Tedio en la elección judicial

A menos de 70 días de las votaciones se ha generado en la sociedad mexicana un sentimiento de desánimo y descontento en torno a las elecciones judiciales. Esta sensación se ha expresado a través de manifestaciones de rechazo, desinterés y apatía en relación con el conocimiento, el involucramiento y la participación en las múltiples actividades del proceso comicial. Al parecer se ha generado una tendencia negativa que ha provocado y ha propagado el tedio de la ciudadanía.

Hasta el día de hoy, las elecciones judiciales no han logrado integrarse en la cotidianidad de las conversaciones realizadas en los centros de trabajos, las escuelas, los lugares de esparcimiento, los hogares y las redes sociales. Al parecer los comicios jurisdiccionales aún no son relevantes para las personas y las comunidades, ya que su importancia se subsume a la falta de comprensión de la labor de ministros, magistrados y jueces, así como a la realización de una elección que nadie solicitó.

Método de selección sin apoyo popular

La reforma judicial se sustentó en una premisa discursiva que sostiene que la elección de ministros, magistrados y jueces era necesaria para erradicar la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial. Sin embargo, según la encuesta de la Fundación Konrad Adenauer, el 53 % de personas han manifestado que prefieren que la designación de personas juzgadoras se sustente en la aplicación de exámenes y la valoración de la trayectoria profesional. En consecuencia, es dable concluir que una mayoría de personas no está de acuerdo en la celebración de los comicios judiciales.

También se debe considerar que el 55 % de las personas prefiere a un juez emanado de la carrera judicial, en lugar de un juzgador electo por el voto popular, cuando se encuentren involucrados personalmente en un proceso judicial. Lo anterior permite reafirmar que la ciudadanía se decanta a favor de que ministros, magistrados y jueces juzgadores sean designados mediante un sistema de carrera judicial que evalúa el conocimiento, la experiencia y el profesionalismo.

Asimismo, el 52 % de las personas prefiere que un juez, designado con base en exámenes y trayectoria, sea el responsable de admitir, tramitar y resolver un caso judicial que involucre a un actor político. Una vez más, la mayoría de la ciudadanía tiene predilección del sistema de designación que valore los conocimientos y la experiencia. En contraste, las elecciones judiciales no cuentan con el respaldo popular para generar juzgadores que conozcan y deciden en torno a casos polémicos.

Desinterés por las candidaturas

El proceso de inscripción de candidaturas no constituyó una actividad de interés de la ciudadanía, debido a que no se generó un registro masivo de aspirantes en 15 de los 19 días del plazo. Por el contrario, existió una indiferencia social dado que, a cuatro días del cierre del periodo de matriculación, sólo se habían registrado casi 5 mil personas, lo que representaba el 31 %, pero se necesita que, al menos, 16 mil individuos se apuntaran para contener por un cargo judicial.

Esta situación obligó al gobierno federal y MORENA a implementar una intensa y expedita campaña de difusión para incentivar la participación de la ciudadanía. Para ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la ciudadanía a inscribirse durante sus conferencias matutinas, miembros del gobierno federal utilizaron las redes sociales para impulsar el registro de aspirantes y el Comité de del Poder Legislativo habilitó un registro por vía correo electrónico.

Finalmente, en un acto caracterizado por la opacidad, la incredulidad y la incertidumbre, se informó que 34 mil personas se inscribieron para contender por una candidatura. El milagro se había realizado. En tan sólo cuatro días cerca de 29 mil personas se interesaron en una candidatura. Al final se registraron 18 mil personas en el Comité del Poder Ejecutivo, en el Comité del Poder Legislativo se inscribieron 11.6 mil y en el Comité de Poder Judicial se matricularon 3.8 mil.

Desinterés en la organización de las elecciones

El desdén de la sociedad alrededor de las elecciones judiciales se ha manifestado en el alto número de rechazos para participar como funcionario de casilla, en el bajo número de personas dispuestas a recibir y resguardar los votos de la ciudadanía, y en el reducido número de solicitudes para fungir como observador electoral. Indicadores que demuestran que existe una apatía social para participar en los comicios judiciales.

En semanas pasadas el INE informó que 1.9 millones de personas habían rechazado participar como funcionario de casilla. Número que debería incrementarse en estos días, ya que el operativo de visita, notificación y capacitación de la ciudadanía sorteada concluye el próximo 31 de marzo. Esta cifra preliminar casi cuatriplica los rechazos que se presentaron durante la revocación de mandato (500 mil). Ver gráfica 1.

Las negativas de participación superan en 600 mil casos el promedio de rechazos que acontecieron en los últimos cuatros procesos electorales federales (1.3 millones). Asimismo, estas repulsas sobrepasan por 200 mil casos los incidentes ocurridos en el proceso electoral federal de 2018, comicios que ostentaban el número máximo de rechazos en la historia (1.7 millones). Mientras que, en comparación con el proceso electoral federal de 2024, los comicios jurisdiccionales presentaron un incremento de 300 mil casos de rechazos. Ver gráfica 1.

