Torturar no es investigar ni impartir justicia
blogeditor · 26 de junio de 2019
La difusión, este fin de semana, del video del interrogatorio y tortura a una persona detenida por el caso Ayotzinapa es un recordatorio del riesgo que representa un sistema de justicia que no es independiente de los poderes políticos, no tiene capacidad ni voluntad para investigar y recurre a la tortura para fabricar culpables y “verdades” a modo.
El estremecedor video tiene un peso específico para la investigación del caso –pues tira los velos que se han pretendido tender sobre las graves irregularidades cometidas por los funcionarios encargados de la investigación, denunciadas reiteradamente por organismos internacionales y minimizadas por instituciones nacionales-, pero también lo tiene a nivel general. Este material gráfico desnuda uno de los mayores cánceres para la vida democrática de México: la persistencia e impunidad de la tortura a todos los niveles y sus repercusiones nefastas para quienes demandan justicia por los delitos cometidos en su contra.
La pregunta que parece flotar en el ambiente es: si en la investigación penal más escrutada a nivel nacional e internacional en mucho tiempo en México hay abundante evidencia de la comisión de tortura impune –incluyendo el extremo de una posible ejecución arbitraria como consecuencia- y la manipulación de información, ¿qué puede esperar una persona que no tiene acceso a la denuncia pública y a los medios de comunicación? ¿Puede una víctima confiar en que la persona detenida que se le presenta es efectivamente la responsable de cometer el delito y lo realizó de cierta forma, o es una persona obligada a “confesar”, o a imprimir sus huellas en un arma, o a incriminar a otro, o a callar información comprometedora? ¿Puede una persona torturada, por su parte, confiar en que las instituciones encargadas de velar por sus derechos lo harán exhaustiva y diligentemente, sin desviar responsabilidades?
La experiencia de la diaria defensa de los derechos humanos y los propios datos duros no son alentadores. De acuerdo con el informe Patrones de impunidad. Deficiencias en la investigación de violaciones a derechos humanos y alternativas en el Poder Judicial. Centro Prodh (de autoría de este centro de derechos humanos y de próxima publicación publicación), hasta febrero de 2019, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR –entonces PGR- contaba con 4 mil 814 investigaciones por el delito de tortura. Sin embargo, solamente había solicitado 48 órdenes de aprehensión, de las cuales únicamente 16 fueron consideradas por un juez como suficientemente fundamentadas.
El tema empeora: de estas 16 órdenes de aprehensión válidas, solamente se cumplieron a cabalidad 3 de ellas y solamente se logró aprehender a 9 personas. Repetimos, en un total de 4 mil 814 investigaciones. Solamente en 2 de estos casos se solicitaron medidas de protección para las víctimas –y hay que imaginar lo que significa esto cuando las personas denunciadas son servidores públicos del propio sistema de justicia.
En ningún caso la tortura ha producido justicia. La tortura vicia los procesos penales, enferma a las instituciones de justicia y deforma el actuar de sus trabajadores, niega la verdad a las víctimas, permite que los verdaderos responsables sigan en libertad y afecta profunda y permanentemente las vidas de quienes la sufren, además de fomentar un círculo vicioso: los agentes policiales usan la tortura para no investigar; las instituciones la validan o la encubren, y esto hace que quienes la perpetraron lo hagan de nueva cuenta en vez de investigar y, así, el ejemplo cunda.
Sin duda, la entrada en vigor en 2017 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes representó un enorme avance a nivel legal. Los retos de su implementación siguen siendo grandes; para la sociedad, principalmente, el persistir en la denuncia y la diaria exigencia de su cumplimiento; para las autoridades, la capacitación, la independencia de las instancias investigadoras y periciales y, sobre todo, las acciones que demuestren que esta práctica no se tolerará, encubrirá ni fomentará.
Hoy es el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En esta coyuntura, es necesario comprender, reconociendo los profundísimos impactos en las personas que la sufren, que la sociedad entera acaba siendo víctima indirecta de este flagelo.