Su burla

Nadie dijo que iba a ser una tarea fácil, sortear caminos en donde las causas ciudadanas tenían prácticamente prohibido el paso hasta hace relativamente poco tiempo.

 

Las dos Cámaras Legislativas retoman sus trabajos hoy, después del receso vacacional. Sesionarán toda la semana: de corrido. Tendrán qué desahogar muchos temas, y poco tiempo de calidad disponible para la ponderación y el debate. Ante todo, la prisa por desatorar asuntos cruciales pendientes: a como dé lugar, como sea y en cualquier circunstancia.

 

El caso del proyecto de Acciones Colectivas #accionescolectivas, es muy aleccionador. Revela a las claras que en temas ciudadanos campea la docta -e interesada- ignorancia de los tomadores de decisión, que saben que esta figura jurídica se utiliza cotidianamente en todos los países del Continente Americano (como nos hemos cansado de decirlo), y que la única razón de no tenerla en México ha sido la furibunda resistencia de las empresas –pocas, pero muy poderosas y visibles- que quieren seguir haciendo su agosto a costa de millones de usuarios cautivos. Aún hace falta un Aggiornamiento empresarial. Una Iniciativa que tenía todas las de ganar -y que hubiera servido mucho para  superar rezagos ancestrales, en donde el Estado no ha querido actuar como es debido- fue prácticamente secuestrada por empresarios, banqueros y sectores del gobierno federal que se niegan a otorgarnos derechos colectivos elementales.

 

Sin embargo, el último capítulo de esta saga interminable todavía no se ha cerrado.

 

Las discusiones en la Cámara Baja: la posible dictaminación de Comisiones mixtas de Gobernación, Medio Ambiente, Justicia, Economía y Hacienda culminarán un largo y tortuoso proceso. Uno que comenzó a principios del 2006 (cuando el presidente aún era Fox), y que para 2008 ya formaba parte de la agenda de Senadores y Diputados y que pueden terminar con un inservible parto de los montes. Lucidor tal vez para futuros candidatos en las elecciones venideras, pero en esencia obsoleto y contraproducente.

 

Las Acciones Colectivas facultan a grupos ciudadanos y Asociaciones Civiles, de modo que pueda recurrirse al Poder Judicial sin mediación alguna y así obtener resarcimiento económico: detener una mala práctica. Buscan frenar abusos sistemáticos en aquellas múltiples esferas de la vida pública en donde actualmente vivimos inmersos (decenas de millones de personas) en la más absoluta de las indefensiones.

 

La ley reglamentaria que podría aprobarse esta misma semana, es profundamente discriminatoria. Limita el uso de las Acciones de Grupo a cuatro materias específicas en contra de empresas privadas (o de gobierno, pero únicamente en calidad de proveedores): Consumo, Servicios Financieros, Competencia Económica y Medio Ambiente. En nigún caso permite demandas en contra de los tres niveles de Gobierno. Amenaza con eternizar nuestra condición de menores de edad sin derechos. Incluso sacrifica, en aras de una ‘aproximación sucesiva’ completamente imaginaria, el principial irrenunciable que hubiera servido para disuadir a empresas y gobiernos sin escrúpulos de seguir incurriendo en prácticas depredadoras o autoritarias que atentan metódicamente contra el Interés Público. Me refiero a la posibilidad de hacer incluyentes los beneficios de una sentencia favorable.

 

Muy lamentable, pero cierto: los Senadores aceptaron una modificación a la ley que excluía esta opción, y restringe sus efectos únicamente a los que acrediten el daño. Garrafal error, que en caso de aprobación hará que México sea el único país en ensayar esta modalidad del ‘opt-in’ que se utiliza en unos cuantos países nórdicos y en Holanda (la inmensa mayoría de los que disponen de esta herramienta jurídica, lo hacen mediante Acciones amplias e incluyentes que se conocen en inglés como ‘opt-out’). Como siempre, México se convierte en la Gran Excepción Universal que ofrece consuelos discursivos para justificar nuestros atrasos, pero que serían totalmente inaplicables en la realidad.

