Tanhuato, Narvarte: el fracaso de la justicia

No se parecen en nada, excepto por el hecho de que son caras de la misma moneda. Uno es el operativo más letal en la historia de la Policía Federal: 42 presuntos criminales y un policía federal muertos. El otro es un multihomicidio escandaloso en plena Ciudad de México: 5 personas, incluyendo un fotoperiodista amenazado y cuatro mujeres, cuyas historias apenas empezamos a conocer. Ambos en pleno proceso de investigación, por supuesto, pero ambos también, desde ahora, un fracaso de la justicia.

El fracaso comienza por los hechos mismos. Tanhuato no es más que la manifestación concreta de una estrategia que, independientemente de lo que se proteste al respecto, continúa poniendo diariamente a soldados, marinos y policías en ruta de colisión con los grupos criminales. Y probablemente no haya en realidad alternativa: después de todo, los grupos criminales no dejan de ponerse, a su vez, en curso de colisión con los soldados, marinos y policías que los están persiguiendo y con sus propios enemigos y con quien mejor les parezca. Pero el hecho de que no haya alternativa, el estado de guerra no declarada en el que se termina viviendo, es un fracaso de la justicia. Se quiere a las fuerzas federales en la calle, aunque se proteste lo contrario. Se necesita a las fuerzas federales en la calle, aunque se desee lo contrario. Y están en la calle porque sistemáticamente, desde hace años, se fracasó en el esfuerzo de llevar a los delincuentes a la justicia. La guerra, aunque ya no sea prudente mencionarla en compañía decente, no se ha detenido y, lo peor, quizá simplemente no se pueda detener. El costo lo pagamos los ciudadanos, pero también lo paga el Estado: nadie puede salir bien librado de algo así.

[contextly_sidebar id=”aakmmya4rSKe3rT29ec16o5T6ttL8k1R”]Pero si Tanhuato ejemplifica el fracaso de la justicia ante la amenaza existencial que conjura el narcotráfico, Narvarte ejemplifica el fracaso de la justicia ante la amenaza más cotidiana. Nadie supone que es posible protegernos a todos. En ninguna parte del mundo ha ocurrido jamás. Pero la idea de que uno no pueda compartir un departamento, trabajar en él o irse de fiesta con alguien sin terminar muerto es simplemente inaceptable. El hecho es que ocurre, por supuesto. Pero el hecho también es que cuando ocurre la única respuesta aceptable del Estado es que se hará todo lo posible para que no ocurra más. Y cumplirlo. Cualquier otra respuesta, cualquier intento de minimizar los hechos es inaceptable, peor, es ridículo. Terminar asesinado en un día cualquiera, se estuviera amenazado o no, es un fracaso de la justicia.

Parecería imposible acrecentar el fracaso que representa la mera ocurrencia de los hechos, pero se logró. La Procuraduría General de la República se las arregló para no tener ninguna información y al mismo tiempo ser la fuente de la principal— la única en realidad— filtración del caso. Que la PGR no haya abierto de manera oficial y pronta su propia investigación del caso, delegando las diligencias a una procuraduría estatal cuestionada e intervenida hasta hace muy poco, se podría entender por estricto apego a derecho —la ley le permite, quizá le exige, que lo haga, dependiendo a quién le pregunte uno. Pero el marco legal actual se entiende mejor por conveniencia política: no se puede opinar sobre lo que no se sabe, no se puede investigar y consignar a un grupo de funcionarios federales —o absolverlos, si es el caso— si no se realiza ninguna investigación oficial al respecto a nivel federal, lo que probablemente evita muchos momentos incómodos. Y el esquema hubiera funcionado —como ha funcionado en tantas otras ocasiones— si no fuera porque es imposible pretender que no se sabe nada y luego filtrar una versión “contradictoria” de los hechos cuando parece conveniente, para que el tema se juzgue en medios.

No iniciar una investigación en automático y de manera transparente a nivel federal, como propiciar un juicio en medios sin siquiera el prospecto de una consignación de por medio, es un fracaso de la justicia. Ambos son problemas institucionales de fondo. Ambos dejan en claro que soldados, marinos y policías operan en un vacío pavoroso: vilipendiados cuando es conveniente, investigados sólo cuando los medios obligan a ello, inmersos en una guerra que no se quiere reconocer como tal y para la que, neciamente, no se quiere definir ninguna regla. Ambos dejan en claro también que los civiles muertos en el combate al crimen organizado no merecen mayor atención: convertidos en un problema de táctica, se les trata como bajas aceptables y se les asume, de entrada, como delincuentes de la peor calaña. No hay justicia para los agentes del Estado. No hay justicia para las personas que mueren enfrentadas con ellos. Un fracaso absoluto de la justicia.

Y algo similar logró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con el caso de la Colonia Narvarte. Se le puede conceder el beneficio de la duda y suponer, por un momento, que de hecho tiene entre sus prioridades resolver el crimen —es posible. Pero incluso si este fuera el caso, pronto quedó claro que le era aún más importante resolver antes el problema político. Es cierto que el ángulo de un asesinato ordenado por un gobernador, tan poco sustanciado como pudiera estar, merecía cierta atención —y un manejo de comunicación social competente. Pero vilipendiar a las víctimas, convertirlas en villanos de su propio asesinato, como le ocurrió al principio a Mile Virginia Martín, como ocurre ahora con las víctimas que supuestamente consumieron drogas, no sólo es un fracaso de la justicia, es una burla.

@jaimelat