De tabaquismo, vapeo y prohibiciones en la Constitución

Nadie puede decir que vapear sea bueno, pero lo que sí se puede decir es que fumar es peor y hay algunas evidencias sobre la efectividad de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Hay estudios recientes que apuntan a que podrían ser más eficaces que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina (como el uso de chicles o parches) y el apoyo conductual convencional.

Es verdad que se desconocen los efectos dañinos que pudiera tener el vapeo y que hay preocupaciones puesto que muchos usuarios continúan usándolos a largo plazo, lo que podría tener implicaciones para la salud. Sin embargo, no hay evidencia epidemiológica de que sus millones de usuarios estén teniendo consecuencias serias, al contrario de lo que ocurre con el tabaquismo, cuyos daños son evidentes. Entonces, cuando hablamos de que vapear sea el menor de dos males, supone uno que sería relativamente sencillo ponernos de acuerdo al menos en ese punto. Pero no ha sido así y nos encontramos ahora en México en el umbral de que se vote en el Congreso la reforma que prohíbe el vapeo en la propia Constitución de la república. Se ha pretendido incluso mezclar la prohibición del vapeo con la del fentanilo, lo que es francamente un despropósito.

Conozco colegas de probidad incuestionable que están a favor de la prohibición sobre la base de razones como las de evitar que los adolescentes hagan un puente hacia el tabaquismo y otras adicciones. Sin embargo, yo milito entre los que estamos en contra de la prohibición pues me parece que sería aberrante que tuviéramos adecuadamente regulado el tabaquismo, que es dañino, al tiempo que prohibiríamos el vapeo, que es menos dañino en el peor de los casos, además de otros otros inconvenientes.

En primer lugar, sabemos por la historia que ese tipo de prohibiciones no funcionan pues la demanda sería cubierta por mercados informales que, además, se quedarían con la rentas del Estado y brindarán productos de alto riesgo. Los casos graves informados de neumonía y trombosis cerebrales por vapeo han ocurrido precisamente por productos de mercados informales que agregan aceites y sustancias peligrosas a los líquidos de los cigarrillos electrónicos. En segundo lugar, se criminalizaría la autonomía de los usuarios, que tienen el derecho a elegir. Finalmente, podría interpretarse la prohibición como una medida ideológica no justificada por la evidencia científica, con la consecuente resistencia a otras políticas de salud.

Nuestros representantes tienen la obligación de informarse y votar sobre la base de la mejor evidencia disponible. Regular el uso de los cigarrillos electrónicos sería mejor que prohibirlos. Si no lo hacen así, la prohibición traerá consecuencias mucho peores que las que se pretende evitar.

* Alejandro E. Macías Hernández (@doctormacias) es médico internista e infectólogo. Exzar de la influenza pandémica de 2009 en México. Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 3.