Tiempos complicados para informar

Investigar y difundir información sobre temas públicos en América Latina es un reto desde hace mucho tiempo. La garantía de que quienes indagan sobre los problemas de la cotidianidad de millones de personas no sufrirán represalias por ello no es sólida, aún con democracias (o que al menos se precian de serlo) ya asentadas décadas atrás en los distintos países que componen la región.

Desde ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica hemos conocido el estado de la libertad de expresión de los países en los que trabajamos y acompañado casos de periodistas y medios de comunicación víctimas de hostigamiento, amenazas, campañas de desprestigio y persecución de diversos tipos en México, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y el Salvador. Este año hemos podido atestiguar la manera en que la pulsión de censurar a los trabajadores de la prensa pervive en las élites económicas, en funcionarios y servidores públicos, en militantes de partidos ideológicamente diversos, cuerpos de seguridad (incluídos ejércitos) y en general en todos aquellos que vean afectadas trayectorias políticas, negocios o estrategias de comunicación a causa del periodismo.

La ofensiva contra la libertad de prensa este año ha sido brutal. La andanada de asesinatos de periodistas en México que alcanzó 12 víctimas hasta el día de hoy, la necesidad de mayores recursos y personal para sus instancias de protección a periodistas, la urgencia de reducir los índices aplastantes de impunidad, la discrecionalidad en el gasto oficial en publicidad en medios, la profundización de la militarización y la estrategia de combate a la criminalidad de los últimos 16 años, así como el constante golpeteo de señalamientos del presidente hacia periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, forman parte de un panorama que difícilmente podrá remediarse en lo que resta del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, Guatemala y sus periodistas experimentan una amenaza mucho menos estridente que la de otros países con líderes carismáticos con una animadversión abierta hacia la prensa, pero con un impacto negativo igual o mayor.

Con un perfil más discreto, el presidente Alejandro Giammattei mantiene un escenario de estigmatización y señalamientos hacia los trabajadores de los medios, persecución judicial debido a publicaciones incómodas a la actual administración, la revancha de las élites inconformes con los resultados de la extinta CICIG,  amenazas de apertura de procesos penales que han motivado el exilio o al menos la salida temporal de periodistas del país, una estrategia de comunicación en redes que busca minar la reputación de integrantes de medios y personas defensoras de derechos humanos además de un proceso electoral por realizarse en 2023 que promete que habrá mayores dificultades para ejercer el periodismo en el territorio guatemalteco.

Honduras se encuentra en un proceso que hasta el momento presenta serias dudas sobre el compromiso de la nueva administración con la defensa de los derechos humanos y por supuesto, con la libertad de prensa. Aunque la presidenta Xiomara Castro se presentó a elecciones y ganó con un programa de izquierda y ha declarado en diversas ocasiones su respeto hacia la libertad de expresión, su gobierno no ha dado pasos firmes hacia la consolidación y fortalecimiento de las instancias de protección a periodistas y en especial de las encargadas de investigar y llevar ante la justicia a quienes agreden a la prensa como la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Además, Article 19 ha podido conocer por propio testimonio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que el hostigamiento hacia proyectos de comunicación comunitaria y sus equipos siguen sucediendo sin que el gobierno actual logre romper con la inercia de los gobiernos posteriores al golpe de Estado de 2009. Levanta preocupación y alerta el uso del estado de excepción donde se suspenderán derechos como la inviolabilidad del domicilio, de correspondencia, de asociación, de libertad de tránsito, de reunión y de información en 162 colonias marginadas con el fin de combatir al crimen organizado.

