Testigo social de IAVE: el riesgo de cuestionar la licitación

Mucho se ha discutido sobre las fallas en el sistema de telepeaje IAVE desde que el 1 de agosto entró en vigor el contrato con el nuevo proveedor de servicios. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre la queja interpuesta por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la testigo social Mónica María del Rosario Barrera Rivera por su “actuación con faltas” al presentar información presuntamente falsa e imprecisa. Prospere o no, esta queja desacredita al programa Testigos Sociales de la SFP y abre aún más resquicios para la corrupción en compras, licitaciones y adjudicaciones públicas.

La información “falsa e imprecisa” que señala CAPUFE en su queja se refiere al contenido del Testimonio sobre el procedimiento de la Licitación No. LA-009JOU001-T5-2014 para la contratación del proveedor del sistema de telepeaje emitido por Barrera Rivera en cumplimiento de sus obligaciones como Testigo Social en este proceso. En dicho testimonio, la Testigo Social expresa, entre otras cosas, una “duda razonada de la transparencia en esta parte del procedimiento” en virtud de haber apreciado “posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, llevada a cabo por los servidores públicos de las áreas responsables”.

Asimismo, agrega que el 6 de mayo de 2014 emitió un Informe Previo en el que recomendó, en primer lugar, la reposición de la evaluación técnica y económica realizada, toda vez que, en su opinión, ésta fue hecha de manera irregular y la formalización del contrato podría ocasionar un grave daño al patrimonio federal y, en segundo, revisar la autenticidad de la documentación presentada por la agrupación ganadora y la situación fiscal de una de las empresas de dicha agrupación. La Testigo Social también llamó la atención sobre el hecho de que el anterior proveedor cobraba $6.30 por cruce incluyendo servicios, mientras que la propuesta del consorcio ganador –si bien en principio cotizó $4.96 por cruce– al sumar el resto de los servicios asciende a $7.00, mismos que el Estado mexicano deberá de absorber.

La figura del testigo social reviste especial importancia debido a que son los encargados de verificar que las contrataciones públicas se lleven a cabo con transparencia e imparcialidad. Según la OCDE, “la contratación pública se ha identificado como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción”. Por otro lado, de acuerdo con la exposición de motivos de la “Ley Modelo sobre la Contratación Pública” elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), “la contratación pública supone la adopción de decisiones discrecionales en nombre de todas las instancias de gobierno; el gasto en adquisiciones puede representar entre el 10 y el 20% del PIB y no menos del 50%, o incluso más, del total del gasto público. También por su carácter, la contratación pública entraña el riesgo de abuso, y el tamaño del mercado indica que las posibles pérdidas pueden ser considerables…”.

Precisamente para combatir la corrupción en las contrataciones públicas, y con el fin de transparentar los procesos de adquisiciones del gobierno federal y darle credibilidad al proceso frente a la ciudadanía, en 2004 se creó la figura del Testigo Social. La labor de las 35 personas físicas y cinco morales registradas ante la SFP como testigos sociales consiste en atestiguar los procesos en todas sus etapas a fin de verificar que éstos se lleven a cabo de conformidad con la normatividad aplicable y representar a la sociedad en el proceso de licitación.

Se trata de personas que cuentan con experiencia en contrataciones públicas y adquisiciones similares, cuyo perfil profesional es compatible con el de la contratación que atestiguan y, sobre todo, de reconocida solvencia moral. En el caso de Mónica María del Rosario Barrera, su perfil como testigo social en la SFP no deja la menor duda respecto a su experiencia y capacidad para desempeñar el cargo encomendado. Es Ingeniera en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad Iberoamericana, Contadora Pública y cuenta con las maestrías de Administración y Administración Pública, y Doctorado en Administración Pública. Fue Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, así como Presidenta de diversas asociaciones de ingenieros y ha desempeñado puestos de importancia dentro de diversas dependencias de la Administración Pública Federal tales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, PEMEX y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

La labor de un testigo social, si se hace bien, supone un enfrentamiento con intereses económicos y políticos que lo pueden dejar en estado de indefensión ante posibles represalias. En ese sentido, David Shields, Testigo Social en la industria energética, señala en el diario Reforma que “Los testigos sociales no somos un gremio y tenemos pocos defensores. En los procesos de contratación pública, hacemos observaciones y recomendaciones que tocan intereses. Nuestra actividad, que es normada con precisión en las leyes federales de obras públicas y de adquisiciones y sus respectivos reglamentos, es incómoda para muchos servidores públicos”.

El hecho de que Barrera Rivera haya llamado la atención sobre las irregularidades apreciadas en el proceso de licitación del sistema de telepeaje IAVE atiende precisamente a los motivos por los cuales se creó la figura del Testigo Social. Sin embargo, la queja interpuesta por CAPUFE sienta un mal precedente ya que no sólo podría desacreditar esta figura, sino que además parecería castigar a cualquier Testigo Social que cumpla con el trabajo encomendado. De prosperar, podría suponer la desaparición de este programa o, por lo menos, su descomposición ya que, ante la amenaza de ser sancionados con multas e inhabilitación, ¿cuántos testigos sociales se atreverán a denunciar irregularidades en los procesos que atestiguan?

* Sara Cantú Pérez de Salazar (@saracantup) es analista de temas relacionados con el combate a la corrupción de Integralia Pública, A. C.  (@IntegraliaPub)