El involucramiento de la ciudadanía en la organización de las elecciones es medido mediante  el porcentaje de personas aptas para desempeñarse como funcionarios de casillas. El porcentaje ideal es el 200 %, ya que la autoridad electoral tendría dos personas dispuestas a participar en cada cargo directivo del centro de votación. Es una meta ambiciosa que únicamente se ha logrado alcanzar en las elecciones de 2021 y en la revocación de mandato. Ver gráfica 2.

En el caso de las elecciones judiciales, el INE informó que había logrado alcanzar el 184 % de ciudadanía apta. Nuevamente, esta cifra tendría que superase, pero difícilmente alcanzaría a rebasar el 190 %. En consecuencia, los comicios judiciales, en comparación con las últimas elecciones federales, contaría con un menor número de personas interesadas en participar como funcionarios de casilla. Ver gráfica 2.

El porcentaje de las elecciones judiciales no rebasa el promedio general (185 %). Sin embargo, es un porcentaje menor en 10 puntos con relación a las elecciones de 2015 y menor en 12 puntos al respecto de los comicios de 2015. En comparación con las elecciones de 2021 se encuentra 16 puntos porcentuales atrás y al contrastarlo con la revocación de mandato tiene una diferencia de 45 puntos porcentuales. Ver gráfica 2.

 Por último, el número de solicitudes para realizar la observación electoral es un indicador que no muestra números tan disímiles entre las elecciones judiciales y los comicios federales. Pero, sigue el mismo matiz que los rechazos y el porcentaje de ciudadanía apta, ya que se tiene un registro de 7,448 solicitudes, cifra que es menor por 1 mil registros y 2 mil casos con relación a las elecciones de 2021 y 2024, respectivamente (ver gráfica 3).

Este indicador demuestra que la ciudadanía no está interesada en vigilar el funcionamiento de la casilla ni tiene inclinación alguna para resguardar la voluntad individual expresada en los sufragios. Por lo tanto, existe una apatía social en torno a la elección judicial, o bien, las personas no se han percatado de la gravedad de dejar que el gobierno federal y MORENA intervengan en los comicios judiciales para decidir que personajes deben desempeñarse como ministros, magistrados y jueces.

Desinterés por las elecciones

A dos meses de la jornada electoral, el desdén de la sociedad por las elecciones judiciales no ha cambiado ni se ha reducido significativamente, ya que en la última encuesta de El Financiero más de la mitad de las personas señalaron que no están interesadas en los comicios de ministros, magistrados y jueces.   Esto es así, ya que la ciudadanía está cansada por la continua celebración de comicios, en últimos cinco años se han efectuado 81 elecciones,[5] y que la sociedad aún no ha logrado comprender la importancia de elegir a las personas juzgadoras vía el voto popular.

Por ejemplo, en una encuesta de Parametría se indica que el 77% de las personas señalaron que no conocen la fecha de la jornada electoral, circunstancias que demuestra la indiferencia de la sociedad sobre las elecciones judiciales, pero que, a su vez, es un factor que evidencia una falla en la estrategia de promoción del voto del INE. Por lo tanto, la ciudadanía no ha demostrado, por el momento, un compromiso democrático en torno a unas elecciones que no solicitaron.

Mientras que la encuesta de El Financiero revela un dato preocupante, ya que el 52% de las personas expresó que no tiene intenciones de acudir a votar el próximo 1 de junio. Lo anterior concuerda con las estimaciones que el INE ha realizado sobre la participación electoral, ya que ha afirmado que espera que la participación oscile de entre el 10% y el 16%. En consecuencia, una vez más, se demuestra que la sociedad no esta interesada en los comicios jurisdiccionales.

Desconocimiento de las candidaturas

El desinterés social en las elecciones judiciales se confirma al precisar que existe un desconocimiento generalizado sobre el perfil, la trayectoria y la experiencia de las candidaturas, ya que, en la encuesta de El Financiero, el 57 % de las personas afirmó no conocer a las y los individuos que se han postulado como candidatos y candidatadas a ministros, magistrados y jueces.

Mientras que, en la última encuesta de La Crónica, más del 50 % de las personas expresó que no tienen los conocimientos suficientes sobre las candidaturas para emitir una opinión positiva o negativa. En tanto que, en la encuesta de la Fundación Konrad Adenauer, el 49 % de las personas manifestó que sus vecinos y conocidos no cuentan con la información necesaria para decidir su voto a favor de alguna de las candidaturas.

Tan tan…

En los próximos días están por comenzar las campañas electorales, etapa de mayor actividad proselitista, promoción institucional y cobertura mediática, lo que supondría un cambio radical en el percepción social e individual en torno a las elecciones judiciales. En consecuencia, podría generase un mayor involucramiento, conocimiento y participación de la ciudadanía en los comicios jurisdiccionales. Sin embargo, en estas inusuales campañas electorales no habrá exposición de las candidaturas en radio y televisión, espectaculares, cines, bardas y actos masivos, lo que condicionará negativamente el saber, la vinculación y la concurrencia de la ciudadanía.

* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.

 

1 2 elecciones federales, 76 elecciones locales, una consulta popular, una revocación de mandato y una elección judicial.