Sobre Cuba este año asistimos al acercamiento en las relaciones entre el gobierno de la isla y el gobierno de Estados Unidos sin que esto implique que el periodismo independiente y quienes defienden derechos humanos tuvieran un respiro. Después de la oleada de encarcelamientos y procesos penales posteriores al 11 de julio de  2021 desde Article 19 pudimos conocer la manera en que el Departamento de Seguridad del Estado de Cuba presionó a periodistas y personas defensoras de derechos humanos para que salieran del país a cambio de no abrirles procesos penales y encarcelarlos. Con esto medios de comunicación y periodistas se vieron sacudidos, unos por vivir la inestabilidad natural de cambios drásticos en sus equipos y los segundos por el impacto de tener que salir de Cuba sin expectativa de poder regresar pronto, con algunas de sus pertenencias y sin un rumbo determinado  Así mismo también conocimos las experiencias de quienes ya purgando condenas por haber defendido los derechos humanos o hecho labores periodísticas fueron condicionados a ser liberados a cambio de irse. A pesar de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cuba atropella los derechos de su ciudadanía ignorando cualquier recomendación encaminada a facilitar el disfrute de derechos como el de difundir e indagar información e incluso ha postergado durante décadas el establecimiento de dependencias dedicadas a la protección a los derechos humanos.

El gremio periodístico de El Salvador se enfrenta a las condiciones que la declaración de régimen de excepción, el Decreto 333, impuso al suspender las libertades de asociación y reunión pacífica así como el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de correspondencia además de facilitar la intercepción de telecomunicaciones sin autorización judicial y la ampliación del periodo de detención de setenta y dos horas a quince días. Estas medidas, justificadas por el gobierno de Nayib Bukele para abatir los índices de homicidios y subyugar a las pandillas son claramente desproporcionadas en tanto que debilitar el orden democrático en pos de una estrategia de seguridad que habilita que las fuerzas de seguridad pudieran actuar de manera discrecional y cometer abusos en ese marco.

Esta situación sumada a las reformas al código penal,  que entre otras medidas tipifican el delito del uso de tecnologías para obtener o distribuir información confidencial, el espionaje a través de Pegasus a trabajadores de medios, los constantes señalamientos de Nayib Bukele hacia defensores y periodistas por evidenciar los excesos cometidos gracias al régimen de excepción y el ambiente de hostigamiento que los dichos del presidente generan, constituyen un reto para los periodistas locales y promueven la autocensura e inhibición de su ejercicio.

Finalmente desde ARTICLE 19 pudimos conocer la situación a la que se enfrenta el gremio informativo ante el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

En este año fue posible registrar una ofensiva contra organizaciones de sociedad civil a las cuales les fue cancelado de manera arbitraria el reconocimiento para poder operar libremente en el país. Hasta el momento la cancelación de organizaciones rebasa las mil y se proyecta que llegue a poco menos de 1800.

El gobierno de Daniel Ortega ha cerrado 54 medios en 13 distintos departamentos, se registran 8 trabajadores de medios encarcelados y un número importante de periodistas en el exilio.

Desde que el inicio de la crisis política de abril de 2018, se ha reportado una escalada de declaraciones estigmatizantes y señalamientos criminalizantes contra la prensa independiente por parte de personalidades ligadas al gobierno de Nicaragua. Este contexto de estigmatización habría propiciado diversos ataques, agresiones verbales y amenazas de particulares en contra periodistas y profesionales de medios de prensa, incluso amenazas de muerte.

El temor al encarcelamiento, las agresiones físicas, los allanamientos y en general la persecución del régimen han llevado a que desde abril de 2018 más de 160 periodistas salgan de Nicaragua de manera forzada.

A pesar de todo lo que ha sucedido en este ultimo año, es preciso destacar el impulso organizativo que presentan los respectivos gremios de cada país para visibilizar la situación que viven. A través de comunicados conjuntos, llamados a la comunidad internacional, investigaciones periodísticas de largo aliento sobre diversos temas y participación en audiencias de organismos internacionales y foros sobre la adversidad que enfrentan las y los periodistas, tratan de mantener viva la lucha por la libertad de expresión en sus países, empujando por tiempos mejores donde su actividad no sea motivo de asesinato, amenazas, desprestigio, persecución judicial o exilio. En ello confiamos y apostamos por continuar acompañando su lucha en el tiempo venidero.

@article19mex