Sustancias psicoactivas y derechos humanos, una relación pendiente

“No ha habido un solo caso de sustancia psicoactiva que no haya pasado de panacea a pócima infernal. La cruzada actual es estructuralmente idéntica a la lanzada contra la brujería y —como aquella— amplió espectacularmente los supuestos males.”

Antonio Escohotado

La prohibición es tan antigua como las culturas: podemos encontrarla desde la Biblia, donde una mujer recibe un castigo por transgredir una regla moral, hasta una actualidad en la que la discusión sobre las prohibiciones y legalizaciones de sustancias psicoactivas es parte de las batallas socioculturales de la modernidad, con sus victorias y derrotas.

En un contexto de múltiples tensiones entre las personas usuarias de diferentes plantas y sustancias psicoactivas y las constantes prórrogas para la regulación de la cannabis, los derechos humanos de las personas usuarias parecen no ser el centro de estas disputas. Más allá de éstas, este artículo únicamente pretende reflexionar sobre las implicaciones de los estigmas y la criminalización hacia quienes consumen sustancias psicoactivas, principalmente aquellas consideradas ilícitas.

El concepto de prohibicionismo, bajo el que se encuentran esas sustancias, se refiere a un conjunto de normas, sanciones y creencias que pretende resguardar determinado estilo de vida en el ámbito público y privado. Este paradigma ha resultado en la prohibición del uso de sustancias y la sanción de su incumplimiento por diversas razones.

Sin embargo, independientemente de la relación del consumo con otras actividades ilícitas y la pertinencia o no de sancionarlas y en qué casos, las políticas prohibicionistas se han abordado desde una perspectiva que fomenta ciertas preconcepciones respecto al uso de sustancias: que es la causa de todos los males individuales y sociales (éticas-morales), que quienes consumen pertenecen únicamente a determinados grupos sociales y que en su mayoría se relacionan con  otras actividades delictivas (social-culturales), que eliminar las prohibiciones se traducirá en erradicar la violencia (asegurativas) y que todas las sustancias tienen un potencial adictivo que necesariamente se traduce en una enfermedad que atender (sanitarias).

Estas ideas han prevalecido históricamente e impactado en:

• Consolidar organizaciones delictivas derivadas de la clandestinidad e ilegalidad de producción, tráfico y comercio de sustancias psicoactivas.
• Incrementar el número de asesinatos y desapariciones forzadas derivadas de la violencia y militarización.
• Criminalizar a las personas y comunidades usuarias de sustancias psicoactivas.
• Agravar la desigualdad estructural y discriminación que enfrentan poblaciones históricamente desaventajadas.
• Recrudecer las sanciones, que afectan principalmente a personas jóvenes, racializadas y a
• Impedir que la información científica, y no basada en la moralidad, llegue a las personas usuarias, para que obtengan herramientas sobre consumo responsable y prácticas basadas en el cuidado personal y colectivo.
• Orientar los esfuerzos únicamente a las personas con usos problemáticos, ignorando los usos recreativos.
• Disminuir la posibilidad de un tratamiento digno para quienes tienen una dependencia hacia una o más sustancias psicoactivas, priorizando tratamientos y espacios basados en la abstinencia y el castigo que no corresponden al acceso al derecho a la salud.

Recordemos aquí que la Ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas de la Ciudad de México subraya la necesidad de establecer un enfoque preventivo, con irrestricto respeto a los derechos humanos y que atienda necesidades diferenciadas en función del género, así como de fomentar métodos y estrategias que respeten los derechos humanos de las personas que consumen.

Además, establece que tienen derecho a acceder voluntariamente a servicios de detección, prevención, tratamiento o rehabilitación; a recibir tratamiento conforme a principios médicos científicamente aceptados y con pleno respeto a los derechos humanos; a ser atendidas con calidad por personal especializado con respecto a sus derechos, dignidad, vida privada e integridad física y mental; a recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz y apropiada; a ser respetadas en la confidencialidad de su información y datos personales; y a suspender cualquier tratamiento o rehabilitación, o abandonar unidades médicas, bajo su completa responsabilidad.

