¿Tenemos un México a la altura de su infancia y adolescencia?

Por: Juan Martín Pérez García (@juanmartinmx)

Niñas, niños y adolescentes representan el 37% de la población mexicana, aproximadamente 40 millones de habitantes, es decir, 4 de cada 10 mexicanos y mexicanas. Esta importante proporción poblacional tiene varias implicaciones directas con la dinámica del país; es decir, los acontecimientos positivos o negativos les afectan de manera directa, y en muchas ocasiones de forma más intensa por la invisibilidad social que enfrentan. Desde la visión demográfica y económica la población menor de dieciocho años de edad representan también la prospectiva de país en cuanto a “inversión y gasto a futuro”, el llamado ‘bono demográfico’ sería un ejemplo clásico de cómo los Estados tienen que desarrollar políticas públicas con perspectiva a largo plazo a riesgo de comprometer el  desarrollo económico y la cohesión social del país.

La mayoría de los estudios académicos y el propio sentido común nos dicen que las y los niños de este nuevo siglo son muy distintos a las generaciones previas; existe un salto cualitativo que deja un país más comunicado, más globalizado en el consumo y con grandes desafíos para atender las exclusiones que resultan de una de las economías con más contraste en la distribución de la riqueza. Ser niño, niña, ya significa un ochenta por ciento de probabilidad de enfrentar carencias, más aún si es mujer, indígena o vive en las zonas rurales del sur del país. La pregunta surge pertinente: ¿tenemos las instituciones, leyes y democracia a la altura de la infancia? No existe una respuesta sencilla, pero los datos disponibles pueden ser un punto de partida más preciso.

 

La pobreza es mala, la violencia peor

Quizás una de las mayores afectaciones a la infancia y la adolescencia es la violencia, en sus diversas expresiones y donde lamentablemente no existen datos suficientes. Desde diciembre de 2006 hasta 2012, a partir de un conteo hemerográfico de la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM), se ha calculado la muerte de aproximadamente 1,701 niños y niñas por hechos presuntamente relacionados con la lucha contra el crimen organizado. De acuerdo con datos oficiales recopilados de La Infancia Cuenta en México 2012, 7 de cada 10 homicidios contra adolescentes de 15 a 17 años de edad ocurren por arma de fuego. En los últimos 5 años, esta tasa se ha triplicado pasando de 5.3 en 2007 a 15.7 en 2011.

Por su parte las niñas y adolescentes enfrentan desventajas mayores por su condición de género. En nuestro país, seis de cada cien adolescentes de 15 a 17 años ya son madres. Es una situación aún más preocupante si observamos los datos que refieren que 11,682 niñas de entre 10 y 14 años de edad registraron un hijo en 2010, de éstas, 244 eran niñas de 10 años de edad. Asimismo, el embarazo adolescente es también causa de la deserción escolar y con ello, de la reducción de oportunidades para niñas y adolescentes: 9 de cada 10 niñas que se vuelven madres, dejan de asistir a la escuela. [1]

De esta manera, los indicadores sobre la situación de la infancia aportan un contraste detallado entre la experiencia vivencial de millones de niñas, niños y adolescentes frente a la pertienencia del marco normativo actual y las acciones gubernamentales, donde el sentido común nos indica que no responden a las obligaciones internacionales y menos aún a garantizar un México apropiado para la infancia. Surge otra pregunta: ¿Por qué no cambiamos como país, aún con indicadores contundentes que muestran las graves situaciones que enfrentan la infancia y la adolescencia?

Adelantando ideas para un debate más amplio podemos identificar varios desafíos del Estado Mexicano y sus instituciones para hacer realidad el derecho internacional de niñas y niños:  a) reconocer explícitamente la ciudadanía jurídica de niñas, niños y adolescentes b) superar la idea que la infancia es responsabilidad únicamente de las familias c) ampliar la acción del Estado más allá de la asistencia promoviendo los derechos civiles y políticos de la infancia y adolescencia d) generar espacios de participación infantil y juvenil en las instituciones públicas donde sus opiniones sean vinculantes.

Además del cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado Mexicano adquirió con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) existe suficiente evidencia documental para sustentar la urgencia de cambiar la actual forma de atender a la infancia y la adolescencia. Si queremos tener resultados distintos necesitamos articular al Estado Mexicano de manera diferente, avanzar hacia instituciones públicas articuladas en la atención de niñas y niños, funcionarios públicos capacitados en los derechos de la infancia y un sistema de información oficial sobre la situación de la infancia que ayude a tomar buenas decisiones públicas.

Después de la modificación del Artículo Primero Constitucional, el Estado Mexicano está obligado a repensar su relación con niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio pro persona, es decir, elegir la ley que mejor beneficie a las personas, toda vez que el marco jurídico internacional que protege a la infancia y la adolescencia es más avanzado. Esto tiene mayor relevancia después que en octubre del 2011 se logró la modificación a los Artículos 4º y 73º Constitucionales que incorporan el “Interés superior de la infancia” y otorgan a la Federación competencia en materia de derechos de la infancia, lo cual representa una oportunidad histórica para cambiar el paradigma tutelar que sustenta nuestras leyes vigentes y avanzar a un nuevo marco normativo sustentado en el enfoque de derechos de la infancia que se concrete en una nueva “Ley General de garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia” que esté a la altura de nuestros niñas y niños, y que responda a las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Un nuevo marco normativo, puede generar una nueva institucionalidad que articule con fuerza y estrategia los esfuerzos del Estado Mexicano en su conjunto, a través de la adecuación y la definición de competencias entre los Estados y la Federación para una mejor garantía de los derechos.

La urgencia de cambiar es una responsabilidad ética y un mandato constitucional. Las y los adultos hemos esperado muchos años, pero ¿y los niños realmente pueden esperar?

 

* Juan Martín Pérez García es Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.