Justicia subcontratada

Bien aplicada y regulada, la subcontratación puede ser una herramienta legítima y eficaz, tanto en la economía como en el ámbito público. Durante las últimas décadas, muchos gobiernos alrededor del mundo han tercerizado funciones que antes eran prerrogativa exclusiva del Estado. Desde la provisión de servicios de salud hasta la administración penitenciaria, la subcontratación—regulada en México apenas en 2021—se ha convertido en una práctica común del sector público alrededor del mundo. 

En medio de una ola de reformas que auguran el debilitamiento de los contrapesos al poder, dos hechos recientes y aparentemente inconexos han vuelto a poner en evidencia la fragilidad del sistema de justicia mexicano.

Por un lado, Ovidio Guzmán, Ismael Zambada y otros miembros de cárteles mexicanos enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos. Por el otro, en el contexto de un arbitraje civil en Israel, dos empresarios israelíes revelaron que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto realizaron presuntas “inversiones” en el entonces presidente con el fin de “dividirse el país” y acceder directamente al Ejecutivo.

Estos casos muestran que México no sólo ha ensayado con la subcontratación de servicios públicos, sino que, por negligencia u omisión, ha llegado al extremo de tercerizar lo indelegable: la impartición de justicia. Y lo ha hecho, para colmo, transfiriéndola no a privados sino a sistemas judiciales extranjeros.

La incapacidad de procesar, desde nuestras propias instituciones, casos que son claramente relevantes para la vida pública nacional nos encara con una verdad incómoda: uno de los grandes fracasos del sistema político mexicano—tanto de la era de la transición como de la llamada transformación—es la justicia. Y no me refiero solo a su dimensión redistributiva, sino a la incapacidad estructural del Estado para castigar la corrupción y generar así incentivos reales que disuadan a quienes buscan abusar del poder público.

Frente a la ausencia de mecanismos eficaces dentro del país, la justicia mexicana parece hoy subcontratada —aunque sea de forma involuntaria—a tribunales en el extranjero. Esta justicia tercerizada, al quedar fuera del alcance del influyentismo, la manipulación y los pactos de impunidad que dominan en el país, sí parece tener el potencial de quitarle el sueño a la clase política mexicana.

Pero no hay que perder de vista lo paradójico de esta situación: el hecho de que los casos más importantes se procesen fuera del país refleja, con crudeza, el estado de descomposición de nuestras propias instituciones. Esta subcontratación es problemática no solo por la polvareda política que levanta, sino porque pone en entredicho la integridad judicial del Estado mexicano y su capacidad de garantizar la rendición de cuentas por medios autónomos y soberanos.

Mientras tanto, al interior del país, sobrevive otra forma de justicia: no la de tribunales imparciales ni la de normas aplicadas con equidad, sino una justicia kafkiana. Una justicia que persigue periodistas, silencia voces incómodas y usa los recursos del Estado no para castigar la corrupción, sino la crítica.

Esta impartición de justicia kafkiana pone en evidencia otro tipo de subcontratación tan paradójica como problemática: Una justicia mexicana en la que los reclamos públicos periodísticos y ciudadanos, son subsumidos por los reclamos de pequeñas élites con agendas que, cuando no abiertamente ilegales, sí desvirtúan y lesionan la vida pública. 

México no necesita una justicia subcontratada. Necesita instituciones capaces de investigar, juzgar y sancionar con autonomía y sin excepciones. Fortalecer la justicia no pasa por debilitarla—como sugiere la reforma judicial recién aprobada y cuya implementación ya está en marcha—sino por devolverle eficacia y credibilidad.

Subcontratar la justicia puede ser un síntoma de emergencia, y quizás esto sea lo más cerca que hemos estado de tocar fondo: depender de cortes extranjeras para castigar lo que nuestras instituciones no han podido—o no han querido—enfrentar.

Y tal vez por eso mismo, por un mero instinto de supervivencia, la clase política mexicana empiece a tomarse en serio la justicia. No por convicción, sino por miedo a que los juicios vengan de fuera y los alcancen por igual.

Si algo bueno puede salir de subcontratar la justicia, es que ello funcione como espejo—uno que obligue, por fin, a mirar hacia adentro.

 

*Javier Pérez Sandoval (@javierpsandoval) es Investigador Postdoctoral Asociado de la Academia Británica y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, especialista en temas de diseño institucional, democratización y política subnacional. Correo de contacto: p.sandoval.javier@gmail.com.