Jorge Avila · 24 de abril de 2026
Por Ana Lilia Moreno
¿Qué puede ofrecer México —de aquí a julio de 2026— para llegar a la revisión del T-MEC?
Esa es la pregunta que empieza a definir la relación económica México-Estados Unidos hacia la siguiente década. La revisión del tratado no es una fecha de caducidad, pero sí un momento político clave: o se consolida un horizonte de certidumbre hasta 2042, o se abre una peligrosa etapa de revisiones anuales en la que la falta de certeza para las inversiones puede volverse la constante. En efecto, hay que hacer todo lo posible por evitar este segundo escenario. Lo cierto es que incluso así es posible construir vías para una mejor relación bilateral.
La negociación no ocurre en un espacio estrictamente comercial. El presidente Trump siempre ha planteado que la relación económica está entrelazada con una agenda más amplia que incluye temas de seguridad o migración, y otros que se sumen en el camino. Todo ello añade capas de complejidad al proceso. En ese contexto, México no parte de cero: ha emprendido acciones concretas para atender estas preocupaciones.
No obstante, en el ámbito comercial hay señales que deben considerarse seriamente. Empresas, think tanks, comisiones legislativas, actores que han comparecido ante el Congreso y las autoridades de los Estados Unidos han puesto sobre la mesa preocupaciones sobre el entorno regulatorio, fiscal y operativo en México.
Por ello, la serie de estudios “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México”, de México Evalúa, llega en el momento justo. Cada entrega ofrece una radiografía precisa de los cuellos de botella regulatorios en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Querétaro (y para el próximo 29 de abril se sumarán Michoacán, Yucatán, Oaxaca más un diagnóstico a nivel nacional). Por medio de la metodología Market & Competition Assessment Policy Tool (MCPAT) del Banco Mundial, analizamos 237 regulaciones y 411 trámites en estas entidades y sus 22 municipios con mayor actividad en corredores industriales. Así, identificamos más de 3,000 oportunidades de mejora regulatoria y simplificación administrativa que, de ser atendidas, sin duda facilitarían la instalación y operación de las empresas.
Los hallazgos son relevantes para las empresas vinculadas, en México, al fenómeno del nearshoring —o deslocalización de las cadenas productivas—. Particularmente se detectan las barreras regulatorias en los procesos necesarios para instalar, abrir y operar empresas de manufactura y logística. Se trata, en su mayoría, de obstáculos menos visibles pero altamente costosos como trámites incompletos o mal diseñados, requisitos redundantes, tiempos de respuesta inciertos, criterios de resolución poco claros y una desconexión entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la práctica.
El hallazgo más importante de esa serie de estudios no es el número de obstáculos encontrados, sino su naturaleza. Las barreras principales no derivan de la falta de apertura económica —de hecho, el marco regulatorio está ampliamente alineado con el T-MEC—, sino de cómo se implementan las reglas en el territorio donde efectivamente las empresas instalan activos, contratan empleados e impactan positiva o negativamente a las comunidades y al medio ambiente.
Desde México Evalúa, hemos identificado un patrón. Las oportunidades de mejora se concentran en tres grandes frentes:
Primero, la eficiencia gubernamental. Aquí está el mayor problema. En cientos de trámites, simplemente no se especifica cuánto cuestan, cuánto tiempo tardan, bajo qué criterios se resuelven o incluso cómo deben realizarse. Esto genera incertidumbre, abre espacios a la discrecionalidad y eleva los costos de cumplimiento. Por ejemplo, en 332 casos (81% del total) identificamos que los trámites analizados no indican si las empresas deben cumplir digital o presencialmente, obligándolas a perder tiempo en averiguar cómo cumplir. Esto es más frecuente en Sonora, Yucatán y Oaxaca.
Segundo, la calidad regulatoria. Más del 60% de las normas analizadas no dejan claro qué se debe cumplir o quién debe hacerlo. Las obligaciones están dispersas, mal definidas o sujetas a interpretación. El resultado es un entorno donde, en teoría, invertir es posible, pero en la práctica es incierto.
Tercero, la desconexión entre lo que dicen las reglas y la realidad en los procesos de cumplimiento. Por ejemplo, solo 44% de los trámites identificados en la regulación están disponibles en los registros oficiales. Es decir, las empresas enfrentan procedimientos burocráticos que no siempre tienen respaldo jurídico o normativo, o su opuesto: normas que establecen obligaciones que no se acompañan por trámites reales.
El impacto de las fallas identificadas no siempre se dimensiona por el número de obstáculos identificados, sino por el tiempo que toma cumplir y el costo que ello representa, tanto para las empresas, como para las tesorerías que no recaudan.
Identificamos, por ejemplo, que más del 80% de los procesos regulatorios a nivel subnacional se concentran en la etapa de apertura de empresas. Cada día de espera es un día sin producir, sin vender, sin generar empleo y sin pagar derechos e impuestos.
Con base en la información disponible y utilizando el método de costeo estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estimamos los costos de oportunidad asociados a los tiempos de espera en trámites. El cálculo se realizó a partir de datos oficiales sobre el valor de la producción en los municipios analizados y la tasa interbancaria mexicana. Los resultados muestran que estos costos pueden alcanzar hasta 5.4 millones de pesos por unidad económica mientras se espera la resolución de las autoridades.
Para trámites relacionados con la construcción, el costo de oportunidad puede llegar hasta 1.3 millones de pesos, siendo Nuevo León y la Ciudad de México las entidades que establecen los costos de espera más altos. En materia ambiental, los tiempos máximos establecidos en leyes también implican costos de oportunidad elevados. Por ejemplo, en estados como Querétaro pueden representar costos equivalentes a $3 millones de pesos por unidad económica. En cuanto a licencias de funcionamiento y trámites de protección civil, el costo de espera de las empresas también se eleva hasta 2 millones de pesos, como es el caso de Jalisco.
Y, un hallazgo preocupante: se identificaron 279 trámites (el 67% del total analizados) en los que los tiempos máximos de resolución no están disponibles, lo que impide estimar con alta precisión el costo de oportunidad asociado. Esta ausencia de información significa que una parte relevante del costo real que enfrentan las empresas permanece oculta. En consecuencia, el costo muy probablemente es mayor.
Entender estas áreas de mejora normativa es clave en el contexto del T-MEC. Porque cuando Estados Unidos habla de “barreras”, no siempre se refiere a aranceles. Se refiere a este tipo de fricciones cotidianas que encarecen la instalación, la operación, e incluso el cierre de empresas. Barreras que, acumuladas, explican la dificultad en México para instalar y operar empresas formales que sean detonadoras de crecimiento económico.
Evidentemente, México enfrenta un importante problema regulatorio. Ante ello, convertir la simplificación administrativa en una agenda prioritaria de la política económica es la ruta correcta. A través de mejorar las leyes, normas y trámites para otorgar a las empresas mayor claridad, agilidad, tiempos definidos y menor discrecionalidad en la toma de decisiones de las autoridades, podremos ofrecer desde lo local oportunidades a las empresas interesadas en invertir en el país.
Invitamos a nuestros lectores a asistir el próximo 29 de abril a la presentación del diagnóstico a nivel nacional de “¡A romper barreras!”. Los esperamos a las 10 am en el Hotel Four Points de la Colonia Roma en la CDMX. Pueden registrarse en este link.
*Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa.