Trabajo infantil en México, una consecuencia indeseable de la pandemia

Esta semana se celebra el día internacional contra el trabajo infantil. De acuerdo con la UNICEF, en el mundo existen 151.6 millones de niños y niñas que son víctimas del trabajo infantil, y la mitad de ellos (72.5 millones) ejercen o participan en alguna de las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la trata, el trabajo forzoso o el reclutamiento para conflictos armados.

En este renglón México aún tiene mucho camino que recorrer, pues es el segundo país de América Latina con la mayor cantidad de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en la fuerza laboral, sólo después de Brasil. De acuerdo con el último Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, en el país 2.2 millones de NNA (de 5 a 17 años) están en situación de trabajo infantil y adolescente no permitido, lo que equivale a 7.5% de esta población.

Para proteger los derechos de los NNA mexicanos se creó, en 2014, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que los reconoce como titulares de derechos y cambia el enfoque tutelar previo. Aunque garantizar los derechos de los NNA es una tarea que recae en distintas dependencias del gobierno federal, en ese mismo año se creó la Procuraduría Federal para la protección de los NNA, como la instancia máxima para velar por el cumplimiento de la Ley, y en las entidades se han ido creando Procuradurías de Protección Locales.

A pesar de que la protección de los derechos de los NNA desde 2014 cuenta con un entramado legal e institucional, ¿cuánto sabemos sobre los esfuerzos del gobierno porque la Ley General no sea letra muerta? El Anexo Transversal Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, muestra la inversión que el gobierno federal realiza en esta materia.

Algunos datos interesantes: para el 2020, el presupuesto para NNA representó 11% del presupuesto total del gobierno federal (764,552 mdp). Alrededor de 6 de cada 10 pesos son transferencias federales a los estados. Sin contar dichas transferencias, los principales esfuerzos presupuestarios para garantizar los derechos de los NNA son de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde se esperaría encontrar los principales programas para prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil, tiene una participación menor, pues sólo ejerce 3.3 mdp al año para atender a este grupo de población. De acuerdo con el portal de Transparencia presupuestaria, esos 3.3 mdp son ejercidos en la “inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad”, es decir, no son exclusivos para atender el problema que enfrentan los NNA trabajadores.

Además de lo anterior, los recursos destinados para dicho grupo vulnerable, ubicados en el mencionado Anexo, han ido disminuyendo después de la promulgación de la Ley General y de la creación de la Procuraduría Federal para la protección de los NNA, lo cual da un mensaje contradictorio sobre la importancia que tiene la defensa de los derechos de los NNA.

La protección de los derechos de los NNA también es competencia de las entidades federativas, aunque en ese ámbito los recursos también han sido insuficientes. Un informe sobre el avance en el establecimiento de las Procuradurías de Protección Locales de UNICEF alerta que, dadas las funciones potenciales que éstas deberían realizar para garantizar o restituir los derechos de los NNA, se necesitaría un presupuesto total de 2,487 mdp. Pero a la fecha de la elaboración de dicho informe, las Procuradurías de Protección Locales apenas alcanzaban el 27% de ese monto.

La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 2020 señaló que de marzo a abril 12.5 millones de mexicanos se quedaron desempleados. Otros estiman que para junio de este año 10.7 millones de mexicanos estarán en pobreza laboral, aquella que ocurre porque el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. El panorama económico en los próximos meses es desalentador, la pobreza a la que serán arrastradas millones de familias mexicanas aumenta el riesgo del trabajo infantil, violentando con ello otros derechos, como a la educación. Violentar los derechos de los niños es el comienzo de un círculo vicioso del que es difícil salir.

@SimetriaMx