TikTok y democracia: preguntas abiertas sobre regulación y participación

El uso de TikTok en campañas electorales en México dejó de ser marginal. De acuerdo con un análisis de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey “The Influence of TikTok on Political Campaigns in Mexico’s State Capital”, la actividad de candidaturas durante las elecciones municipales de 2024 muestra que la plataforma se incorporó de manera sistemática a las estrategias de campaña, especialmente en ciudades capitales y entre candidatos con experiencia previa en redes sociales. Aunque los datos no permiten afirmar que el engagement en TikTok tenga efectos directos sobre los resultados electorales, sí evidencian diferencias claras en visibilidad, volumen de interacción y en la forma en que los candidatos se relacionan con los usuarios.

A partir de estos hallazgos surgen dos preguntas que los marcos tradicionales de la política electoral no resuelven con facilidad: una sobre la regulación y otra sobre la participación cívica. Ninguna admite respuestas categóricas, y quizá el punto no sea cerrarlas, sino formularlas mejor.

En términos formales, el uso de TikTok en campañas electorales ya está regulado. La legislación mexicana no distingue entre plataformas digitales, pero establece reglas generales aplicables también a redes sociales, como límites a la propaganda, fiscalización del gasto y principios de equidad. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido claro en que los contenidos difundidos en redes sociales están dentro de su competencia y pueden ser objeto de medidas cautelares cuando vulneran la normativa electoral.

No obstante, las dinámicas específicas de TikTok plantean zonas grises que el marco normativo no resuelve con claridad. Una de ellas es la fiscalización del contenido orgánico producido directamente por los candidatos, que tiene relevancia política, pero carece de trazabilidad contable al no implicar gasto identificable. Otra es la equidad: la visibilidad digital previa reproduce desigualdades históricas de la competencia política, pero plantea dudas sobre si debe ser tratada como un problema normativo o asumida como una ventaja estructural más.

Estas tensiones se profundizan al analizar la autenticidad de la interacción. El estudio muestra que entre 20 % y 35 % de los comentarios provienen de cuentas con comportamientos atípicos y patrones de actividad coordinados, lo que sugiere dinámicas de amplificación no claramente orgánicas. Aunque esto no permite afirmar la existencia de bots ni de operaciones ilegales, sí cuestiona cómo debe interpretarse ese engagement desde el principio de equidad.

Actualmente, el marco normativo no distingue entre interacción auténtica y no auténtica. Likes, comentarios y reproducciones son políticamente significativos, pero jurídicamente neutros, salvo cuando se acredita gasto o contratación, como muestran resoluciones del INE que ordenan retirar contenidos solo ante violaciones claras a la norma. Esto deja abierta una brecha entre lo ético y lo legal que la regulación electoral vigente no alcanza a cerrar.

La segunda pregunta, relativa a la participación cívica, admite una valoración más afirmativa. El caso de Monterrey muestra que TikTok puede ampliar ciertos tipos de participación política a nivel local. Patricio Zambrano, candidato a la alcaldía por un partido pequeño, logró altos niveles de engagement mediante una estrategia centrada en problemas cotidianos, como documentar recorridos, responder comentarios y atender reportes ciudadanos. Este tipo de contenido amplió su presencia en la conversación pública digital, algo difícil de lograr solo a través de canales tradicionales.

Es importante matizar este hallazgo. Los datos no permiten afirmar que estas estrategias se traduzcan directamente en votos. Lo que sí muestran es que TikTok puede funcionar como un canal de visibilización y contacto entre candidatos y ciudadanía, especialmente para actores con menor estructura partidista.

En conjunto, los datos sugieren que TikTok no redefine la democracia por sí mismo, pero sí introduce tensiones nuevas. Modifica quién es visible, cómo se interactúa y qué entendemos por participación política. El marco normativo actual cubre parte de estas dinámicas, pero deja preguntas abiertas que obligan a repensar, con mayor cuidado, qué queremos regular, por qué y desde qué criterios.

* Fernanda Sobrino es profesora-investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (@EGobiernoyTP).