blogeditor · 13 de octubre de 2015
La semana pasada se anunció el fin de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), iniciadas en marzo de 2010. En el acuerdo participan 12 países: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, Chile, Perú y México. En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. El TPP fue negociado a espaldas de la comunidad de los países afectados.
Hasta ahora, pese al anuncio hecho en Atlanta la semana pasada, el contenido completo del acuerdo permanece oculto. Las filtraciones del contenido del TPP –proporcionadas desde hace un par de años por Wikileaks– muestran, en general, que se trata de una solución del siglo XX puesta en marcha en pleno siglo XXI. Atendiendo a las motivaciones políticas, se trata de un acuerdo para quitar supremacía a China en las negociaciones en la cuenca del pacífico. Pero este argumento sólo tiene sentido si estamos dispuestos a creer que los negociadores estadounidenses han estado tomando posiciones que están en los amplios intereses de la opinión pública estadounidense; peor aún, si estamos dispuestos a creer –para que surta efecto, debe ser elevado al rango de fe– que lo que es bueno para Estados unidos, es bueno para el mundo.
[contextly_sidebar id=”RUfjb7eEIL4fpEfdCX38Jvm0zRqfjtLp”]Parece un mantra capitalista defender casi cualquier cosa si va acompañada de la fórmula “libre comercio”. Ese parece ser el papel de quienes hoy, pese a no conocer el contenido del tratado, defienden públicamente el TPP. A medida que las oportunidades para la liberalización del comercio han disminuido, la naturaleza de los acuerdos comerciales se ha desplazado. Ya no se trata únicamente de eliminar las barreras al comercio –nadie estaría en desacuerdo con esto. Estos tratados se han convertido en un mecanismo para establecer reglas económicas globales. Y este sistema de fijación de normas globales tiene algunos defectos graves. En general, se espera que el proceso de creación de las leyes que rigen nuestras vidas económicas, se realice de manera transparente, representativa y responsable. El proceso de negociación TPP ha sido todo lo contrario: reservado, dominado por los intereses de los beneficiarios directos, y con pocas oportunidades para la participación pública.
Una de estas reglas globales que establece el TPP es la solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Este tipo de reglas permite a las corporaciones demandar a los Estados en tribunales especiales si éstas consideran que ciertas medidas legales dentro de los países les afecta. Lo anterior puede resultar en multas económicas a los gobiernos o en modificaciones a las leyes locales.
A algunos les parecerá normal, pero como bien ha apuntado el académico Joe Karaganis, habilitar esta medida en 12 países implica dotar de “soberanía a las corporaciones”; esto es, equiparar a las compañías beneficiarias del tratado a los Estados nacionales. Nadie podría asegurar que los intereses de esas compañías son los mejores para las comunidades. Peor aún, desequilibran los sistemas democráticos al subvertir la representación política: el Estado se vuelve redundante frente a las compañías y se diluyen los intereses de la comunidad política que lo constituye.
El fin de las negociaciones no debe implicar la aceptación del TPP, por el contrario, es momento de abrir la discusión. El gobierno deberá justificar públicamente cada uno de los supuestos beneficios del acuerdo. El Senado deberá revisar cada uno de los puntos con atención y organizar mesas que den entrada a la comunidad académica, técnica y ONG. Si no, el #TPPNoVa
Los resultados futuros del TPP no pueden ser separados del proceso de su negociación. Escoger a unos cuantos ganadores sin el concurso de todos los involucrados significa un retroceso democrático global. Lo anterior no puede sino tener efectos de mayor desigualdad y exclusión social de los procesos económicos en lugar de mayor integración y redistribución. El TPP, en suma, no se trata de un acuerdo de libre comercio sino de uno de proteccionismo global.