Torturar en nombre de la paz

El veracruzano José Eduardo fue asesinado por policías municipales en “la ciudad más segura del país”. Lo detuvieron por “verse sospechoso” en flagrancia. El alcalde, Renán Barrera, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, tardaron días en pronunciarse. Sus declaraciones, arrancadas a punta de titulares y mensajes de indignación en redes, omitieron la palabra “tortura” y dieron a entender que se trató de un hecho aislado. Su titubeante reacción se debe quizá a que el caso destapó a nivel nacional los entuertos que Yucatán guarda bajo la alfombra para decir que “aquí no pasa nada”.

La tortura en Yucatán es un secreto a voces. El Estado Yucateco apuesta a ella para conservar la paz que tanto presume. La Fiscalía, en los casos con mayor diligencia, la investiga como lesiones u homicidios en grado de tentativa. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) le teme a esa palabra, a pesar de que ha documentado que entre enero de 2018 y noviembre de 2020 hubo al menos 22 casos de personas que fallecieron bajo custodia policial. La práctica reiterada de la tortura en la entidad ha sido denunciada por organizaciones como Indignación A.C., Amnistía Internacional y Elementa DDHH.

El sistema de castas sobre el cual se edificó Yucatán hasta mediados del Siglo XX no desapareció sino que mutó. Hoy día basta ser una persona indígena, afro o morena caminando de noche en colonias como Altabrisa o Campestre para correr el riesgo de sufrir una detención. Tener un acento distinto es una agravante imperdonable. Las instituciones policiales, tanto municipales como estatales, reproducen los discursos que los altos funcionarios y las élites pregonan sobre la inmigración nacional. A principios de 2020, la entonces diputada federal Cecilia Patrón, tras unos disturbios ocurridos en una manifestación contra el gobierno del estado, publicó en su cuenta de Twitter que “(q)uienes quieren traer a Yucatán modos violentos de otros estados no tendrán cabida en nuestro estado”.

Tanto en administraciones del PRI como del PAN, funcionarios del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno de Yucatán han resaltado el origen foráneo de personas detenidas, así como destacado la supuesta calidad moral intrínseca de la gente en Yucatán. La política de seguridad responde a esta creencia arraigada de que “nosotros” –gente blanca, yucateca, cisgénero, heterosexual, con propiedades y no maya- podemos perder la paz por la presencia de “los otros” -mayas, foráneos, población LGBT+, entre otros-.

Además de investigar el asesinato de José Eduardo, el gobierno de Yucatán debe crear una comisión especializada conformada por gente externa, experta e independiente, dotada de las facultades necesarias para realizar una investigación institucional exhaustiva que ayude a determinar patrones policiales que permiten, si no es que exigen, la realización de actos de tortura. Para eso podía solicitar apoyo de instancias como la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate a la tortura, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dar mensajes en redes sociales, ofrecer talleres y castigar únicamente al mando bajo precarizado que aprieta el puño no es suficiente. Nunca lo ha sido. Se requieren medidas extraordinarias para evitar que hechos similares se repitan.

Ojalá que la carrera de Mauricio Vila por convertirse en candidato presidencial del PAN para 2024 no sea motivo para distraerse de esta responsabilidad prioritaria que carga.

@kalycho