Te lo digo Juan para que me entiendas ONU

La conversación que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo en el Senado, en relación con el informe final de la visita del Relator Especial sobre tortura, Juan Méndez, deja ver mucho más que lo que el gobierno federal piensa sobre el estatus de la tortura en México; es esclarecedor, más bien, de la posición que asumirá de cara al rol que espera de los relatores del sistema internacional de protección de derechos humanos respecto del país.

Al gobierno federal le ha dolido que el Relator Especial haya señalado que en México hay tortura y que esta es generalizada. Pero en lugar de dar importancia al contenido del informe, ha cuestionado su metodología, ha calificado al autor como irresponsable y poco ético, y ha decidido no trabajar con él “por un tiempo”, aunque con esta decisión “perdamos todos”, según afirmó el embajador Juan Manuel Gómez Robledo.

Una mirada al informe presentado permite entender claramente porque el señor Méndez dijo lo que dijo, en síntesis: la tortura es generalizada porque a) es cometida en todos las instituciones del orden —policía municipal estatal y federal, guardias carcelarios, y militares; b) porque se verifica desde la detención, con el arraigo, durante el proceso y en la prisión; c) porque responde a patrones que dan cuenta de momentos, formas y fines en los que ocurre, en las que se practica y para los que se recurre a la tortura, y d) porque abarca indistintamente a importantes sectores sociales, como es el caso de adolescentes, personas jóvenes y mujeres, migrantes, personas con discapacidad, defensoras de derechos humanos y periodistas. El informe da cuenta además de las relaciones que la tortura tiene con las desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias de las que también tuvo noticia el Relator, así como de las deficiencias en la investigación de denuncias y en la elevada impunidad que se registra al respecto.

Más allá del número de casos que llevaron a estas conclusiones —que están sustentadas además en una serie de informes presentados por diversas instituciones ombudsman del país, por la CNDH, reportes del CIDE e información de la SCJN— su lectura en clave de derechos humanos permite inferir que además de generalizada la tortura en México es sistemática y estructural. De hecho, el número más bien bajo de casos que se pueden documentar obedece a que el sistema que permite la tortura inhibe la denuncia, obstaculiza la investigación y facilita la impunidad. Por otra parte, sugiere también la prevalencia de estructuras que toleran la tortura, a pesar de su prohibición.

[contextly_sidebar id=”zHUCxXDt674cpPqBwdRJBh6OL9kU2v3I”]El informe es claro y contundente, pero al actual gobierno mexicano no le gusta que le digan lo que está mal en el país, lo que afecta su imagen, y menos aún que lo haga un extranjero en representación de un organismo internacional. De ahí la relevancia de las declaraciones de Gómez Robledo, cuyo tono parece advertir que, de persistir en una actitud crítica, el gobierno federal no será tolerante con el escrutinio exterior. Aunque es difícil juzgar una conversación en la que no se ha estado presente, no me parece que el embajador haya asumido un tono patriótico o soberanista, sino más bien, de lamento por lo que parece inevitable: el cierre del gobierno mexicano a la cooperación internacional en materia de justicia y derechos humanos. El embajador implica el beneplácito que una decisión como ésta genera en un sector que ha sido tradicionalmente reacio a la apertura de México hacia el exterior, que confunde la visita de un relator con la de un invitado a casa quien, por cortesía, no debe hablar mal del anfitrión.

Esta declaración —que apoyada más tarde por el propio canciller Meade adquiere carta de posición oficial— es altamente preocupante porque augura tensiones con los organismos internacionales de protección de derechos humanos que hoy por hoy, son un contrapeso real para denunciar lo que ocurre en el país y quizá una de las pocas esperanzas para las víctimas, que no han hallado en la institucionalidad mexicana una respuesta sólida a sus legítimos reclamos.

No tengo duda del rol que el sistema de relatores y la oficina de la OACNUDH han jugado y siguen jugando para que este país avance hacia una democracia afianzada en la responsabilidad institucional y en la rendición de cuentas. Me cuesta creer que después de tantos años y tanto esfuerzo, un gobierno como el que hoy tenemos se comporte de un modo tan parroquial.

Quizá por ello, me viene a la cabeza aquélla anécdota en la que un hombre de mente poco agraciada, pero orgulloso de su físico, macho y auto-percibido como infalible, acude al médico a instancia de quienes le señalan que algo debe andar mal con su salud, debido a su semblante. Cuando el especialista le dice que tiene un pequeño tumor que, de no atenderse, puede ocasionarle la muerte, el hombre se enfada y le dispara en la frente porque, en lugar de fijarse en la evidente salud de su musculatura, se detuvo en la insignificancia de un problema que en su opinión arrogante y estulta, puede curarse con el ejercicio.

@LGlzPlacencia