Telecomunicaciones: censura y algo más

La semana pasada la mayoría legislativa en el Senado de la República nos ofreció otro episodio de la nueva rutina parlamentaria llamada “no se mueve ni una coma”. Así las comisiones aprobaron mediante un monólogo, sin lectura, sin debate, sin explicaciones, un texto que casi nadie conocía. Parecía inminente la aprobación en el pleno de una ley tan ominosa (por lo poco que se conocía) como poco estudiada.

El jueves pasado, la ONU en México hizo un inusual llamado al Senado para que se garantizaran espacios de consulta y se consideran estándares internacionales en materia de libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas; la Cámara Americana de Comercio en México turnó a las comisiones legislativas observaciones y propuestas de modificaciones a más de una veintena de artículos, y desde entonces diversos especialistas han manifestado puntos concretos de preocupación.

Ese es el problema cuando se legisla de manera tan auto referida: la inobservancia de estándares y compromisos internacionales. El viernes la presidenta hizo un llamado para reconsiderar la aprobación en el pleno y abrir, en efecto, espacios de consulta y deliberación. Ojalá haya diálogo y sean productivos.

La disposición que más ha llamado la atención es el artículo 109 que le da a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, por ello es que se le conoce como la ley censura. Y en efecto, es una disposición problemática que puede llevar al monopolio de la narrativa, a imponer una sola visión de la realidad y a censurar todas aquellas voces que discrepen de la versión oficial de las cosas, además de que es difícil imaginar la instrumentación propia de la censura.

Empero, aun cuando dicho artículo se corrija o se derogue, la iniciativa contiene muchas otras disposiciones que cambian el contorno y los supuestos bajo lo que hoy opera el sector de las telecomunicaciones. Las reglas del juego son otras, las expectativas de negocio son distintas, la regulación es asimétrica para medios públicos y privados. En fin, no es un asunto menor.

Pero además se incrementa la discrecionalidad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue una respuesta para intentar encausar, arbitrar, regular, en fin, entender un sector tan dinámico y complejo como lo es el mundo de las telecomunicaciones. La colegialidad era un atributo consustancial. Lo que tenemos ahora es que en el tránsito del IFT a la nueva Agencia no hay ningún asomo de consulta o colegialidad; las decisiones las asumirá unilateralmente el titular de la agencia. Me parece que es mucho lo que se pierde.

Celebro el llamado a la consulta, ojalá sea ocasión para subsanar todas las omisiones y riesgos detectados, ojalá volvamos a legislar dialogando, buscando acuerdos, oyendo argumentos, disuadiendo, no aplastando.

* Rodrigo Morales M. (@rodmoralmanz) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.