Tortura en México: los daños pendientes por reparar

El periodo de la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderon emprendió contra el crimen organizado está ampliamente documentado por las graves violaciones a derechos humanos. Durante dicha administración se vieron reforzados los operativos conjuntos de militares y la marina en las actividades de seguridad.

Baja California como zona fronteriza fue uno de los estados más afectados en esta lucha. Fue de los primeros lugares donde se hicieron operativos conjuntos por parte de las fuerzas armadas que después se hicieron cargo totalmente de la seguridad del estado. Los abusos por parte de militares en Baja California incluyeron prácticas violatorias a los derechos humanos, allanamientos para realizar detenciones sin orden de aprehensión ni de arraigo y las personas detenidas eran arraigadas en cuarteles militares, particularmente en los denominados Aguaje de la Tuna y Morelos, perteneciente al 28º Batallón de Infantería.

Andrew Armando Córdova tenía 21 años cuando fue detenido de forma arbitraria el 26 de abril del 2008 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada. Ciudadano estadounidense, fue torturado bajo arraigo y mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años. Su caso se enmarca en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.

Su detención se dio luego de un enfrentamiento armado en el cual él no participó y donde fue herido, trasladado a la Cruz Roja para ser atendido y posteriormente al Hospital General, donde fue detenido. Se le trasladó a las instalaciones militares del vigésimo octavo batallón de infantería “Aguaje de la Tuna”, donde fue torturado física y psicológicamente. Estuvo incomunicado por tres días, no contó con atención consular ni defensa legal y fue obligado a autoinculparse. Otras personas fueron torturadas y coaccionadas para señalarlo de haber cometido los delitos de los que se le acusaban.

En mayo de ese mismo año fue trasladado a una casa de arraigo en la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 20 de julio. Andrew estuvo privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) núm. 1 o “Altiplano”; en el CEFERESO núm. 8 o “Norponiente”, en Guasave; en el CEFERESO núm. 11, denominado “CPS-Sonora”, ubicado en Hermosillo, y en el CERESO llamado el Hongo, en Baja California.

Los delitos por los cuales fue detenido de forma arbitraria tenían una pena de 8 años. Esto muestra que la privación de la libertad ha excedido y prolongado el castigo injusto para Andrew y su familia.

Después de que Andrew y su esposa Abigail solicitaron tres veces el cambio de medida cautelar, buscaron apoyo de la Secretaría de Gobernación, para enviar una comunicación al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California haciendo hincapié a los resolutivos de la opinión 1/2022 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Fue luego de esta revisión que el cambio de medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre del 2025 a detención domiciliaria, donde Andrew sigue su proceso por demostrar su inocencia de los delitos que se le imputaron, pese a haberse demostrado que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, y de haber sido torturado por elementos de SEDENA y agentes ministeriales pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.

Durante el proceso de Andrew se ha demostrado que en su detención no hubo flagrancia, esto señalado por el mismo Tribunal Superior de Justicia, que advirtió que no había ningún indicio que demostrara que Andrew fue detenido y trasladado del lugar de los hechos al hospital general. Todas las pruebas que fueron obtenidas de manera legal no arrojan ningún indicio en contra de Andrew en cuanto a ser responsable de los delitos por los cuales fue detenido, torturado y privado de la libertad. Lo anterior demuestra que su detención fue ilegal y arbitraria, argumento utilizado a favor de la libertad y absolución de otra persona implicada en estos hechos.

Las denuncias por tortura que Andrew y su familia han emprendido han sido cuestionadas y desestimadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias determinó en la Opinión núm. 1/2022 que la detención de Andrew fue arbitraria, mientras que la Recomendación número 120VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó graves violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de Andrew por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

La reparación del daño tras 17 años de injusta privación de la libertad para Andrew y un proceso pendiente que lo absuelva finalmente son los grandes pendientes de las autoridades para que su caso no se sume a los casos de impunidad sin ser reparados de forma integral en el país.

Andrew y su familia ahora se enfrentan a la institucionalidad y burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que considera que la privación de la libertad durante 17 años de la que ha sido víctima Andrew no resulta vinculante al hecho victimizante de su detención arbitraria y tortura en 2008, dejando de lado el continuum de violaciones de derechos humanos a lo largo de este tiempo y de impactos relacionados con la revictimización, ahora por exigir su derecho a la reparación integra. Además de deslegitimar a su familia como víctimas indirectas de esta sucesión de hechos, se torna omisa y negligente al no reconocerles daños en el proyecto de vida, precarización económica, desplazamiento del lugar de origen de su familia para estar más cerca de Andrew y su proceso penal, afectaciones en la salud. Los impactos acumulados a lo largo de estos años, que la instancia encargada de velar por reparar y proteger los derechos de las víctimas no encuentra vinculación, representan un desgaste más en la lucha de Andrew y su familia.

Lo anterior se enmarca en las fallas estructurales en la atención a víctimas en México. La CEAV fue de las instituciones impactadas por las medidas de austeridad de 2020 implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción del 75 % de su presupuesto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del cual se sostenían las medidas de ayuda y las compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos. La falta de recursos, el incremento de violaciones a derechos humanos por la militarización de la seguridad pública iniciada con Calderón y continuada por López Obrador, la burocracia que permea estos procesos, la falta de coordinación, así como la falta de preparación y sensibilización en los servidores públicos encargados de esta atención, tienen como consecuencia mayor desgaste emocional, en la salud, en la economía, y aumenta los impactos por revictimización en quienes siguen en la lucha por su derecho a ser reparados de forma integral.

El caso de Andrew Armando Córdova es emblemático debido a la impunidad en el sistema judicial mexicano respecto a la tortura y al debido proceso. La falta de investigación, la prolongada prisión preventiva y la obtención de confesiones bajo tortura evidencian la necesidad urgente de procesos justos y reparación integral para las víctimas.

* Andrew Armando Córdova es sobreviviente de tortura. Abigail Martínez es abogada y esposa de Andrew. Ambos son integrantes de Tejiendo Redes Contra la Tortura, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.