Redacción Animal Político · 10 de junio de 2024
El 28 de febrero de este año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la Recomendación R-IXM-0002-24 dirigida a la Secretaría de Salud y Dirección General de Servicios de Salud del Estado de Hidalgo, con la cual reconoció las violaciones a derechos humanos de Susana, Julián y su hija; sin embargo, esto no ha sido un proceso rápido ni sencillo para su familia.
En febrero de 2017 Susana confirmó que estaba embarazada cuando comenzó a tener fuertes cólicos y fiebre. Al acudir a su Centro de Salud le informaron que su embarazo era de alto riesgo, por lo que durante su control prenatal acudió de manera puntual a cada una de sus consultas sin que se presentara alguna complicación.
Con 35 semanas de gestación presentó fiebre y dolor intenso. En el Centro de Salud le proporcionaron una referencia al Hospital General de Huichapan, nosocomio al que acudió para una primera consulta de revisión, en la cual el personal le indicó que aún faltaban semanas para el parto y le pidieron que regresara a casa. A partir de ese momento, Susana acudió al hospital al menos en tres ocasiones más señalando sentir dolor y otros malestares, pero le decían que regresara sólo en caso de presentar signos de alarma.
El 27 de julio Susana y Julián se trasladaron al hospital porque ya no sentía los movimientos de su hija, además tenía dolor de cabeza, zumbido en los oídos, estaba hinchada de manos y piernas, y su vientre estaba muy duro. Al ingresarla, le realizaron un ultrasonido y comenzó a notar que el personal de salud se comportaba de manera extraña. Le dijeron que tenía que realizarse un segundo ultrasonido en una clínica particular pero no le proporcionaron más información.
La trasladaron en ambulancia y al realizarle el ultrasonido le informaron que tenía 37 semanas de gestación y que no detectaban frecuencia cardiaca ni movimiento en su hija. Al regresar al Hospital General de Huichapan se confirmó la falta de latidos y movimiento, y le informaron que tenía preeclampsia por lo que le realizarían una cesárea. No obstante, Susana tuvo que esperar aproximadamente seis horas para que la ingresaran a quirófano ya que el hospital no contaba en ese turno con personal en anestesiología ni ginecología para realizar la cirugía.
Durante los dos días que Susana estuvo hospitalizada no recibió acompañamiento psicológico a pesar de la situación tan compleja que estaba pasando. Además tuvo preeclampsia en el posparto, por lo que continuó presentando hinchazón, dolor de cabeza y zumbido en los oídos. Cabe mencionar que el personal de salud no les proporcionó información clara sobre el fallecimiento de su hija.
Después de lo sucedido, en junio de 2018 Susana y Julián, acompañados por GIRE, interpusieron una queja ante la CDHEH por la violencia obstétrica que ella vivió durante el parto y el puerperio en el Hospital General de Huichapan.
La queja fue admitida y comenzó la investigación; sin embargo, hasta septiembre de 2022 el expediente no se había resuelto. Susana interpuso una demanda de amparo en contra de la CDHEH por la falta de diligencia para investigar y resolver en un tiempo razonable su queja. Cuatro meses después, el Juez de Distrito que conoció de su caso resolvió conceder el amparo para efectos de que la CDHEH emitiera una resolución en su expediente, por lo que, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el organismo de derechos humanos emitió la recomendación en la que reconoció la violencia obstétrica que vivió Susana.
En el documento recomendatorio se comprobó la responsabilidad institucional del hospital al no haber atendido de manera oportuna a Susana cuando requería una cesárea debido a que en el nosocomio no había personal de anestesiología ni de ginecología. Además, no le brindaron acompañamiento psicológico a pesar de que era sumamente importante que contara con este recurso para enfrentar la pérdida de su hija. Por otra parte, el personal de salud del hospital fue omiso al integrar de manera deficiente el expediente clínico de Susana, así como al llenar de manera incorrecta el certificado de muerte fetal.
En específico, la CDHEH determinó que se vulneraron los derechos a no ser sometido a violencia institucional, a recibir atención médica integral, a la accesibilidad a los servicios de salud, a la debida integración y resguardo del expediente clínico, así como el derecho de las mujeres a no ser sujetas de violencia obstétrica.
En ese sentido, con la aceptación de la recomendación por parte de la Secretaría de Salud y Dirección General de Servicios de Salud del Estado de Hidalgo, iniciará un nuevo proceso para Susana y Julián en el que continuarán acompañados por GIRE, esta vez para acceder a una reparación integral por violaciones a derechos humanos.
* Alehi Balderas Sandoval (@alehbal) es Abogada de Documentación y Litigio de Casos en @GIRE_mx.