Sin embargo, el abordaje histórico del prohibicionismo ha agravado la segregación y el nulo reconocimiento de las personas usuarias de sustancias como sujetas plenas de derechos. Los estigmas y prejuicios hacia esta población por parte de todos los sectores de la sociedad tienen un impacto en su acceso a derechos, servicios y oportunidades. Del mismo modo, dejan en la desprotección a esta población prioritaria ante las múltiples violaciones a derechos humanos que viven día con día.

Estas se reflejan en distintas manifestaciones de discriminación:

• Deshumanización y estigmatización mediante el lenguaje que se emplea para hacer referencia a esta población.
• Obstáculos para incorporarse y prevalecer en el ámbito laboral durante procesos de contratación o despidos injustificados.
• Falta de acceso a vivienda.
• Restricción a servicios integrales de salud. Falta de implementación de estrategias de reducción de riesgos en materia de salud pública, servicios de prevención y rehabilitación  regidos por normas que protejan la dignidad de quienes permanecen ahí.
• Detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos inhumanos o penas crueles y degradantes, y privación de la libertad (tanto en centros de reclusión como en centros de rehabilitación sin consentimiento).
• Falta de acceso a la justicia en las distintas etapas del proceso penal, como víctimas o personas presuntas responsables de algún delito, así como falta de perspectiva de género en dichos procesos.
• Vulneración del derecho a la familia, al enfrentar negativas de manutención o patria potestad por consumo de sustancias psicoactivas.
• Vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuando se niega la toma de decisión voluntaria e informada para el consumo de sustancias psicoactivas.

El informe “Historias de detención por posesión simple: violaciones a derechos humanos en contra de la población usuaria de drogas en México”⁽¹⁾, elaborado por Elementa DDHH y Reverdeser Colectivo, documenta las historias de detención de 150 personas, de las cuales el 77% portaba cannabis, 24 personas señalaron no portar o consumir alguna sustancia al momento de su detención –casos asociados con “siembra de droga”–, a 95% no se les informó respecto a la cantidad permitida (estipulada en Ley General de Salud como 5 gramos para cannabis) ni de sus derechos al ser detenidas. Además, 80% sufrieron algún tipo de violencia por parte de la policía, física, psicológica o sexual, mientras que el 90% manifestó ser víctima de extorsión y robo de celular, computadora u otros aparatos electrónicos.

Por otro lado, el entrecruce de distintas identidades y condiciones sociales, como género, edad, identidad étnica, movilidad humana, clase social, orientación sexogenérica, apariencia, entre otras, detona la discriminación múltiple, por ejemplo en el caso de mujeres, personas jóvenes, racializadas, migrantes, en situación de pobreza, personas privadas de su libertad o en proceso de reinserción social y poblaciones callejeras.

Algunos de los esfuerzos desde la sociedad civil organizada para dar los primeros pasos hacia la priorización del reconocimiento de los derechos de las personas usuarias de sustancias se concentran en la “Guía de derechos y responsabilidades legales de l@s consumidor@s de drogas”, emitida por CUPIDH, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, retomada después por Espolea A.C. en su “Cartilla de Derechos de lxs Usuarixs de Drogas”, que enuncia el derecho a la integridad, a un proceso basado en leyes y al uso ancestral, por mencionar algunos.

Rebeca Soto Sánchez, activista feminista e impulsora de la Colectiva Feminismo & Flow y de la Red de Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas, quien colaboró significativamente aportando información para este artículo, considera imperante que las políticas públicas que se diseñan e implementan en la materia sean abordadas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para colocar en el centro a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, y no a la erradicación de éstas y otras plantas consideradas ilícitas.

De ahí que la pregunta sea: ¿cuál es el siguiente paso, desde la sociedad y las instituciones, para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas? Hasta hoy, los abordajes del paradigma prohibicionista han reforzado la estigmatización de las personas usuarias, más que dar una respuesta. Para encontrarla, la puerta debe seguir abierta a las diferentes discusiones y reflexiones en torno al tema, poniendo sobre la mesa todos sus matices. Pero, sin duda, cualquier respuesta debe partir del principio innegable de que las personas usuarias de sustancias son sujetas plenas de derechos, y el respeto a su dignidad humana es imprescindible.

⁽¹⁾ Disponible en: https://www.elementa.co/wp-content/uploads/2021/03/informe-resultados-narcomenudeo.pdfresforjando

 

* Adriana García Jiménez, asesora de la Subdirección de Planeación del @COPRED_CDMX