Trabajar para vivir… ¿en pobreza?
Redacción Animal Político · 30 de abril de 2023
México no es un país pobre, pero la mitad de las personas que trabajan viven en pobreza a consecuencia de los bajos salarios que reciben.
Esto es producto de dos fallas estructurales del sistema laboral: hay pobreza en los niveles “de abajo” de la economía, en micronegocios y personas que trabajan por cuenta propia (autoempleadas); pero también en las alturas, en las grandes empresas y consorcios, donde hay millones de personas que trabajan y carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza.
Es una situación inaceptable, quien trabaja no tiene por qué ser pobre, y mucho menos quienes tienen trabajo formal y en grandes empresas. Es una contradicción que la pobreza sea resultado de los bajos salarios que ganan aunque tengan trabajo.
En este Día Internacional del Derecho al Trabajo, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presenta el reporte especial “Precariedad en las alturas: Dos fallas estructurales del sistema laboral que producen pobreza” (disponible aquí) en el cual, con base en datos oficiales, se demuestra que la economía está al revés de la lógica, porque gran parte de quienes trabajan no reciben lo suficiente para superar su condición de pobreza.
Desde que hay datos comparables, de 2008 a cargo de Coneval, la variación en la población con ingresos y en pobreza ha sido marginal y cada vez afecta a mayor número de personas debido al crecimiento poblacional.
Hace 15 años, 53 % de la población vivía en condición de pobreza, casi 55 millones de personas; el dato más reciente, para 2020, es igual: 53 %. Y ahora son 67 millones de personas.
La clave de la pobreza es el ingreso. El ingreso laboral representa casi tres cuartas partes del ingreso total líquido de los hogares (73.4 %). Si además se incluyen los ingresos por pensiones y jubilación, que son producto del trabajo del pasado, son 10 puntos más. Esto significa que el 83 % del ingreso líquido de los hogares proviene del trabajo, tanto del presente como del pasado.
Un dato dramático es que desde hace 18 años, alrededor del 40 % de la población carece de ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta alimentaria, de acuerdo con el Coneval; esto quiere decir que sólo por los ingresos producto del trabajo, casi 4 de cada 10 hogares se ubican en pobreza.
A fines de 2022, las personas ocupadas son 58.3 millones, de ellas, más del 61 % carecen de ingreso laboral suficiente para superar el umbral de pobreza. Son al menos 35.5 millones de personas que trabajan sin ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas al mes.
Si sólo acotamos a quienes tienen un empleo; es decir, trabajo subordinado con remuneración salarial, son 39.7 millones, y de ellas, el 57 % carecen de salario suficiente, al menos 22.7 millones de personas.
Y si se segmenta a quienes están ocupados en la formalidad en el sector privado, el panorama no es distinto: 4 de cada 10 carecen de salario suficiente. Son 8.7 millones de trabajadoras y trabajadores sin salario suficiente de un total de 21.7 millones de personas registradas en el IMSS al mes de marzo de 2023.
No importa cuál sea la forma de cálculo, en cualquiera de ellas el resultado es escandalosamente alto.
Sin necesidad de repartir “culpas” y quedar atrapados en el pasado, es evidente que las expectativas de “crecer para luego distribuir” no se cumplieron y no se cumplirán.
La intención de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es llamar la atención sobre esta realidad contradictoria y presionar por un cambio que es urgente.
Es una exhortación firme que se dirige en el Día Internacional del Derecho al Trabajo, especialmente a quienes tienen responsabilidad de decisión en esas grandes y medianas empresas, a resolver ya esta contradicción: quien trabaja no debe ser pobre.
No queremos descalificar o afectar a ninguna empresa; lo que pedimos es asumir ya el compromiso que promueven diversas iniciativas empresariales por ingreso digno, y el primer paso es pagar a su personal un salario suficiente que alcance para dos canastas básicas (8,600 pesos al mes, libres, como mínimo), De ser adoptada, podría reducir la pobreza entre 10 y 15 puntos porcentuales de inmediato, y no por acción gubernamental o política
De la misma manera, es un llamado a las autoridades laborales que tienen la obligación de garantizar el derecho al trabajo digno establecido en la Constitución.
Las y los mexicanos que trabajan no tienen por qué padecer los vicios de un sistema laboral que los destina a vivir en pobreza.