Tanhuato y la guerra contra las drogas

Por: Edgar Guerra (@EdgarGuerraB)

No deja de ser una ironía que las matanzas recientes en que se involucra a fuerzas federales activas en la guerra contra las drogas -Apatzingán, Tanhuato- hayan ocurrido, precisamente, en Michoacán. Fue en este Estado en el que en 2006, a partir de una terrible crisis de seguridad bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel -nieto del general Lázaro Cárdenas- inició la fatídica guerra contra las drogas, al ponerse en marcha lo que el expresidente Felipe Calderón llamó Operativo Conjunto. Casi una década después, es ahí donde la guerra ha sido sumamente compleja, con cambios cuantitativos importantes, como los registrados en el índice de homicidios intencionales, por ejemplo, pero también ahí donde se ha caído en una espiral de violencia, con significativos cambios cualitativos que se manifiestan en nuevas formas de violencia.[1]

Michoacán es medular para entender las dinámicas del narcotráfico en el país, la estrategia para enfrentarlo y la violencia que ha generado. Hay que recordar que ésta no solo fue la entidad en la que hicieron presencia pública los primeros ejecutados decapitados y con narcomensajes (Uruapan, septiembre de 2006), sino que aquí también ocurrió el primer acto de narcoterrorismo (las granadas lanzadas en Morelia, en septiembre de 2008). Por si fuera poco, en la región de Tierra Caliente floreció una de las organizaciones criminales más violentas del país, Los Caballeros Templarios y, finalmente, fue en poblaciones como Tepalcatepec y La Ruana, entre tantas otras, que surgió uno de los grupos de civiles armados más singulares de la historia reciente: las autodefensas michoacanas.

[contextly_sidebar id=”Yh5aAwMQtaIx8z2kmyUe1z7srzh9ekTm”]Es cierto, entre 2007 y 2008, con el Operativo en marcha, el número de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se redujo en esta entidad.[2] Si en 2006 Michoacán era el estado más violento de México con 526 ejecuciones, en 2007 se registraron 328 eventos, lo que significa una reducción de 38%. Para 2008 ocurrieron 289 homicidios vinculados al tráfico de drogas, lo que significó un descenso de 45% con respecto a 2006. Sin embargo, el éxito fue transitorio. A partir de 2010 inició una lenta pero constante alza de homicidios que ya superó, en 2014, los niveles de 2006, al registrar una cifra de 594 homicidios, por lo que hoy en día el estado se mantiene como un foco rojo en materia de seguridad.[3]

Ahora bien, resulta engañoso atribuir, en su totalidad, estos efímeros resultados al Operativo Conjunto Michoacán y, en general, a la guerra contra las drogas desde tiempos de Calderón. Sabemos que en el diseño e implementación de esta guerra hubo, desde el inicio, serios errores, como fue el establecer objetivos demasiado generales y sin un cronograma de seguimiento adecuado, sin programar indicadores para medir resultados y sin considerar medidas preventivas ante la esperable respuesta de los grupos criminales.[4] Más aún, con el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, si bien pronto se insistió en cambiar el enfoque de análisis y tratamiento de la violencia, hasta entonces imperantes, por una política integral, que mejorara la aplicación de la ley y reforzara los vínculos entre el Estado y la ciudadanía,[5] en sus líneas generales se conservó la estrategia del Calderonato, privilegiando el combate frontal de las organizaciones criminales y la persecución de los objetivos de alto impacto, entre otras.[6] Por otro lado, en este éxito relativo también intervinieron factores externos a la estrategia gubernamental. El primero fue el control territorial que establecieron Los Caballeros Templarios entre 2009 y 2012 -lo que disminuyó las pugnas por el mercado y redujo la violencia. El segundo fue la operación contra el crimen que iniciaron las autodefensas michoacanas a partir de febrero de 2013.

Finalmente, los resultados alcanzados en Michoacán presentan matices. Por ejemplo, la principal organización criminal (Los Caballeros Templarios) fue desarticulada entre 2014 y 2015. Pero esto dio paso a la consolidación de grupos criminales en los estados vecinos (en Guerrero, con Los Rojos y Guerreros Unidos -por ejemplo- y en Jalisco, con el Cártel Jalisco Nueva Generación) lo que generó fuertes olas de violencia en estos estados. En otras palabras, a pesar de los esfuerzos de los últimos nueve años, la generación de la violencia continúa siendo un producto de la guerra entre las organizaciones criminales y de su combate desde las instituciones del Estado.

Y es en este contexto de la guerra contra las drogas, que el episodio de Tanhuato nos estalla entre las manos, mostrando en toda su crudeza las paradojas y contradicciones en que ha desembocado la estrategia de combate vigente. Pero sobre todo, este episodio de violencia nos advierte sobre el peligro latente de que el uso de la fuerza -irracional e incontenida- se apropie de todos los bandos (no solo del de los criminales) y que, eventualmente, desemboque en masacres que deslegitimen al propio Estado y recrudezcan su guerra y la violencia que genera.

Sin duda, los resultados a la vista nos sugieren que algo está muy mal en la política de combate a las drogas de este país, la cual no ha aportado los resultados deseados y ha generado más violencia y matanzas, por lo que es necesario insistir en su revisión y discusión.

Como indicamos líneas arriba, Michoacán refleja todas las contradicciones y paradojas que se desprenden de la política prohibicionista y de las guerras que inspira. Pero también, nos recuerda que las alternativas imaginativas y viables son posibles y que, incluso, han sido formuladas e implementadas en nuestro país, cuando ha habido voluntad política. No deja de ser irónico que el primer y único presidente de México que propuso y aplicó una política de drogas con un enfoque de salud pública fuera el michoacano general Lázaro Cárdenas.

 

* Edgar Guerra es investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

 

 

[1] La violencia vinculada a las drogas en México, sus cambios cuantitativos y cualitativos, ha sido medida, hasta donde ha sido posible, dada la carencia de datos confiables, por el Trans-Border Institute a través de su Justice in Mexico Project. Los reportes sobre Drug Violence in Mexico, desde 2009 al 2015 se encuentran aquí.

[2] Véase el artículo La Estrategia Fallida, de Eduardo Guerrero publicado en Nexos diciembre de 2012.

[3] A esto se suma la violencia política vinculada al narcotráfico o narcopolítica. El asesinato reciente del candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, reactivó las alarmas entre las autoridades estatales y federales de cara a los comicios del próximo 7 de junio, en los que se renuevan la gubernatura, 113 alcaldías, 40 legislaturas locales y las diputaciones federales.

[4] Véase la crítica puntual al diseño de la guerra contra las drogas del sexenio calderonista elaborada por Eduardo Guerrero Gutiérrez. El artículo se encuentra aquí.

[5] Consúltese el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018: una política multidimensional para México en el siglo XXI, que se encuentra aquí.

[6] Vanda Felbab Brown ha elaborado una pormenorizada crítica de la política de seguridad de los dos primeros años de la administración de Peña Nieto: “Changing the game or dropping the ball? Mexico’s security and anti-crime strategy under President Enrique Peña Nieto.” El reporte se encuentra aquí.