blogeditor · 5 de octubre de 2020
En el marco de la discusión de las reformas que pretenden entregar a la Secretaría de Marina el control de los puertos y la Marina Mercante, Tatiana Clouthier, diputada de Morena, presentó la propuesta de incluir en un artículo transitorio un plazo de tres años para revisar esta decisión.
Aquí parte de su exposición en el Congreso, el pasado 1º de octubre:
“Es cierto que existe corrupción e ineficiencia en las tareas de puertos y en los transportes marítimos, no obstante, no creo que la solución sea entregar una institución civil para su administración a la Marina que, a final de cuentas, es parte de las Fuerzas Armadas de esta nación.
“Una cosa es cooperar con las autoridades civiles en el tema de seguridad y freno al contrabando y otra es entregar completamente el sistema de puertos a la Secretaría de la Marina.
“Las reformas propuestas dan a la Marina, no solamente facultades de vigilar y de garantizar la seguridad de los puertos, sino le dan atribuciones administrativas, de dragado, de control sobre la construcción y mantenimiento de infraestructura, entre otras. Y yo me pregunto si estas son realmente las tareas para las cuales la Marina fue creada.
“Además, cuando hablamos del tema de transparencia, siempre que está metido el Ejército o las Fuerzas Armadas, se nos dice que tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Esto es, de hoy en adelante no tendremos acceso a estos números y a esta situación.
“Hacemos un llamado a compañero [sic] y compañeras, para buscar la temporalidad de esta reforma. Es decir, hacer que solamente la militarización de los puertos tenga fecha de caducidad. Nuestra propuesta es darle tres años para lograr las metas que se proponen en el dictamen y en tres años regresar o evaluar las funciones para la SCT. Y esto evaluarlo con evidencia clara y no como hoy, con algunos supuestos.
“Si en verdad hay algunos que afirman que la reforma planteada no cambiará nada, entonces, ¿para qué cambiarla? Los invito a reflexionar. No podemos entregar todo lo que no funciona o que tiene un desempeño deficiente a los uniformados. Los pesos y contrapesos deben existir en este país. Así lo obliga la Constitución.
“Concluyo con lo siguiente. Le pregunté a la proponente que, si esta reforma la hubiera propuesto Calderón, la hubiera aprobado, y me dijo que no. La ley se hace para todos y no acomodado para algunos. Es cuanto, señora presidenta”.
Las palabras de Clouthier dan para análisis amplios. En mi interpretación, ella duda del sentido mismo de la reforma, cuando de entrada cuestiona la entrega de la administración de una institución civil a las Fuerzas Armadas.
La diputada distingue bien entre cooperación entre las autoridades civiles y militares, y entrega de instituciones y funciones de las primeras a las segundas. Además, puntualiza y cuestiona la cesión de tareas administrativas que van más allá de la seguridad y vigilancia de los puertos.
Luego su duda es sobre la transparencia, dado que la experiencia confirma que el control de funciones civiles a manos militares expande los límites al acceso a la información bajo el cobijo de la seguridad nacional.
Por cierto, justo ahora el monitoreo de la Guardia Nacional (GN) que hace el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX (@PSC_IBERO, consultar aquí) está encontrando un desdoblamiento en el acceso a la información, de manera que muchas respuestas de esa institución abarcan solo el segmento de tareas a cargo de efectivos anteriormente miembros de la Policía Federal, dejando de lado lo referente al personal militar llevado a la GN.
Clouthier pega en el corazón de toda esta discusión cuando afirma: “Nuestra propuesta es darle tres años para lograr las metas que se proponen en el dictamen y en tres años regresar o evaluar las funciones para la SCT. Y esto evaluarlo con evidencia clara y no como hoy, con algunos supuestos (subrayado mío)”. Estas palabras aplican a todo el espectro de las decisiones de la militarización de la seguridad y en sentido amplio del militarismo, que contrae funciones y recursos públicos a cargo de civiles y los amplifica a cargo de militares.
Quien propuso la reforma, según parece, no lo hizo en estricto sentido porque cree en ella. Es más bien una instrucción; al menos así lo interpreto, cuando la diputada informa que la proponente aceptó que no aprobaría esta iniciativa si viniera de Felipe Calderón. Los méritos de la reforma están en el emisor de la orden, no en la reforma misma, queda claro.
Creemos, al igual que la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, que esto debería ser evaluado con evidencia, tal como lo dijimos cuando se analizaba la creación de la Guardia Nacional.
Pero toca remontar la ingenuidad. La vía militar agudizada desde el 2006 no necesita evidencia de que funciona a favor de la seguridad; ya entendimos. Tampoco necesita contrapesos del Congreso; ya entendimos. Y tampoco tiene, en realidad, fecha de caducidad; ya entendimos.
Ella lo intentó: “No podemos entregar todo lo que no funciona o que tiene un desempeño deficiente a los uniformados. Los pesos y contrapesos deben existir en este país. Así lo obliga la Constitución”. Acierta sin duda; pero su partido, los partidos aliados y el presidente no opinan igual.