y otros ni siquiera tienen los recursos para facilitarse un pasaporte.

Evidentemente, los que no entran a EE.UU se han de quedar en este lado de la frontera. Ni qué hablar en este aspecto de la grave omisión al derecho de asilo internacional. En todo caso, mientras que la ampliación de la vías legales es un buen paso para los estadounidenses, México parece seguir bastante alejado de lo que podríamos llamar una ‘estrategia migratoria’. A primera vista, con los requisitos mencionados arriba, la aparente soltura estadounidense no parece aligerar sustancialmente el número de migrantes que pasan por México. Según información de la Oficina para América Latina en Washington (WOLA por sus siglas en inglés), en octubre de 2022 hubo 223, 916 encontrados en la frontera México-Estados Unidos. Y a pesar de que los EE.UU hayan aceptado recibir 30,000 inmigrantes al mes, nosotros también hemos aceptado recibir al mes la misma cantidad, aquellos que sean rechazados por intentar cruzar de manera ilegal.

Por otro lado, no se han solucionado las duras condiciones a las que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo en nuestro país. Jugando el incómodo papel de campo de contención, la situación migratoria mexicana sigue lastrada por su deficiente protección a estos individuos y la militarización, estrechamente relacionadas. Las acciones de los gobiernos estadounidense y mexicano, según la WOLA, ponen a las personas migrantes en manos de grupos criminales que esperan aprovecharse de ellas. Los mejor organizados, según el Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho de la Universidad de Austin, pueden cobrarles a los que están de tránsito por el país o incluso llegar a secuestrarlos para insertarlos en una amplísima red de tráfico.

Testimonios recopilados en la revista Papeles de Población vol. 25 evidencian cómo varias mujeres centroamericanas y mexicanas son engañadas por estos actores para prostituirse. Les prometen un buen trabajo en el norte, acompañado de una paga digna y en otros casos incluso la promesa de modelar, y al llegar y encontrarse con el engaño no les queda de otra más que quedarse para enviar dinero a casa. En otros casos son objeto de extorsión por los criminales, que las amenazan con lastimar a sus familiares. Según este mismo artículo, del total de mujeres que se ven atrapadas en redes de prostitución, el 35.3 % responde a esclavitud sexual.

Lamentablemente, el intento de utilizar a las Fuerzas Armadas en el problema migratorio implica otras consecuencias humanitarias, como detenciones y deportaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Se han señalado repetidamente la pobre calidad en los mecanismos de supervisión y vigilancia para el correcto manejo de la fuerza de la Guardia Nacional y la SEDENA. Esto repercute en omisiones a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además del deber para reducir al mínimo el daño al otro. Por señalar un ejemplo, según el informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, hecho por la Fundación para la Justicia, se han cometido abusos sexuales a mujeres, como cuando militares las han desnudado en estaciones migratorias para catearlas; también se ha recurrido al uso de la fuerza con consecuencias mortales para los migrantes, como cuando en marzo de 2021 un elemento del Ejército disparó contra un guatemalteco en Chiapas, matándolo, o como cuando en octubre del mismo año elementos de la GN dispararon sobre un vehículo en el que viajaban inmigrantes y murió uno cubano.

Según el mismo informe, la Ley de Migración señala que la Guardia Nacional únicamente puede actuar en auxilio de la autoridad migratoria, es decir, el Instituto Nacional de Migración (INM); pero no ocurre así, pues las detenciones se efectúan sin presencia de personal del INM. Tal vez que 19 de sus 32 delegaciones estatales estuvieran a cargo de militares a septiembre de 2021 implica una coartada para hacer caso omiso de la Ley. Además, cabe resaltar que el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la instancia que debería estar recibiendo la información en materia de derechos humanos y produciendo recomendaciones, para efectos prácticos ya no es relevante, como bien ejemplifica su desacertada recomendación al Congreso de la Unión sobre la transformación del INE, violatoria de la Constitución y de la ley de su organismo.

En suma, el Gobierno necesita hacer mayores esfuerzos para garantizar la protección y la dignidad de los migrantes. ¿Acaso nuestro presidente no dijo en una mañanera que nos caracterizaba nuestra larga tradición de asilo? ¿Acaso no empezó su Gobierno diciendo que se les recibiría con los brazos abiertos? Acciones como poner fin a su detención arbitraria; proporcionar visas, incluidos los permisos humanitarios, según lo previsto en la legislación mexicana; maximizar los programas de integración y reasentamiento; garantizar que los agentes del INM y las fuerzas de seguridad rindan cuentas por abusos cometidos contra ellos y, sobre todo, desmilitarizar a la seguridad encargada de la migración, son acciones clave en el desarrollo de un mejor sistema migratorio.

@causaencomun