Tlatlaya: la preocupación internacional por la orden de “abatir delincuentes”

La gravedad inherente a la comprobada existencia de una orden dirigida a elementos del Ejército en la que se instruye a las tropas a abatir civiles fue especialmente aquilatada, en días recientes, por distintos actores internacionales con amplia autoridad y experiencia en el campo de los derechos humanos. El gobierno, sin embargo, ha preferido desviar la discusión a un debate lingüístico en vez de abocarse al deslinde de responsabilidades.

Entre los actores internacionales que alzaron la voz se encuentra el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien llamó al gobierno mexicano a considerar la orden castrense revelada por el Centro Prodh como nueva evidencia y castigar tanto a los responsables materiales de las ejecuciones arbitrarias como a los de la emisión de dicho tipo de órdenes. El Relator, tras analizar cuidadosamente el documento, señaló que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales”.

“El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal”, condenó Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

Por su parte, Amnistía Internacional urgió al gobierno a condenar el documento castrense y cancelar inmediatamente cualquier orden parecida. También señaló esta connotada organización internacional que dada la gravedad del documento, el propio presidente Enrique Peña Nieto debería fijar una posición sobre los hechos.

En el mismo sentido, el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL) exigió una pronta y eficaz investigación de la cadena de mando, pues la responsabilidad de los superiores jerárquicos por la orden debe ser indagada.

[contextly_sidebar id=”kMh6HCA3wTltNaoscm3OgVOCStIzswcV”]Los pronunciamientos llegan después de que el 2 de julio el Centro Prodh -acompañado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundar, Insyde, el Instituto Mexicano para la Democracia y los Derechos Humanos, el Centro de DH Fray Francisco de Vittoria, Amnistía Internacional y Artículo XIX- presentara el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que reveló la existencia de la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente involucrado en los hechos, donde el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, instruyó una semanas antes de la masacre a dicho oficial lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Tanto Amnistía Internacional como WOLA y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se pronunciaron en el mismo sentido que el relator de la ONU, de realizar una inmediata, imparcial e independiente investigación en el ámbito civil que revele la verdad de lo ocurrido y castigue a todos los responsables.

Y es que, como recuerdan estas organizaciones, el acceso a la justicia está lejos de cumplirse. La Procuraduría General de la República acusa a siete militares por la muerte de ocho personas, cuando la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha ofrecido elementos que apuntan a que entre 12 y 15 de las 22 personas que perdieron la vida habrían sido ejecutadas una vez que se hubieron rendido ante los soldados, en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en la bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Para que el gobierno cumpla con su obligación de investigar estas graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que se aclare no solamente el número de víctimas de ejecuciones arbitrarias a manos de los elementos militares, sino sobre todo por qué y cómo sucedió la masacre, incluyendo a la citada e ilegal orden de relevo. Esto llevaría, necesariamente, a que se investigue la cadena de mando responsable de emitir la orden y, con ello, incentivar la comisión de las ejecuciones arbitrarias.

Dado que los actores internacionales –al igual que muchas organizaciones civiles lo hemos dicho– remarcan que los sucesos de Tlatlaya no son aislados, sino parte de una crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país, la investigación judicial y el debate público sobre el papel de las fuerzas armadas rebasan al caso que nos ocupa. En un contexto de un patrón amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, el llamado de la comunidad internacional es a revisar a fondo el modelo de militarización de la seguridad pública.

El Relator Especial de la ONU consideró que México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos no sólo resolviendo el caso Tlatlaya y asegurando el fin de la impunidad y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en su informe de misión presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014. En él señaló los riesgos que para el derecho a la vida supone utilizar el “paradigma militar” en tareas de seguridad y recordó la obligación del Estado de asegurar que las acciones de sus fuerzas de seguridad, incluyendo aquellas realizadas por las Fuerzas Armadas, respeten los estándares internacionales. El cumplimiento de este Informe, como muestra el caso Tlatlaya, aún sigue pendiente.

@CentroProdh