 

En cierto sentido y a pesar de todo, independientemente del desenlace puede decirse que se obtienen avances importantes. Las Acciones Colectivas dejaron de ser Arcano exclusivo de académicos despistados y organizaciones aisladas. Cada vez se discute más en los medios convencionales y alternos. La sociedad poco a poco se entera de las grandes ventajas derivadas de su uso estratégico en temas tales como el consumo, el reforzamiento de los Derechos Humanos para grupos vulnerables o la defensa del Medio Ambiente. Pero después de tanto tiempo y esfuerzo invertidos en una causa inaplazable, no merecemos que una propuesta redactada por los principales infractores en industrias capturadas y sectores del gobierno firmemente anclados en el pasado dirigista sea la que prevalezca contra el sentido común y mejores prácticas internacionales.

 

También habrá oportunidad de dar seguimiento a cuestiones relacionadas con estos temas, pero en la Cámara Alta. Como se sabe la Reforma de Derechos Humanos recientemente aprobada en el Senado #ReformaDDHH, no ha corrido la misma suerte que la enmienda constitucional al artículo 17 en los estados, y que una amplísima coalición de ONG y ciudadanos comprometidos apoyó en momentos cruciales. Algunas legislaturas locales han congelado la aprobación, sin motivo aparente. Lo único que procede es seguir presionando para que una mayoría simple de Congresos la vote sin demora, a efecto de que pueda publicarse en el Diario Oficial esta otra enmienda lo más pronto posible.

 

En el mismo Senado, habrá también que dar seguimiento a la Ley General de Estancias Infantiles #Ley5deJunio, promovida por Francisco Javier Castellón y elaborada por un grupo de expertos mexicanos y extranjeros. El ordenamiento cuenta con el aval de los papás y mamás agrupados en el Movimiento por la Justicia Cinco de Junio @cincodejunio, constituido a unos cuantos meses de la tragedia en la Guardería ABC que segó la vida de cuarenta y nueve niños en la ciudad de Hermosillo (y lesionó permanentemente a decenas más), hace casi dos años. Todas las fracciones parlamentarias se han sumado a este esfuerzo, cuyo único objetivo es garantizar que no vuelvan a surgir las condiciones que permitan otro incendio como el que enlutó tantos hogares, que sigan esperando Justicia. Algo que al Poder Ejecutivo, sumido en el descrédito, no parece interesarle en lo más mínimo.

 

Parece que en vísperas del avasallador banderazo de las elecciones en el Estado de México y su versión federal en 2012, los que se sienten dueños del balón ya hicieron sus apuestas sin siquiera tomar a la Sociedad Civil en cuenta. La nefasta Ley de Seguridad Nacional #LSN que pretende dictaminarse para su eventual voto a favor en el pleno de la Cámara Baja, está redactada en el grilloñol leguleyo de quien quiere ofuscar su significado para los mortales comunes. Es una variación del mamotreto inaugurado por la administración de George W. Bush y su Partido Republicano (al que tanto quiere parecerse un PAN totalmente a la deriva), y que se conoce como Patriot Act. Un deseo mal reprimido por instaurar aquí la sucursal del Estado de Seguridad Nacional en los Estados Unidos: con afectaciones graves a los derechos individuales, y sin los contrapesos que todavía existen en esa nación pero que en México no acaban de consolidarse.

 

Las redes sociales deben contribuir a cerrarle el paso a estos engendros legislativos, dignos de republiquetas bananeras y estados de excepción que fueron noticia, pero en los álgidos años cincuenta.

 

Ejerzamos nuestros derechos a plenitud. Contactar a los legisladores involucrados por vía telefónica, correo, Twitter o Facebook será un buen inicio. Otro ejemplo más de que hemos dejado de ser –en todos los sentidos, y aunque les pese- su burla.